El Constitucional afronta las causas del ¡®proc¨¦s¡¯ con un tercio de magistrados con el mandato caducado

El Tribunal Constitucional va a dictar sus primeras sentencias sobre el proceso independentista catal¨¢n de 2017 a partir de su pr¨®ximo pleno, en la segunda quincena de enero. Un tercio del tribunal (cuatro de sus 12 magistrados) lleva un a?o pendiente de renovaci¨®n. Con esta composici¨®n, el Constitucional comenzar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas a resolver los primeros recursos correspondientes a los condenados que evitaron las penas de prisi¨®n porque son los que plantean menos dificultades. Estos primeros fallos permitir¨¢n desbrozar el camino para resolver las impugnaciones m¨¢s complejas.

El fallo que se prev¨¦ dictar este mismo mes de enero ser¨¢ el relativo al amparo solicitado por Meritxell Borr¨¤s, ex consejera catalana de Gobernaci¨®n bajo la presidencia de Carles Puigdemont. En febrero se decidir¨¢ sobre el correspondiente a Carles Mund¨®, exconsejero de Justicia, en el mismo Ejecutivo auton¨®mico bajo el que se celebr¨® el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y se proclam¨® la independencia de Catalu?a el d¨ªa 27 del mismo mes. Ambos pol¨ªticos fueron condenados a penas de inhabilitaci¨®n y multa por un delito de desobediencia.

Dos de los magistrados pendientes de renovaci¨®n son Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rivas y Encarnaci¨®n Roca, presidente y vicepresidenta de la instituci¨®n. El retraso en el nombramiento de sus sustitutos est¨¢ provocando un creciente malestar entre los magistrados. As¨ª se puso de manifiesto en el acto celebrado en diciembre para presentar una obra colectiva de los letrados del Constitucional sobre la ley org¨¢nica del tribunal. Al acto, celebrado en la misma sede del Tribunal en Madrid, asistieron la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el consejero de Interior, Justicia y V¨ªctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Enrique L¨®pez, encargado por el PP de las negociaciones para la renovaci¨®n de cargos en diversas instituciones.

En el Constitucional hay cierta preocupaci¨®n ante la posibilidad de que con las sentencias sobre el proc¨¦s se repitan las cr¨ªticas que siguieron en 2010 al fallo del Estatut, dictado por un tribunal que en parte ten¨ªa tambi¨¦n el mandato prorrogado. A ello se sum¨® entonces el deterioro de los equilibrios internos del pleno por la recusaci¨®n de un magistrado del sector progresista, Pablo P¨¦rez Tremps. No obstante, los magistrados han decidido no esperar m¨¢s, y adoptar ya las primeras resoluciones sobre los recursos de los l¨ªderes independentistas, para evitar que se puedan imputar al tribunal dilaciones indebidas.

Sentar doctrina

Estas primeras sentencias sobre el proc¨¦s permitir¨¢n al Constitucional ir sentando doctrina sobre aspectos esenciales de otras impugnaciones, a las que luego se aplicar¨¢n las mismas tesis. En la primera sentencia sobre Meritxell Borr¨¤s el tribunal ya va a tener la oportunidad de fijar criterio sobre uno de los extremos de la causa del proc¨¦s que han sido m¨¢s cuestionados en todas las peticiones de amparo de los l¨ªderes independentistas. Se trata de la competencia del Supremo, discutida por los condenados, quienes consideran que esta no era la instancia competente para juzgarles. Fuentes del Constitucional admiten que en las impugnaciones se exponen argumentos de peso sobre este aspecto de la causa, pero descartan que la sentencia del proc¨¦s pudiera ser anulada por esta v¨ªa.

