Los exministros del PP se dividen ante Casado sobre el Poder Judicial

Pablo Casado se encuentra en otro atolladero sobre la renovaci¨®n pendiente del Poder Judicial. El l¨ªder del PP ha salido escaldado de los dos intentos de negociaci¨®n emprendidos con el actual Gobierno y esta semana convoc¨® a los cuatro exministros de Justicia de distintos Ejecutivos del PP para recibir sus consejos. La cita le proporcion¨® m¨¢s confusi¨®n. Dos exministros se pronunciaron a favor de negociar: ¡°El PP es un partido de Gobierno y de Estado, este Consejo est¨¢ fuera de mandato¡±. Otros dos lo rechazaron de plano: ¡°El anuncio de reformar la ley del Poder Judicial es una amenaza y un chantaje que el Constitucional no aceptar¨¢¡±.

Uno de los asuntos que lleva persiguiendo a Pablo Casado desde que accedi¨® a la presidencia del PP es la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, el ¨®rgano de gobierno de los jueces que en noviembre llevar¨¢ dos a?os caducado. El actual ministro de Justicia, el socialista Juan Carlos Campo, ha intentado varias aproximaciones con el portavoz del PP en la materia, el consejero madrile?o Enrique L¨®pez, con el que coincidi¨® de vocal en el Consejo y con el que tiene buenas relaciones. Esa v¨ªa nunca se ha cerrado, pese a las declaraciones p¨²blicas.

Ahora Casado quiere tener m¨¢s argumentos y razones para saber c¨®mo actuar, sobre todo tras publicar EL PA?S que el Ejecutivo afronta una renovaci¨®n de la ley org¨¢nica que regula el Poder Judicial ante el bloqueo impuesto por el PP para impedir su actualizaci¨®n acorde a la nueva mayor¨ªa parlamentaria progresista que sostiene al Gobierno.

En ese contexto se program¨® para este pasado mi¨¦rcoles una primera cita de Casado en la sede del partido con los cuatro exministros de Justicia de distintas etapas de Gobiernos del PP: Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, ?ngel Acebes, Alberto Ruiz-Gallard¨®n y Rafael Catal¨¢. La reuni¨®n dur¨® un par de horas y la discusi¨®n fue qu¨¦ hacer con la renovaci¨®n del Consejo, sobre todo ante la presi¨®n creciente del Ejecutivo. Cada uno de los exministros, juristas todos de profesi¨®n y ahora con despachos en ejercicio, ofreci¨® su opini¨®n y alguno hasta llev¨® toda una propuesta alternativa a la regulaci¨®n de esa ley, aunque no hubo tiempo para desarrollar su exposici¨®n.

Los exministros de Justicia del PP no tienen una posici¨®n un¨¢nime sobre c¨®mo resolver esta situaci¨®n. Dos se mostraron ¡°en contra de facilitar ninguna negociaci¨®n con el Gobierno, especialmente mientras en el Consejo de Ministros se sienten pol¨ªticos de Unidas Podemos que cuestionan el sistema judicial actual, la jefatura del Estado y la Monarqu¨ªa¡±. Esta es la tesis que mantiene, por ahora, el propio Casado y reforzada desde que en agosto trascendi¨® el fracaso en el ¨²ltimo intento de resolver este escollo, en el que se implicaron negociadores del entorno del presidente.

Michavila y Acebes, que en 2001 impulsaron un Pacto por la Justicia con el socialista Juan Fernando L¨®pez Aguilar, no creen ahora en la negociaci¨®n. Ambos dieron por supuesto que Casado tampoco es partidario de ning¨²n pacto ante el nivel de exigencias y condiciones que le plante¨® en agosto a S¨¢nchez tras la virulenta reacci¨®n de Unidas Podemos a la salida de Espa?a del rey em¨¦rito. Casado reclam¨® entonces al presidente S¨¢nchez que apartara a Podemos de cualquier salida al atasco del Poder Judicial y demand¨® que esa formaci¨®n, que tiene 35 esca?os y cinco ministros en el Gabinete, no pudiera proponer a ning¨²n candidato para acceder al ¨®rgano de gobierno de los jueces.

Acebes y Michavila refrendaron el mi¨¦rcoles esa postura de Casado en favor de ¡°despolitizar al m¨¢ximo¡± el Poder Judicial, pese a que en las dos negociaciones fracasadas acept¨® el sistema y hasta negoci¨® nombres de candidatos. Pero esos exministros fueron m¨¢s all¨¢ al recomendarle que no afloje pese a la presi¨®n del Gobierno sobre la redacci¨®n de una nueva ley para limitar el poder del Consejo con el mandato caducado como est¨¢ ahora.

