El Constitucional mantiene la orden de detenci¨®n de Puigdemont en Espa?a

El Tribunal Constitucional ha vuelto a avalar la orden de detenci¨®n dictada en Espa?a contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al rechazar su ¨²ltimo recurso de s¨²plica contra dicha decisi¨®n, originariamente tomada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, y luego confirmada por la Sala de lo Penal del Supremo. La resoluci¨®n ¡ªde la que dej¨® constancia EL PA?S el pasado d¨ªa 18¡ª afirma que la suspensi¨®n cautelar de la orden de detenci¨®n ¡°producir¨ªa, indudablemente, perturbaciones reales del inter¨¦s general en la persecuci¨®n de las conductas¡± atribuidas a Puigdemont.

El ponente de la resoluci¨®n es el magistrado C¨¢ndido Conde-Pumpido, quien ahora se encuentra recusado por el propio Puigdemont. El escrito de recusaci¨®n, en todo caso, lleg¨® al tribunal tras dictarse el auto que deniega la suspensi¨®n de la orden de arresto contra ¨¦l en Espa?a. A esta recusaci¨®n ¡ªplanteada inicialmente tambi¨¦n por Puigdemont, junto a Toni Com¨ªn y Clara Ponsat¨ª¡ª se sum¨® ayer el exconsejero de Interior, Quim Forn, despu¨¦s de haber dado el mismo paso Oriol Junqueras y Ra¨¹l Romeva. En el Constitucional se estima que la defensa de Puigdemont opt¨® por presentar la tard¨ªamente la recusaci¨®n para no retrasar el auto de Conde-Pumpido sobre la orden de detenci¨®n en Espa?a. Ahora las defensas de los l¨ªderes independentistas est¨¢n solicitando que Conde-Pumpido sea apartado de todos los recursos sobre el proc¨¦s.

En cuanto a las razones para mantener la vigencia de la orden de detenci¨®n de Puigdemont, el auto ¡ªque ha sido difundido hoy por el Constitucional¡ª explica que suspenderlo supondr¨ªa una ¡°perturbaci¨®n¡± de la funci¨®n del Tribunal Supremo y una ¡°injerencia¡± del Constitucional en la jurisdicci¨®n ordinaria, algo que debe ser abordado, explica ¡°con suma cautela¡±.

En cuanto a c¨®mo debe ponderarse el ¡°inter¨¦s general¡± que se quiere proteger, el auto sostiene que las cuestiones a tener en cuenta son, entre otras, ¡°la duraci¨®n de la pena impuesta¡±, como reflejo de ¡°la antijuridicidad de la conducta¡±, as¨ª como ¡°la gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados; su trascendencia social; el bien jur¨ªdico protegido por el delito; el tiempo de condena que reste de cumplimiento; el riesgo de eludir la acci¨®n de la Justicia o la posible desprotecci¨®n de las v¨ªctimas¡±.

El Constitucional subraya que ¡°la regla general, aunque no absoluta¡±, es la denegaci¨®n de la suspensi¨®n pretendida. Tal conclusi¨®n es consecuencia de ¡°un juicio de ponderaci¨®n¡± que tiene en cuenta ¡°el inter¨¦s, constitucionalmente leg¨ªtimo en la averiguaci¨®n y castigo de los delitos graves¡±.