Los l¨ªderes independentistas han planteado a su vez que debieron ser enjuiciados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, ante el que estaban aforados la mayor¨ªa de los encausados, ya fuera como miembros del Gobierno catal¨¢n o como diputados del Parlament. El Supremo no lo vio as¨ª, y reclam¨® la competencia a la Audiencia Nacional, que fue la primera en abrir un procedimiento contra ellos. La Sala Penal del Supremo asumi¨® el caso por considerar que los delitos de los que la Fiscal¨ªa acusaba a los querellados tuvieron efectos en todo el territorio nacional, y que algunos de los hechos investigados ¡ªcomo la b¨²squeda de apoyo internacional para el proceso de ruptura con Espa?a¡ª se cometieron en el extranjero.

Estos extremos fueron alegados por los letrados de los l¨ªderes independentistas en diversas fases de la causa. El Supremo, sin embargo, rechaz¨® las tesis de las defensas tanto en el examen de las cuestiones previas al juicio, como en la sentencia, que impuso penas de prisi¨®n e inhabilitaci¨®n a los nueve condenados por el delito de sedici¨®n en concurso medial con el de malversaci¨®n, y penas de multa e inhabilitaci¨®n a los que lo fueron por desobediencia. Si el debate se replantea ahora ante el Constitucional es porque ya no se va a examinar la cuesti¨®n desde el punto de vista procesal, sino frente a la alegaci¨®n de que la intervenci¨®n del Supremo vulner¨® derechos constitucionales, como es el del acceso al juez predeterminado por la ley.

La ¨²ltima sentencia que cerrar¨¢ la secuencia de resoluciones del tribunal de garant¨ªas ser¨¢ la correspondiente al exvicepresidente catal¨¢n Oriol Junqueras. Se trata de la m¨¢s compleja, porque su letrado, Andreu Van den Eynde, ha planteado alrededor de una veintena de posibles motivos de amparo, todo ello con la finalidad de que el Constitucional anule el fallo del Supremo. Las propias defensas consideran que la probabilidad de que sus recursos prosperen es muy remota. Pero el paso por el Tribunal Constitucional es obligado para acudir luego al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que ser¨¢ la instancia que dir¨¢ la ¨²ltima palabra sobre este proceso.

El tribunal duda si debe apartar al magistrado Narv¨¢ez

Antes de debatir las primeras sentencias sobre el proc¨¦s, el Tribunal Constitucional va a decidir en su pleno de enero sobre tres de las doce recusaciones presentadas contra el magistrado Antonio Narv¨¢ez, a quien las defensas de los condenados por el Supremo acusan de falta de imparcialidad. El reproche se basa en una conferencia pronunciada por Narv¨¢ez en noviembre de 2017, en la que afirm¨® que la ¡°crisis¡± derivada de los hechos de septiembre y octubre de dicho a?o en Catalu?a fue ¡°un golpe de Estado encubierto, mucho m¨¢s grave por sus consecuencias que el golpe de Estado que se dio en el a?o 1981¡±, con el asalto del teniente coronel Tejero al Congreso. La Fiscal¨ªa ha propuesto que las recusaciones se rechacen, pero entre los magistrados existe una clara preocupaci¨®n ante la posibilidad de que el Tribunal de Estrasburgo llegue a considerar que el Constitucional estuvo mal constituido por haber incluido entre los encargados de juzgar este asunto a quien realiz¨® las aludidas manifestaciones.

Narv¨¢ez ha defendido su imparcialidad y ha descartado toda posibilidad de inhibirse. Ante ello, la duda de varios magistrados ¡ªtanto entre la mayor¨ªa conservadora como entre la minor¨ªa progresista¡ª es si rechazar las recusaciones, que consideran improcedentes e infundadas, o extremar la prudencia, y aceptarlas, para no correr riesgos de que el Tribunal de Estrasburgo cuestione su sentencia. Fuentes del Constitucional afirman que la deliberaci¨®n sobre este asunto ¡ªque ya ha empezado de hecho en contactos previos¡ª ser¨¢ minuciosa y relevante, porque de la decisi¨®n que se adopte puede depender que el fallo que dicte sobre el proc¨¦s proporcione argumentos a las defensas para cuestionarlo ante la instancia judicial internacional encargada de velar por el respeto a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni¨®n Europea.