Torra aboca a Catalu?a a meses de interinidad y par¨¢lisis pol¨ªtica si el Supremo le inhabilita

Quim Torra est¨¢ dispuesto a exprimir su mandato hasta el ¨²ltimo suspiro. El presidente catal¨¢n anunci¨® este jueves que no convocar¨¢ elecciones; no, al menos, hasta que se formalice su inhabilitaci¨®n. La ¨²ltima palabra la tiene el Tribunal Supremo, que este jueves revis¨® el recurso de Torra contra la condena por negarse a retirar del Palau de la Generalitat, en campa?a electoral, una pancarta a favor de los l¨ªderes del proc¨¦s encarcelados. En la vista, su abogado critic¨® la falta de ¡°imparcialidad¡± de los jueces del Supremo y denunci¨® que se ha vulnerado el derecho a la libertad de expresi¨®n de Torra porque la pancarta constitu¨ªa ¡°un acto pol¨ªtico¡±.

Torra visit¨® de nuevo el sal¨®n de plenos del Tribunal Supremo, que hace unos meses acogi¨® el juicio a los l¨ªderes del proc¨¦s. El president quiso entonces arropar a los organizadores del refer¨¦ndum ilegal del 1-O. Este jueves regres¨® al escenario, tambi¨¦n como p¨²blico, aunque para ser testigo de su propia trayectoria: el Supremo decidir¨¢ si, por primera vez en la historia, un presidente de la Generalitat en el ejercicio de su cargo es apartado por un delito de desobediencia.

Flanqueado por la consejera Meritxell Bud¨® y por el vicepresidente Pere Aragon¨¨s ¡ªJunts per Catalunya y Esquerra Republicana aparcaron, por un d¨ªa, sus luchas de poder frente al enemigo com¨²n¡ª, Torra entr¨® al Supremo arropado por el independentismo. Quiso asistir para ¡°mirar a los ojos del tribunal que quiere hacer caer a otro presidente de la Generalitat¡±, en alusi¨®n a Artur Mas, inhabilitado por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, cuando ya estaba fuera del cargo. Torra no lo dijo en la sala de vistas del Supremo porque no pudo hablar (la ley no prev¨¦ esa posibilidad), sino poco despu¨¦s en el Centro Cultural Blanquerna, en un mensaje institucional que grab¨® en catal¨¢n, castellano e ingl¨¦s y que incluy¨® duras cr¨ªticas al Estado.

Tras pedir al Supremo su absoluci¨®n ¡ªla ¨²nica v¨ªa que le permitir¨ªa seguir en el cargo¡ª, Torra arremeti¨® p¨²blicamente contra los jueces por su actuaci¨®n ¡°absolutamente desproporcionada¡± al condenarle a un a?o y medio de inhabilitaci¨®n. Con la vista puesta en unos comicios que se resiste a convocar, trat¨® de mostrar perfil de gestor: ¡°Estoy completamente entregado a la batalla contra la pandemia¡±, dijo, a pesar de que los datos no terminan de acompa?arle. Y anunci¨® lo que hasta este jueves tambi¨¦n se negaba a decir abiertamente: ¡°No ser¨¦ yo quien en este momento tan cr¨ªtico aboque al pa¨ªs a una carrera electoral irresponsable que paralizar¨ªa la administraci¨®n catalana¡±. Torra, en fin, se agarra al cargo. El president es consciente, sin embargo, de las consecuencias de una confirmaci¨®n por parte del Supremo por m¨¢s que haya anunciado su intenci¨®n de acudir a la justicia europea. ¡°[El Supremo] tiene en sus manos la ca¨ªda de un Gobierno y el fin de una legislatura (...) Es un castigo a un pa¨ªs entero en medio de una pandemia¡±, zanj¨®.

Pese al par¨¦ntesis de unidad vivido en Madrid, el anuncio de Torra puede incrementar de nuevo la tensi¨®n con los socios de ERC, partidarios de la convocatoria electoral para evitar que la administraci¨®n catalana entre en una nueva fase de letargo. La convocatoria autom¨¢tica de elecciones prevista en la ley no llevar¨ªa a las urnas hasta, como m¨ªnimo, el mes de febrero. Pero la ¨²ltima palabra, cuando se trata de Torra, la tiene el expresidente Carles Puigdemont, huido en Waterloo de la justicia espa?ola.

