El Gobierno respira tras superar un intenso oto?o judicial

La coalici¨®n de Gobierno respira m¨¢s tranquila tras un intenso oto?o judicial. En apenas dos meses, los tribunales han archivado buena parte de las querellas y l¨ªneas de investigaci¨®n abiertas que salpicaban a miembros del Ejecutivo, formado por PSOE y Podemos, y que hab¨ªan condicionado su agenda ante los continuos ataques de la oposici¨®n. La ¨²ltima decisi¨®n se ha conocido este mismo mi¨¦rcoles, cuando el Tribunal Supremo ha rechazado abrir una causa contra Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, en el conocido como caso Dina. Antes ya hab¨ªa ocurrido lo mismo con el caso Delcygate o las querellas por la gesti¨®n de la pandemia. Tambi¨¦n se ha reducido el caso Neurona.

Caso Dina. El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, que investiga el caso Dina ¡ªpieza separada del caso Villarejo que versa sobre el supuesto robo del m¨®vil a una antigua colaboradora del l¨ªder del partido¡ª, pidi¨® el pasado 7 de octubre que se imputase a Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelaci¨®n de secretos, da?os inform¨¢ticos, denuncia falsa y simulaci¨®n de delito. Una propuesta que el Supremo descarta al constatar que, de momento, no existe base para actuar contra el vicepresidente.

¡°Imputar a Pablo Iglesias era una aberraci¨®n jur¨ªdica. Lo sab¨ªan todos los juristas de Espa?a. Pero ha servido para llenar meses de basura falsa y calumnias en tertulias, informativos y portadas¡±, ha apuntado este mi¨¦rcoles Pablo Echenique, portavoz del partido en el Congreso, tras conocer la resoluci¨®n del alto tribunal. Rafael Mayoral, tambi¨¦n diputado de la fuerza pol¨ªtica, ha remachado: ¡°Algunas actuaciones de los jueces ponen en peligro la actuaci¨®n de la justicia¡±.

El fallo del Supremo limita el margen de maniobra de Garc¨ªa-Castell¨®n, a quien se le han devuelto las pesquisas. La acusaci¨®n por descubrimiento y revelaci¨®n de secretos ser¨¢ una puerta dif¨ªcil de abrir. Como le ha indicado el alto tribunal, para poder imputar a alguien por este delito, se requiere que la v¨ªctima presente una denuncia previa contra ella. Y la antigua asistente de Iglesias, Dina Bousselham, ya envi¨® un escrito al juez donde apuntaba que no ten¨ªa intenci¨®n de proceder contra su antiguo jefe: ¡°Dina ha confiado siempre en el modo de actuar de Iglesias y en que, en todo momento, como no pod¨ªa ser de otro modo, la actuaci¨®n de Iglesias no ha sido otra que proteger su intimidad¡±, subrayaba su abogado en dicho documento, donde calificaba al dirigente de Podemos como ¡°amigo¡± y aseguraba que ¡°entend¨ªa¡± que guardara la tarjeta de su m¨®vil durante un tiempo, sin decirle nada a ella.

La posibilidad de atribuir a Iglesias el delito de da?os inform¨¢ticos tambi¨¦n se enfrenta, por su parte, con los informes de la Polic¨ªa Cient¨ªfica, que considera ¡°compatibles¡± los da?os externos de la tarjeta bajo sospecha con los intentos de recuperaci¨®n del contenido por parte de una empresa especializada. Y los internos, que el magistrado atribuy¨® al vicepresidente, a¨²n no se ha podido aclarar a qu¨¦ se deben. Adem¨¢s, respecto a los delitos de acusaci¨®n y denuncia falsa, el Supremo recuerda que la ley exige que haya una sentencia o auto firme previo donde se descarte la denuncia y se plasmen indicios ¡°bastantes de la falsedad de la imputaci¨®n¡±. Una condici¨®n que no se cumple y que se complica despu¨¦s de que el alto tribunal haya pegado un tir¨®n de orejas al magistrado al reprocharle que, al plantear su teor¨ªa de que Iglesias fabric¨® el caso para aprovecharse pol¨ªticamente, ha descartado otras l¨ªneas de investigaci¨®n ¡°para abogar como realidad acaecida una concreta alternativa sin mayor plausibilidad¡±.

Caso Delcy. El Supremo archiv¨® el 26 de noviembre la investigaci¨®n abierta contra el ministro de Fomento, Jos¨¦ Luis ?balos, por la entrada de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodr¨ªguez, en territorio espa?ol en enero de 2020, pese a la prohibici¨®n establecida por la UE. Los magistrados descartaron que pueda atribuirse un delito a ?balos en una causa que se inici¨® tras las querellas del Partido La¨®crata y Vox por prevaricaci¨®n. Otro juez de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, tambi¨¦n hab¨ªa dado carpetazo dos semanas antes a la parte de las pesquisas que afectaba a las personas no aforadas.

Querellas por la pandemia. El Supremo tambi¨¦n rechaz¨® el 18 de diciembre pasado hasta 20 querellas y 30 denuncias contra el presidente del Gobierno y varios de sus ministros por la gesti¨®n de la pandemia de coronavirus. Los magistrados no solo descartaron abrir una especie de causa general contra el Ejecutivo por sus decisiones ¡ªla resoluci¨®n destacaba que la responsabilidad penal es ¡°estrictamente personal¡±¡ª, sino que recalcaron que no exist¨ªan indicios ¡°justificados¡± de ninguna conducta delictiva atribuible a sus componentes. Los denunciantes (entre ellos, Vox) hablaban, incluso, de homicidio y lesiones imprudentes. Todo ello, despu¨¦s de que en junio ya se cerrase el caso 8-M, abierto contra el delegado del Gobierno en Madrid por permitir las manifestaciones feministas del 8 de marzo de 2020.

Caso Neurona. La macrocausa que un juzgado de Madrid abri¨® el pasado verano, que provoc¨® la imputaci¨®n de Podemos como persona jur¨ªdica y la declaraci¨®n en noviembre de varios miembros de su c¨²pula, ha adelgazado bastante. El instructor archiv¨® este 12 de enero las l¨ªneas de investigaci¨®n sobre los sobrecostes en la reforma de la sede nueva del partido y el presunto acceso sin permiso al disco duro de una abogada de la formaci¨®n. A finales de octubre ya dio carpetazo a las pesquisas sobre el supuesto desv¨ªo de dinero de su caja de solidaridad, un fondo al que los cargos p¨²blicos donan parte de su sueldo para fines sociales y que la oposici¨®n calific¨® como ¡°caja b¡±. Y a principios de ese mes tambi¨¦n hab¨ªa hecho lo mismo con la parte que versaba sobre los contratos firmados con la consultora ABD Europa para las elecciones del 28 de abril de 2019.

De esta forma, en este caso solo quedan vivas dos l¨ªneas. Una sobre el pago de supuestos ¡°sobresueldos¡± a Roc¨ªo Esther Val, gerente de la formaci¨®n, y a Daniel de Frutos, su tesorero, que la Fiscal¨ªa pide archivar. Y otra sobre el contrato firmado con la consultora Neurona para la cita electoral del 28-A, donde el ministerio p¨²blico s¨ª aprecio indicios de posibles delitos de falsedad en documento mercantil y otro electoral, aunque no achacables al partido como persona jur¨ªdica. En ese sentido, la Audiencia Provincial de Madrid ha apremiado al magistrado para que concrete ¡°con celeridad¡± qu¨¦ delitos le atribuye a la formaci¨®n.