El Gobierno nombra a una jueza de enlace con B¨¦lgica

El Gobierno ha elegido a la fiscal Paloma Conde-Pumpido como jueza de enlace con B¨¦lgica, para que atienda en especial las relaciones con la justicia belga y, en concreto, las cuestiones referidas a la causa del proc¨¦s.

En medios del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo se ha acogido de forma favorable esta decisi¨®n y se cree que una iniciativa as¨ª debi¨® haberse tomado hace tiempo, cuando surgieron las primeras dificultades con los jueces belgas para que considerasen los planteamientos y las peticiones de la justicia espa?ola.

Un juez de enlace es una suerte de embajador de la justicia espa?ola en el extranjero. Hasta ahora los ha habido en Francia, Italia, Marruecos, Estados Unidos y Reino Unido, donde siguen estando, pero nunca en B¨¦lgica. La funci¨®n que ahora queda en manos de Paloma Conde-Pumpido ¨Cfiscal que procede de la Fiscal¨ªa Antidroga¨C tendr¨¢ adem¨¢s las mismas competencias con respecto a Luxemburgo y Pa¨ªses Bajos. Y ese hecho da relevancia al nombramiento de la nueva jueza, ya que Luxemburgo es la sede del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) y los Pa¨ªses Bajos, del Tribunal de La Haya y de Eurojust, la oficina encargada de la cooperaci¨®n policial y judicial para el seguimiento de las euro¨®rdenes de detenci¨®n. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, present¨® este lunes a su colega belga, Vicent Van Quickenborne, a la nueva jueza de enlace, en una entrevista por v¨ªa telem¨¢tica.

La fecha de incorporaci¨®n efectiva de Paloma Conde-Pumpido ¨Cprima del ex fiscal general C¨¢ndido Conde Pumpido, en la actualidad magistrado del Tribunal Constitucional¨C no se ha establecido a¨²n, hasta que el BOE publique el nombramiento. Adem¨¢s, B¨¦lgica tiene en vigor medidas de confinamiento y cuarentena para las personas que inician estancia en el pa¨ªs, de modo que no son de esperar actuaciones inmediatas, derivadas de la designaci¨®n, en relaci¨®n con el levantamiento de la inmunidad del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su actual condici¨®n de eurodiputado, y de los exconsejeros Toni Com¨ªn y Clara Ponsat¨ª.

El nombramiento de Conde-Pumpido es, m¨¢s bien, una apuesta a medio y largo plazo para la mejora de las relaciones tanto con la justicia belga como con instituciones judiciales clave a escala europea. En el primero de los casos, est¨¢n muy deterioradas por las sucesivas negativas de los jueces a la entrega de Puigdemont, y, m¨¢s recientemente, por la denegaci¨®n de la misma petici¨®n para el exconsejero Llu¨ªs Puig, que no era eurodiputado, y por tanto no se beneficiaba de la prerrogativa de la inmunidad.

Por otra parte, la designaci¨®n coincide con la nueva cuesti¨®n prejudicial planteada por el juez Llarena, instructor de la causa del proc¨¦s, al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea, para evitar que los jueces belgas puedan aplicar las razones esgrimidas para no acceder a la entrega de Puig tambi¨¦n a Puigdemont, Com¨ªn y Ponsat¨ª, en el caso de que el Tribunal Supremo vuelva a dictar contra ellos nuevas ¨®rdenes de detenci¨®n europeas.

La competencia del Supremo para juzgar el proc¨¦s fue cuestionada por los jueces belgas, decisi¨®n que el juez Llarena ha estimado carente de base, en la medida en que implica una interpretaci¨®n err¨®nea e improcedente de la propia legislaci¨®n espa?ola sobre las competencias de los distintos ¨®rganos judiciales del pa¨ªs. En febrero, el Constitucional reproch¨® a la justicia de B¨¦lgica desconocer las atribuciones del alto tribunal.