El ¨²nico juicio en El Salvador por la matanza de los jesuitas, ¡°una manipulaci¨®n de la justicia¡±

Los cuerpos sin vida a¨²n yac¨ªan sobre el patio de la Universidad Centroamericana de El Salvador, la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Un mont¨®n de corresponsales, con la presencia incr¨¦dula del arzobispo Arturo Rivera y Damas, observaron los cad¨¢veres de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos espa?oles, una trabajadora dom¨¦stica y su hija. Horas antes hab¨ªan sido brutalmente asesinados por el Ej¨¦rcito. No fue hasta las 9.10, unas siete horas despu¨¦s de las ejecuciones, que dos investigadores del Estado llegaron para tomar pruebas. Un informe de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluy¨®, en 1999, que todo fue parte de un proceso judicial ¡°manipulado¡±, y que este lunes, 30 a?os despu¨¦s, ver¨¢ una luz a 8.600 kil¨®metros de San Salvador, en la Audiencia Nacional en Madrid.

El informe cuenta con las investigaciones hechas por la Comisi¨®n de la Verdad de El Salvador, un ente que se cre¨® en el marco de los acuerdos de paz que se firmaron entre el Gobierno y la guerrilla en 1992. El documento recoge minuciosamente c¨®mo el proceso judicial que se inici¨® en 1991 contra nueve soldados estuvo plagado de irregularidades que ponen en predicamento la sentencia. En enero de 1992, un juez del pa¨ªs centroamericano dict¨® 30 a?os de prisi¨®n contra el coronel Guillermo Alfredo Benavides y el teniente Yusshy Mendoza, ambos pertenecientes al batall¨®n ultraderechista Atlacatl. En marzo de 1993, estos dos fueron amnistiados gracias a una ley aprobada por el Parlamento salvadore?o.

Durante el juicio, seg¨²n reza en el informe, una de las pruebas m¨¢s importantes para entender qui¨¦n dio la orden de acribillar a los sacerdotes nunca pudo ser puesta a disposici¨®n judicial. Los dos inculpados formaban parte de la Escuela Militar y el libro de registro, que daba constancia de los movimientos que hubo esa madrugada, fue quemado. Su contenido nunca se pudo conocer. Otra de las m¨²ltiples irregularidades constatadas en el documento es que Rodolfo Antonio Parker Soto, el asesor jur¨ªdico de la comisi¨®n militar que se encarg¨® de las primeras investigaciones, alter¨® las declaraciones de los testigos que involucraban a oficiales del alto mando en el crimen. Estos hechos, de acuerdo con la CIDH, explican en buena medida por qu¨¦ en aquel proceso ninguno de los militares identificados como autores intelectuales fueron procesados ante el juzgado.

Tanto la CIDH como la Comisi¨®n de la Verdad identificaron a cinco militares como los encargados en dictar la orden. Entre ellos, el excoronel Inocente Orlando Montano, que entonces ocupaba el cargo de viceministro de Seguridad y que figura en el juicio de la Audiencia Nacional como presunto autor intelectual. El crimen se dio en un contexto de violencia exacerbada en el pa¨ªs centroamericano, sumido en una guerra civil (1980-1992) que se cobr¨® m¨¢s de 75.000 vidas. En esos momentos de extrema tensi¨®n, el propio Montano hab¨ªa cargado p¨²blicamente contra el te¨®logo jesuita de origen vasco, Ignacio Ellacur¨ªa (uno de los asesinados) a quien vinculaba falsamente con el terrorismo de la guerrilla Frente Farabundo Mart¨ª para la Liberaci¨®n Nacional.

Otro cabo suelto es el de las renuncias de dos fiscales de la parte acusadora, Sidney Blanco y Henry Campos. Ambos han sido m¨¢s que expl¨ªcitos en sus razones: la Fiscal¨ªa busc¨® por todos los medios que las sentencias fuesen ¨²nica y exclusivamente contra autores materiales, pero no los intelectuales. Es por eso que dentro de sus conclusiones, la CIDH le requiri¨® al Estado salvadore?o que reiniciase un proceso justo y con garant¨ªas.

Hasta el momento, poco y nada. Las d¨¦cadas han pasado y el caso en el pa¨ªs centroamericano contin¨²a varado ¡ªpese a que en 2016 el Supremo haya calificado como inconstitucional la ley de amnist¨ªa que sac¨® de la c¨¢rcel a los ¨²nicos dos condenados¡ª. El juicio iniciado en la Audiencia Nacional contra el excoronel Inocente Orlando Montano (los cargos contra Yusshy Mendoza han sido retirados) es una luz al final de un largo t¨²nel de irregularidades que han evitado que se haga justicia.