Podemos acusa al juez de abrirle una ¡°causa general¡± y trata de frenar el caso en la Audiencia Provincial

Podemos ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid para tratar de frenar la bater¨ªa de imputaciones y pruebas pedidas por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 42 de la capital tras recibir una denuncia de un antiguo abogado de la formaci¨®n, Jos¨¦ Manuel Calvente, por supuesta financiaci¨®n irregular. El partido, tambi¨¦n imputado como persona jur¨ªdica, ha pedido al ¨®rgano judicial que declare nulas todas las actuaciones del magistrado, contra el que carga duramente por haber iniciado una ¡°causa general¡± contra la formaci¨®n en base a ¡°suposiciones¡± y ¡°rumores¡±. El caso ¡°deb¨ªa haber sido archivado sin tr¨¢mite¡±, destaca el escrito de 26 p¨¢ginas.

Seg¨²n ha expuesto este mi¨¦rcoles Rafa Mayoral, diputado y uno de los se?alados por Calvente, la investigaci¨®n se basa solo en ¡°algunos documentos que aderezan un conjunto de suposiciones que no se sostienen por ninguna parte, que rayar¨ªan el rid¨ªculo, si no fuera porque hay un procedimiento judicial en marcha¡±. Estos son los principales argumentos expuestos en su recurso, al que ha tenido acceso EL PA?S.

Una investigaci¨®n ¡°prospectiva¡±. ¡°Los hechos denunciados carecen de cualquier sustento indiciario y no tienen la relevancia penal suficiente para iniciar una instrucci¨®n judicial tal y como ha sido acordada por el juez¡±, arranca una de las l¨ªneas argumentales utilizadas por Podemos en el documento, donde se?ala que se ha abierto una ¡°causa general¡± contra el partido. ¡°Es una investigaci¨®n prospectiva¡±, dice.

¡°La denuncia est¨¢ en su pr¨¢ctica totalidad basada en meras apreciaciones subjetivas que el juez hace suyas, sin someterlas a un m¨ªnimo juicio de ponderaci¨®n o an¨¢lisis objetivo para verificar si nos encontramos ante verdaderos hechos punibles¡±, prosigue el recurso: ¡°El [magistrado] motiva el auto, por el que acuerda la declaraci¨®n de investigados y la pr¨¢ctica de diligencias, en base a la declaraci¨®n prestada en sede judicial de Calvente y a la documentaci¨®n aportada. Esta motivaci¨®n, como si la verificaci¨®n de los hechos proviniera de una autoridad policial, es totalmente inaceptable en un Estado democr¨¢tico de Derecho¡±.

¡°Rumores y especulaciones¡±. Podemos intenta echar por tierra en su escrito parte de las acusaciones de su antiguo abogado, al que acusa de sustentar su relato ¨²nicamente en ¡°sospechas¡±, ¡°especulaciones¡± o ¡°rumores¡±. As¨ª, por ejemplo, sobre las supuestas irregularidades en la obra de la sede, la formaci¨®n afirma que fue el propio Calvente quien ¡°prepar¨® toda la documentaci¨®n de la licitaci¨®n, validando legalmente todo el proceso y proponiendo expresamente el mismo procedimiento de urgencia que, dice en su denuncia, ¡®fue una farsa para aparentar que se estaba cumpliendo la ley¡±.

Tambi¨¦n, sobre la supuesta contrataci¨®n fraudulenta de la consultora Neurona para las campa?as electorales, Podemos afirma que la ¡°base indiciaria detectada por el denunciante descansar¨ªa en unos meros borradores de contratos (sin firmar), de fecha aparentemente err¨®nea 27 de febrero de 2019 ¡ªpara esa fecha a¨²n no podr¨ªa estar siquiera constituida la coalici¨®n firmante, lo que ocurri¨® el 15 de marzo de 2019, seg¨²n establec¨ªa el calendario electoral¡ª¡±, as¨ª como en ¡°rumores sobre supuestas comisiones il¨ªcitas (de los que carecemos de la identidad de las fuentes o de cualquier otro dato que pudiera ayudarnos a esclarecer m¨ªnimamente estas graves acusaciones) y los siempre recurrentes extractos de prensa sobre supuestas investigaciones en pa¨ªses latinoamericanos, como en este caso Bolivia¡±. ¡°Frente a esta evidente insuficiencia de elementos indiciarios, [Calvente] reconoci¨® en sede judicial que, en efecto, hubo trabajadores de la citada empresa que vinieron desde M¨¦xico al centro establecido por el departamento de comunicaci¨®n para trabajar en la campa?a electoral de abril de 2019¡å.

El requerimiento sobre Monedero. El juez tambi¨¦n ha pedido al Registro Mercantil un informe sobre las sociedades mercantiles en cuyos consejos de administraci¨®n figure Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos y desvinculado org¨¢nicamente de la formaci¨®n. ¡°?Qu¨¦ conexi¨®n con la causa tiene? ?Qu¨¦ tienen que ver las sociedades de las que pueda ser administrador con los hechos denunciados? ?Se le est¨¢ investigando de forma subrepticia en base a rumores?¡±, se pregunta Podemos al ahondar en esa tesis de que se ha emprendido una investigaci¨®n ¡°prospectiva¡± contra ellos. De hecho, el partido incide en que hay una ¡°falta de motivaci¨®n espec¨ªfica e individualizada de la pr¨¢ctica¡± de pruebas, lo que deja a ¡°las personas investigadas en la presente causa en una situaci¨®n absolutamente desconcertante¡±.

