El Gobierno inicia la reforma de la ley franquista de secretos oficiales

El Gobierno ha decidido poner en marcha su propia reforma de Ley de Secretos Oficiales, del periodo franquista, tras descartar la propuesta del PNV, que el PP y el PSOE han bloqueado en el Congreso de los Diputados desde noviembre de 2016. Para elaborar el texto se ha formado una comisi¨®n dirigida por el Ministerio de Presidencia (vicepresidencia primera) e integrada por Defensa, Interior y Exteriores. La idea del Ejecutivo es que no haya un l¨ªmite general de tiempo para hacer p¨²blicos autom¨¢ticamente los documentos (25 o 10 a?os en la propuesta del PNV), sino plazos diferentes sujetos a cautelas seg¨²n el grado de protecci¨®n y el nivel de secreto.

A la quinta va la vencida. O as¨ª deber¨ªa ser. Tras bloquear los sucesivos intentos de modificaci¨®n de la norma promovidos por los nacionalistas vascos, el Gobierno se ha puesto finalmente a la tarea de redactar su propio proyecto de ley. Una comisi¨®n presidida por la vicepresidencia primera e integrada por representantes de los citados ministerios ha empezado a reunirse para poner en com¨²n las necesidades de cada departamento en materia de clasificaci¨®n de documentos y hacer un estudio comparado de la legislaci¨®n internacional, seg¨²n fuentes gubernamentales.

La comisi¨®n tiene el encargo de redactar un texto que homologue a Espa?a con otras democracias occidentales y cumpla los par¨¢metros fijados por las organizaciones internacionales de las que forma parte, especialmente la UE y la OTAN. No hay fecha para la conclusi¨®n de sus trabajos, seg¨²n las fuentes consultadas, pero el compromiso es que la nueva ley est¨¦ en vigor antes de que acabe la legislatura, en noviembre de 2023. Para hacerlo posible, el Gobierno deber¨ªa remitir el texto a las Cortes a lo largo del pr¨®ximo a?o, siempre que no se disuelvan anticipadamente y se frustre su aprobaci¨®n, como ya ha ocurrido en el pasado.

La reforma de la Ley de Secretos Oficiales es una de las asignaturas pendientes de la democracia espa?ola. La norma vigente data de 1968, en pleno franquismo, con retoques de octubre de 1978, antes de aprobarse la Constituci¨®n. La ley est¨¢ t¨¦cnicamente obsoleta: uno de los ¨®rganos habilitados para clasificar documentos, la Junta de Jefes de Estado Mayor, ni siquiera existe y solo prev¨¦ dos categor¨ªas de clasificaci¨®n (secreto y reservado), sin contemplar las m¨¢s habituales (confidencial y difusi¨®n limitada), ni la de m¨¢xima protecci¨®n (muy secreto). El decreto que desarrolla la ley, de 1969, est¨¢ firmado por el almirante Carrero Blanco y regula cuestiones tan anacr¨®nicas como el cambio de combinaci¨®n de las cerraduras de las cajas fuertes o la destrucci¨®n de las materias secretas ¡°por medio del fuego o procedimientos qu¨ªmicos¡±.

Pero el mayor anacronismo de la ley radica en que no contempla un plazo de caducidad; de forma que, salvo que el ¨®rgano que los clasific¨® los desclasifique expresamente, los documentos son eternamente secretos. Eso ha dado lugar a que los investigadores tengan que acudir a los archivos de otros pa¨ªses para conocer acontecimientos vitales de la historia de Espa?a, mientras siguen sin poder acceder a las fuentes documentales espa?olas sobre los mismos hechos. Cientos de historiadores, espa?oles y extranjeros, dirigieron en mayo de 2017 una carta a todos los grupos parlamentarios en la que reclamaban la reforma de ¡°una norma obsoleta y franquista, incompatible con los usos democr¨¢ticos de la Espa?a actual¡±.