Puigdemont y Torra comparten estrategia y abogado: Gonzalo Boye, que sac¨® la artiller¨ªa para ganar la absoluci¨®n sin mostrar demasiada fe en ella. Pidi¨® la recusaci¨®n de los magistrados de la sala segunda del Supremo, la que revisa el caso y la que juzg¨® y conden¨® a los l¨ªderes del proc¨¦s. Boye argument¨® que la pancarta colgada en la fachada del Palau de la Generalitat en el verano de 2018 ¡ªque Torra se neg¨® a retirar a pesar de las ¨®rdenes de la Junta Electoral Central¡ª era ¡°una queja cuyos destinatarios eran los magistrados de esta sala¡±.

Boye, que trat¨® de resumir en poco m¨¢s de 20 minutos m¨¢s de 300 folios de alegaciones, subray¨® que esa pancarta a favor de la libertad de los presos del proc¨¦s constitu¨ªa ¡°un acto pol¨ªtico¡± y no administrativo y estaba amparado por la libertad de expresi¨®n. Le contest¨® la fiscal Pilar Fern¨¢ndez Valcarce, que pidi¨® al Supremo la ratificaci¨®n de la pena. ¡°Fue una actividad administrativa, no pol¨ªtica, que se hizo en un contexto electoral¡±, dijo la fiscal. Fern¨¢ndez record¨® que la Junta Electoral Central (JEC) orden¨® la retirada de la pancarta porque vulneraba la neutralidad de las instituciones en pleno periodo electoral. La actuaci¨®n de la JEC tambi¨¦n fue se?alada por la defensa de Torra: uno de sus miembros, record¨® Boye, era a la vez colaborador de Ciudadanos. El ¨®rgano de control electoral no era ¡°superior ni competente¡± para ordenar la retirada de la pancarta. Torra se neg¨® a obedecer ¡ªextremo que admiti¨® ¨¦l mismo en el juicio¡ª, pero lo hizo con el convencimiento de que sus ¨®rdenes no eran v¨¢lidas.

Libertad de expresi¨®n

El Supremo decidir¨¢, previsiblemente en cuesti¨®n de d¨ªas o semanas, si da la raz¨®n a Torra o, por el contrario, ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a. ¡°Est¨¢n en juego el derecho de participaci¨®n pol¨ªtica y derechos fundamentales como la libertad de expresi¨®n¡±, insisti¨® Boye, que traz¨® un paralelismo con Cayetana ?lvarez de Toledo. La exportavoz del PP se refiri¨® al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias como ¡°hijo de un terrorista¡±. ¡°A ella no le ha pasado nada, la inviolabilidad le acompa?a en la C¨¢mara y tambi¨¦n fuera de ella. Nos alegramos de que ?lvarez de Toledo tenga esa capacidad para expresarse; Torra deber¨ªa tener el mismo trato¡±.

Boye advirti¨® de que una condena ser¨ªa ¡°la generaci¨®n del siguiente conflicto jur¨ªdico¡±. ¡°M¨¢s temprano que tarde se nos reconocer¨¢ la raz¨®n¡±, advirti¨® el letrado con la mirada puesta ya en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, adonde tiene previsto acudir si el Supremo no le da la raz¨®n.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a conden¨® a Torra a un a?o y seis meses de inhabilitaci¨®n para ejercer cargos p¨²blicos y al pago de 30.000 euros de multa por un delito de desobediencia. Si el Supremo ratifica la condena, ser¨¢ firme y, una vez ejecutada la sentencia y publicada en el BOE su inhabilitaci¨®n, Torra perder¨ªa autom¨¢ticamente el cargo. Su ¨²nica posibilidad de mantenerlo pasar¨ªa por recurrir en amparo al Tribunal Constitucional y solicitar la suspensi¨®n de la ejecuci¨®n de la condena. No hay precedentes, sin embargo, de que el Constitucional haya suspendido una pena de inhabilitaci¨®n.