Hacienda constata la ¡°manifiesta ilegalidad¡±de la cl¨¢usula del 1% que nutri¨® la caja b del PP de Madrid

La Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, encargado de investigar el caso P¨²nica de corrupci¨®n, un informe pericial en el que constata la ¡°manifiesta ilegalidad¡± de la cl¨¢usula del 1% que los ejecutivos de Esperanza Aguirre incluyeron en las licitaciones de obras y servicios de cerca de medio centenar de hospitales y centros de salud. La IGAE analiza en su informe el porcentaje del contrato que las empresas adjudicatarias deb¨ªan reservar para publicidad de las obras -lo que encarec¨ªa el coste para la Administraci¨®n- y que luego supuestamente termin¨® total o parcialmente desviado a la caja b del PP madrile?o y de sus dirigentes. Los expertos de Hacienda concluyen que la cl¨¢usula supuso para las arcas p¨²blicas un perjuicio directo de 2,2 millones de euros, al que suma otro mill¨®n de euros en facturas pagadas por trabajos nunca justificados.

La IGAE ha elaborado el informe a instancias del juez, que solicit¨® a la Consejer¨ªa de Sanidad los expedientes completos de los contratos de construcci¨®n y explotaci¨®n de 46 hospitales p¨²blicos y centros de salud que incluyeron el 1% en publicidad. M¨¢s de 3 millones del dinero desembolsado por esa cl¨¢usula se lo terminaron embolsando las sociedades Over Marketing Comunicaci¨®n, Traci Comunicaci¨®n, Abanico de Comunicaci¨®n y Marketing, y Link Am¨¦rica, todas ellas propiedad del empresario Daniel Horacio Mercado, encargado de organizar numerosos actos de las campa?as electorales del PP madrile?o para las auton¨®micas de 2003, 2007 y 2011 en las que Aguirre encaden¨® tres mayor¨ªas absolutas.

El propio Mercado asegur¨® al juez cuando declar¨® como imputado en diciembre de 2017 que dirigentes del PP le indicaron que las facturas por sus trabajos para el partido las girase a ¡°cuatro o cinco empresas¡±. En aquella comparecencia se?al¨® como implicados en estas supuestas irregularidades al gerente de la formaci¨®n, Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, y a los dirigentes populares Francisco Granados e Ignacio Gonz¨¢lez, todos ellos encausados. En el auto por el que decreta la imputaci¨®n de Aguirre como supuesta ideadora y supervisora de la financiaci¨®n ilegal del PP regional, el magistrado ya destacaba que el 1% fue, en realidad, ¡°un mecanismo para desviar fondos p¨²blicos a favor del Partido Popular¡±.

En sus conclusiones, Hacienda se?ala al entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, y a la que fuera directora general del Servicio Madrile?o de Salud (Sermas), Almudena P¨¦rez, ambos imputados en la causa, como presuntos responsables de incluir la cl¨¢usula bajo sospecha en los contratos de obras del Plan de Infraestructuras Sanitarias. El documento de la IGAE concluye que lo hicieron ¡°para eludir los principios de publicidad, transparencia, libertad de acceso, salvaguarda de la libre competencia y selecci¨®n de la oferta econ¨®micamente m¨¢s ventajosa¡± que deben regir las contrataciones p¨²blicas. Tambi¨¦n recalca que ¡°las empresas [que se hicieron con estos contratos de publicidad] fueron seleccionadas por la v¨ªa de hecho, esto es, con omisi¨®n total del procedimiento, y de manera arbitraria¡±. En una primera declaraci¨®n como testigo ante la Guardia Civil, Lamela asegur¨® que en una reuni¨®n en la que particip¨® Aguirre y el empresario Horacio Mercado ¡°se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over [una de las sociedades de Mercado] en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicaci¨®n¡±. El entonces consejero admiti¨® ante los agentes que, tras recibir estas indicaciones, dio instrucciones en ese sentido.

Hacienda tambi¨¦n implica en las supuestas irregularidades a Germ¨¢n Rasilla, mano derecha de Lamela entre 2004 y 2007 y tambi¨¦n imputado, al que acusa tanto de elegir directamente las empresas de publicidad que se hicieron cargo de los contratos ¡°con omisi¨®n total del procedimiento de selecci¨®n¡± como de certificar trabajos de los que no hab¨ªa soporte documental. ¡°Germ¨¢n Rasilla conform¨® las facturas y orden¨® a las empresas adjudicatarias de las obras que pagasen [a las empresas de publicidad bajo sospecha]¡±, recalca la IGAE. En su declaraci¨®n en la Audiencia Nacional, el pasado septiembre, el asesor afirm¨® que recibi¨® la orden de que todos los contratos de publicidad pasaran por la Consejer¨ªa de Presidencia, aunque incidi¨® en que los que se firmaron se ejecutaron realmente.

El documento tambi¨¦n denuncia que la Consejer¨ªa de Sanidad no hizo ¡°ninguna actuaci¨®n tendente a determinar si el precio [que se pag¨® por los trabajos de publicidad] era el adecuado¡±, y concluye que la inclusi¨®n de la cl¨¢usula del 1% provoc¨® a las arcas de la Comunidad de Madrid ¡°un perjuicio econ¨®mico directo de 2.273.582 euros¡±. Adem¨¢s, destaca que en facturas que suman otros 923.185 euros ¡°no consta el servicio que se prest¨®¡± ni tampoco hay constancia documental de que se hubiera realizado, por lo que los expertos de Hacienda concluyen que estos pagos ¡°deben considerarse carentes de justificaci¨®n¡±. Una parte de estas facturas supuestamente irregulares fueron emitidas tambi¨¦n por sociedades de Daniel Horacio Mercado. ¡°Nosotros el servicio lo hicimos para el PP de Madrid, solo que lo facturamos a un listado de empresas que ellos nos dieron¡±, declar¨® en su d¨ªa Mercado ante el juez.