Gallard¨®n y Catal¨¢ se expresaron en t¨¦rminos m¨¢s pr¨¢cticos y moderados. Los dos entienden que el PP debe negociar, que es ¡°un partido de Gobierno y de Estado¡± y que las normas evidencian que el actual Consejo est¨¢ fuera de mandato y debe ser cambiado. El matiz est¨¢ en c¨®mo ejecutar esa negociaci¨®n. Catal¨¢ acepta que el Consejo represente la nueva mayor¨ªa parlamentaria vigente en el pa¨ªs y Gallard¨®n fue m¨¢s atrevido. Aconsej¨® a Casado que negocie pero con condiciones tan duras que la hagan casi imposible y evidencien al final que la culpa de ese fracaso ser¨ªa del Gobierno.

Ruiz-Gallard¨®n, fiscal de carrera aunque apenas ejerci¨®, se present¨® ante Casado con una idea alternativa pero antes aclar¨®, en contra de lo que sostuvieron Acebes y Michavila, que ¨¦l s¨ª cree que el Gobierno no va de farol con su anuncio de reformar la ley del Poder Judicial y que ese plan es m¨¢s que una amenaza. Gallard¨®n propuso a Casado aceptar la negociaci¨®n exigiendo dar m¨¢s poder al gobierno de los jueces respecto al nombramientfo del fiscal general del Estado, que se ha convertido en uno de los objetivos a batir del PP tras la elecci¨®n de la exministra Dolores Delgado.

Veto para la fiscal general

Hasta ahora, el Poder Judicial tiene que aprobar un informe sobre la idoneidad del candidato que decide el Ejecutivo, aunque su dictamen es preceptivo pero no vinculante. Gallard¨®n plantea que se apruebe una reforma que d¨¦ al Consejo poder de veto real sobre ese candidato.

Acebes y Michavila rebatieron esas ideas: ¡°Esto es un pulso sin fundamento en el que no debes ceder, una amenaza grave y un chantaje sin fundamento pol¨ªtico que adem¨¢s si lo llevan a efecto lo podr¨ªas recurrir ante el Tribunal Constitucional con muchas posibilidades de ganar¡±. Y coincidieron: ¡°Forzar el cambio de esa ley b¨¢sica de un poder del Estado sin el PP es algo tan fuerte que el Constitucional no lo va a tolerar porque es inconstitucional desde el punto de vista de la letra y el esp¨ªritu de la Constituci¨®n¡±.

La Constituci¨®n exige 210 diputados (3/5 de la C¨¢mara baja) para sustituir a 8 de los 20 vocales, pero la ley que regula el cambio de los otros 12 vocales del cupo de los jueces s¨ª se podr¨ªa modificar para permitirlo por mayor¨ªa absoluta y allanar as¨ª el camino para una renovaci¨®n parcial, que es lo que quiere el Gobierno con el respaldo ya de 187 parlamentarios.

El Consejo elegido por jueces que el PP prometi¨® y no hizo

El 24 de enero de 2012, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, quiso resolver los males de la justicia con una frase en forma de promesa que se reserv¨® para los ¨²ltimos minutos de su intervenci¨®n en el Congreso de los Diputados. Con el Partido Popular al frente de un Ejecutivo y con mayor¨ªa absoluta, prometi¨® S¨¢enz de Santamar¨ªa que el gobierno de los jueces iba a ser elegido por los propios jueces, y no por el Parlamento, como ocurr¨ªa hasta ese momento.

La vicepresidenta del Gobierno de Rajoy se comprometi¨® en su primera comparecencia a reformar la ley del Poder Judicial para establecer un nuevo mecanismo de elecci¨®n de los 20 vocales del Consejo. El entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, dio forma a aquel compromiso y redact¨® un anteproyecto de ley que conced¨ªa a la carrera judicial todo el poder para la elecci¨®n de 12 de los 20 vocales del Consejo. Y lo intent¨® ejecutar.

Pero aquel anteproyecto se qued¨® en la mesa del Consejo de Ministros como una promesa incumplida del Partido Popular. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, impuso su tesis y el Consejo General del Poder Judicial sigui¨® en manos del Partido Popular, que a trav¨¦s de su mayor¨ªa absoluta en el Congreso y en el Senado se garantiz¨® el control de ese ¨®rgano (eligi¨® a 11 vocales de los 20). El Gobierno de Rajoy tambi¨¦n decidi¨® el nombre del presidente del Consejo durante los a?os siguientes: el magistrado Carlos Lesmes, que a¨²n sigue. Cuando pudo cambiar la ley porque ten¨ªa m¨¢s de los 176 diputados necesarios, el PP prefiri¨® no hacerlo para controlar el Poder Judicial. Ahora, desde la oposici¨®n, bloquea la renovaci¨®n para mantener la mayor¨ªa conservadora.