Documentaci¨®n obtenida ¡°ilegalmente¡±. Aunque insiste desde un primer momento en que la documentaci¨®n aportada al juzgado ¡°carece de cualquier tipo de relevancia penal¡± y no es ¡°constitutiva de indicio de delito alguno¡±, Podemos a?ade que Calvente la obtuvo ¡°vulnerando¡± el deber de confidencialidad ligado al cargo que ocupaba y, por tanto, se ha iniciado una causa que se encuentra ¡°contaminada¡± desde el principio. ¡°Esa documentaci¨®n inicia un proceso penal en el que el juez de instrucci¨®n asume en su integridad el relato de hechos, irrelevantes desde el punto de vista penal, pero intencionadamente seleccionado para presentarlo como un conjunto de sospechas sin fundamento incriminatorio¡±, alega el partido, que apostilla que, de no acordarse la nulidad del proceso, ¡°se estar¨ªa autorizando la desigualdad de las partes en el mismo¡± y violando ¡°el derecho a un proceso con todas las garant¨ªas¡±.

Seg¨²n detalla Podemos, Calvente obtuvo todos esos datos gracias al puesto que ostentaba: form¨® parte del equipo legal de la formaci¨®n desde 2014 y, desde mayo de 2018 a su salida en diciembre de 2019, compatibiliz¨® esas funciones con las de delegado de Protecci¨®n de Datos. ¡°Le era de aplicaci¨®n el deber de sigilo¡±, reza el escrito enviado a la Audiencia Provincial, donde se se?ala que, no solo ten¨ªa obligaci¨®n de ¡°guardar secreto profesional¡±, sino que ha desvelado unos datos personales sobre los que ten¨ªa ¡°el deber de confidencialidad (es m¨¢s, era el principal y ¨²ltimo responsable de su custodia)¡±: ¡°Y sobre ellos, il¨ªcitamente obtenidos y tra¨ªdos a la causa, es ahora el juez de instrucci¨®n el que acuerda abundantes diligencias de investigaci¨®n. El nexo, por tanto, es m¨¢s que evidente¡±.

Falta parte de la declaraci¨®n de Calvente. Otro de los argumentos esgrimidos por el partido para pedir la nulidad de las actuaciones es que no consta en la causa la grabaci¨®n completa de la declaraci¨®n de su antiguo abogado. Seg¨²n afirma el escrito, tras solicitar el audio, el juzgado solo le ha remitido 40 minutos de las tres horas y media que dur¨® ese testimonio, en el que estuvieron presentes los abogados de Podemos. Esta circunstancia, en opini¨®n de la fuerza de izquierdas, le genera una ¡°indefensi¨®n¡±: ¡°Al tener que ejercitar a ciegas el derecho de defensa [del partido] y el de las personas que han sido llamadas a declarar en condici¨®n de investigadas¡±.

La imputaci¨®n de Podemos. En su escrito, Podemos se esfuerza en dejar claro c¨®mo adquiri¨® su condici¨®n de imputado en esta causa. Y lo hace desde un principio, al arrancar su recurso relatando que la formaci¨®n supo el 22 de julio por los medios de comunicaci¨®n que el Juzgado de Instrucci¨®n 42 de Madrid hab¨ªa abierto seis d¨ªas antes una causa penal por presuntos delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y administraci¨®n desleal. Fue entonces cuando, seg¨²n a?ade, pidi¨® por iniciativa propia su personaci¨®n en la causa, una solicitud que acept¨® el juez, quien directamente le ¡°notific¨®¡± en su respuesta que le otorgaba ese estatus de ¡°investigado¡±.

Contra la personaci¨®n de Vox. La fuerza pol¨ªtica liderada por Pablo Iglesias ha rechazado tambi¨¦n la presencia de Vox en la causa. El juez acept¨® el 29 de julio la personaci¨®n del partido de extrema derecha como acusaci¨®n popular al considerar que los delitos investigados ¡°pueden infringir un bien perteneciente a la esfera o patrimonio social, como es en el caso de autos el delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, en el que se tutela no solo el patrimonio p¨²blico, sino sobre todo la confianza del p¨²blico en el manejo honesto de los caudales del Estado¡±. Podemos ha destacado que ni siquiera se le ha pedido una fianza para ejercer este papel y ha incidido en que tendr¨¢ que aportar, ¡°para acreditar la ausencia de delito¡±, diversa ¡°documentaci¨®n contable, personal de sus dirigentes, de estrategia comunicativa y relativa a campa?a electoral o financiera ¡ªen definitiva, informaci¨®n sensible¡ª en un proceso en el que est¨¢ personado un partido pol¨ªtico rival¡±.