La decisi¨®n de elaborar un proyecto de ley de secretos oficiales supone que el Gobierno descarta definitivamente el texto presentado por el PNV. Desde su admisi¨®n a tr¨¢mite, en enero de 2020, la proposici¨®n de ley del Grupo Vasco permanece encallada en la Mesa del Congreso, que ha prorrogado el plazo de presentaci¨®n de enmiendas 24 veces. Se trata de un procedimiento, pr¨®ximo al filibusterismo parlamentario, que permite suspender indefinidamente la tramitaci¨®n de una norma y que ya utiliz¨® el PP en la ¨²ltima legislatura de Mariano Rajoy. Entonces, la propuesta peneuvista, similar a la actual, se admiti¨® en noviembre de 2016 y su tramitaci¨®n se fue alargando hasta que, en marzo de 2019, decay¨® sin ser aprobada por la disoluci¨®n de las Cortes.

Fuentes gubernamentales aseguran que el texto del PNV no es aceptable, ya que prev¨¦ la desclasificaci¨®n autom¨¢tica de las materias secretas a los 25 a?os y de las reservadas a los diez, con la posibilidad de una pr¨®rroga ¡°excepcional y motivada¡±, solo para las materias secretas, por otro plazo de diez a?os. Las mismas fuentes admiten que habr¨¢ que arbitrar un plazo de desclasificaci¨®n autom¨¢tica, como tienen la mayor¨ªa de los pa¨ªses democr¨¢ticos, pero sostienen que este debe ser diferente en funci¨®n del grado de protecci¨®n de los documentos y no igual para todos, adem¨¢s de incluir salvaguardas para casos concretos.

Hay que tener en cuenta, alegan, la legislaci¨®n sobre protecci¨®n de datos personales y derecho al honor, la seguridad de las fuentes informativas de los servicios de inteligencia o la necesidad de preservar las relaciones diplom¨¢ticas y cumplir los compromisos internacionales. De ah¨ª que la comisi¨®n ahora creada deba recoger las distintas necesidades y sensibilidades de los departamentos implicados.

El objetivo, agregan fuentes gubernamentales, es que la ley tenga el m¨¢ximo consenso, por lo que el Gobierno mantendr¨¢ conversaciones con el PP y tambi¨¦n con los nacionalistas vascos, como promotores de la reforma, entre otros grupos. ¡°En ning¨²n caso nuestra intenci¨®n es evitar que se tramite la propuesta del PNV. Simplemente el Gobierno tiene el derecho y el deber de hacer la suya¡±, subrayan. En declaraciones a maldita.es, el portavoz del Grupo Vasco, Aitor Esteban, se ha mostrado dispuesto a negociar con el Ejecutivo, pero defendiendo su iniciativa.

Esteban, sobre la Ley de Secretos Oficiales

El hecho de que el PP y el PSOE hayan bloqueado desde hace m¨¢s de cuatro a?os la reforma de la Ley de Secretos Oficiales ha hecho crecer la sospecha de que ambos partidos intentan tapar sucesos de la Transici¨®n de los que ya se ha cumplido m¨¢s de un cuarto de siglo y ser¨ªan susceptibles de ser desclasificados, como la intentona golpista del 23-F o la guerra sucia contra ETA. Cuando el PP y el PSOE aceptaron en marzo de 2018 dar curso a la finalmente frustrada iniciativa del PNV se aseguraron, mediante sus enmiendas, de que los secretos de la Transici¨®n no saldr¨ªan a la luz hasta principios de la pr¨®xima d¨¦cada. Lo cierto es que el candado legal afecta tambi¨¦n a las acciones del franquismo, lo que plantea una situaci¨®n sin parang¨®n en el mundo: que un r¨¦gimen democr¨¢tico proteja los secretos de una dictadura.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, dio instrucciones en septiembre de 2018 para que los archivos militares permitieran el acceso a los documentos secretos anteriores a 1968, ya que al no existir una ley antes de esa fecha no pod¨ªan considerarse legalmente clasificados. Sin embargo, ni el Ministerio de Exteriores ni Interior comparten esta interpretaci¨®n que, en todo caso, deja fuera del alcance de los investigadores la ¨²ltima etapa del franquismo, entre 1968 y 1975, una de las m¨¢s duras.