El Defensor del Pueblo pide a Justicia la abolici¨®n de las sujeciones mec¨¢nicas tras la muerte de Iliass

La muerte el pasado 1 de julio del joven de 18 a?os Iliass Tahiri en el centro de menores infractores de Tierras de Oria (Almer¨ªa) cuado seis vigilantes lo ataban boca abajo a una cama, y el v¨ªdeo de los hechos que recientemente public¨® EL PA?S, han llevado al Defensor del Pueblo a solicitar a Ministerio de Justicia la abolici¨®n de ese tipo de medidas de contenci¨®n en los centros de menores infractores. La petici¨®n, conocida este mi¨¦rcoles, es el resultado de la actuaci¨®n de oficio iniciada por la instituci¨®n cuando falleci¨® el chico. El caso fue archivado en enero como ¡°muerte violenta accidental¡± por la juez Teresa In¨¦s S¨¢nchez Gisbert, del juzgado ¨²nico de Purchena, y la familia ha recurrido. Los t¨¦cnicos del Defensor del Pueblo han inspeccionado este martes de nuevo el centro Tierras de Oria, gestionado por la Asociaci¨®n para la Integraci¨®n Social (Ginso), que acumula denuncias e incidentes y m¨¢s de una muerte en similares caracter¨ªsticas en sus centros.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n, ha formulado las citadas recomendaciones al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andaluc¨ªa ¡°con el objetivo de abolir el uso de las sujeciones mec¨¢nicas en todos los centros de internamiento de menores infractores del territorio nacional¡±, reza la nota enviada a la prensa, en la que no entra a valorar el caso de Iliass Tahiri, ni hace referencia a la asociaci¨®n Ginso.

En su escrito, Fern¨¢ndez Marug¨¢n pide al Ministerio de Justicia que ¡°derogue el apartado del reglamento de responsabilidad penal de los menores en el que se regulan las sujeciones mec¨¢nicas para acabar con estas pr¨¢cticas como medio de contenci¨®n en estos lugares¡±. Algo que ya recomendaron los t¨¦cnicos del Comit¨¦ Europeo para la Prevenci¨®n de la Tortura tras una visita al centro almeriense en 2017. En su opini¨®n, ¡°es necesaria una decisi¨®n r¨¢pida y radical, que termine definitivamente con las sujeciones mec¨¢nicas. Y esta decisi¨®n exige la reforma del Reglamento de la Ley Org¨¢nica de Responsabilidad Penal de los Menores¡±. Por otra parte, el Defensor ha reclamado a la Junta de Andaluc¨ªa que ¡°suspenda la pr¨¢ctica de sujeciones mec¨¢nicas a las personas que se hallan bajo custodia en los centros de su jurisdicci¨®n, dictando a tal efecto las instrucciones oportunas¡±.

Para Fern¨¢ndez Marug¨¢n, ¡°la pr¨¢ctica de la sujeci¨®n mec¨¢nica exige el uso de la fuerza, por lo que constituye siempre una situaci¨®n de riesgo, estando en juego derechos tan fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la integridad f¨ªsica¡±.

Desde hace a?os, el Defensor del Pueblo ha actuado con respecto a la utilizaci¨®n de sujeciones mec¨¢nicas a personas privadas de libertad. En 2017, public¨® una Gu¨ªa de buenas pr¨¢cticas en contenciones mec¨¢nicas en la que ped¨ªa que se evitaran las reducciones a trav¨¦s de acciones potencialmente lesivas para internos e internas y abogaba por realizar maniobras previas de di¨¢logo o desescalada con personal entrenado y formado para ello. ¡°Debe agotarse la v¨ªa del di¨¢logo durante el tiempo suficiente como para considerar que no existe otra alternativa¡±, aseguraba.

¡°Desde 2017 dos j¨®venes han muerto (Melilla y Almer¨ªa) tras ser sometidos a una contenci¨®n mec¨¢nica¡±, recuerda el Defensor, por lo que tambi¨¦n han enviado a las autoridades competentes de esa ciudad aut¨®noma las mismas recomendaciones. Fern¨¢ndez Marug¨¢n insiste en que ¡°no puede volver a morir nadie en Espa?a en estas circunstancias¡±. As¨ª, ha asegurado que ¡°lo rechaza la conciencia, lo rechaza la justicia, lo rechaza el derecho de estos adolescentes a ser protegidos por el Estado para que puedan alcanzar una vida plena en la que superen, ya adultos, las dificultades que les llevaron a terminar en una privaci¨®n de libertad antes de la mayor¨ªa de edad¡±.

El Defensor apunta que existen alternativas a la sujeci¨®n para afrontar una situaci¨®n de tensi¨®n o de violencia. En esta l¨ªnea, aboga por ¡°t¨¦cnicas no invasivas, propias de una naci¨®n civilizada y del desarrollo del conocimiento cient¨ªfico, que permiten abordar con ¨¦xito situaciones l¨ªmite sin poner en riesgo la vida ni la integridad f¨ªsica de quienes han de ser sometidos a ellas¡±.

Esta tesis coincide con lo expresado por el Comit¨¦ de Prevenci¨®n de la Tortura que, en su informe emitido en 2017, tras la visita girada a Espa?a el a?o anterior, consideraba que ¡°inmovilizar a menores en una cama o esposarlos a objetos fijos en una celda de aislamiento es un uso desproporcionado de la fuerza y una medida incompatible con la filosof¨ªa de un centro educativo que deber¨ªa enfocarse en la educaci¨®n y la reintegraci¨®n social de los menores [¡­]. En su lugar, deber¨ªan emplearse m¨¦todos alternativos en la gesti¨®n de incidentes violentos y otros medios de contenci¨®n, tales como las t¨¦cnicas verbales que impiden que aumente el conflicto y el control manual¡±.

Nueva visita a ¡°Tierras de Oria¡±

T¨¦cnicos de la Instituci¨®n inspeccionaron este mi¨¦rcoles el centro Tierras de Oria en el que en julio de 2019 falleci¨® un joven mientras se le aplicaba esta medida de contenci¨®n. Esta es la segunda visita a este lugar. En marzo de 2018, el Defensor del Pueblo en su condici¨®n de Mecanismo Nacional de Prevenci¨®n de la Tortura, ya encontr¨® deficiencias relacionadas con la pr¨¢ctica, tales como una falta de adecuaci¨®n de la habitaci¨®n para la aplicaci¨®n de este tipo de medidas y la ausencia de un libro de registro en el que quedara apuntado el uso de la contenci¨®n a los menores.

La instituci¨®n sugiri¨® a la Junta de Andaluc¨ªa que adecuara una habitaci¨®n de mayores dimensiones, con la cama articulada y anclada en el suelo en posici¨®n central, con interfono y sistema de videovigilancia con audio. Algo que no ha sucedido. Los responsables de la Junta mantienen su silencio ampar¨¢ndose en que ¡°el caso est¨¢ judicializado¡±.

Asimismo, el Defensor del Pueblo pidi¨® a la Administraci¨®n ¡°una reflexi¨®n general sobre la idoneidad del empleo de esta medida en las actuales circunstancias (deficiencias estructurales y falta de formaci¨®n del personal) en los centros de menores infractores¡±. Adem¨¢s, Fern¨¢ndez Marug¨¢n inici¨® una actuaci¨®n de oficio que contin¨²a en tr¨¢mite que ha derivado en estas recomendaciones.