Dos redes corruptas que financiaron al PP se lucran a la vez en el ¡®caso del 1%¡¯
Las tramas G¨¹rtel y P¨²nica facturaron m¨¢s de dos millones del porcentaje para publicidad de las constructoras adjudicatarias de obra p¨²blica
Las tramas G¨¹rtel y P¨²nica, investigadas en la Audiencia Nacional, se lucraron al mismo tiempo con contratos a dedo que adjudic¨® el Gobierno madrile?o del PP. Ambas redes corruptas, que admiten haber financiado al PP, facturaron m¨¢s de dos millones por contratos ama?ados correspondientes al 1% que deb¨ªan dedicar a publicidad las constructoras adjudicatarias de obra p¨²blica, seg¨²n la Intervenci¨®n General del Estado. Luis G¨¢lvez, uno de los constructores que pagaron ese 1%, neg¨® al juez hace dos semanas que fuera donante del PP pero admiti¨® que nunca controlaron el destino del 1% que pagaban para la publicidad.
La instrucci¨®n del caso P¨²nica, en el que est¨¢n imputados tres presidentes auton¨®micos madrile?os del PP ¡ªEsperanza Aguirre, Ignacio Gonz¨¢lez y Cristina Cifuentes¡ª finalizar¨¢ el pr¨®ximo julio. Mientras tanto, la segunda etapa (2005-2009) del caso G¨¹rtel ser¨¢ juzgada en oto?o con el PP como part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo de los delitos cometidos por exdirigentes populares y por la trama corrupta. En ambos casos, los empresarios imputados han admitido al juez instructor que financiaron al PP a cambio de los contratos ama?ados que recib¨ªan.
El jefe de la red G¨¹rtel, Francisco Correa, reconoci¨® hace unos d¨ªas a trav¨¦s de un manuscrito enviado a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n sus actividades ilegales en Boadilla del Monte con el pago de sobornos a dirigentes del PP.
Por otra parte, el principal empresario implicado en el caso P¨²nica, Daniel Mercado, due?o de Over Marketing, empresa dedicada a la publicidad, confes¨® al juez que recibi¨® contratos ama?ados en pago a los servicios prestados y no cobrados al PP durante las elecciones auton¨®micas de 2007.
Estas dos redes empresariales corruptas, cuyos jefes han confesado ya en distintos procesos judiciales que financiaban ilegalmente al PP nacional y al PP de Madrid, se aprovecharon al mismo tiempo del caso del 1%: el porcentaje del presupuesto que las empresas adjudicatarias de obra p¨²blica en la Comunidad de Madrid deb¨ªan reservar para hacer publicidad institucional de sus trabajos.
Los millones de euros destinados a ese fin acabaron en manos de las dos tramas corruptas que investigan distintos tribunales y salpican a varios empresarios que aparecen en la contabilidad paralela del PP nacional que control¨® durante dos d¨¦cadas el por entonces tesorero Luis B¨¢rcenas.
Un informe de la Intervenci¨®n General del Estado detalla hasta 29 actos institucionales para publicitar distintas obras p¨²blicas que fueron ejecutadas por las empresas de Francisco Correa con cargo al 1% de los presupuestos adjudicados a distintas constructoras.
La red G¨¹rtel cobr¨® por estos trabajos 758.000 euros, de los que dedicaron 41.000 euros a pagar comisiones ilegales al consejero Alberto L¨®pez Viejo (PP), que se encargaba entonces de organizar los actos de propaganda institucional en los que participaba la presidenta Esperanza Aguirre. L¨®pez Viejo fue condenado a 38 a?os de c¨¢rcel en la primera etapa (1999-2005) del caso G¨¹rtel.
Adem¨¢s de esos actos adjudicados a la red de Francisco Correa, la investigaci¨®n acredit¨® que las empresas de Daniel Mercado hab¨ªan recibido hasta 1.190.000 euros por el mismo tipo de trabajos.
Mercado ha confesado al juez que la consejer¨ªa de Sanidad le dio todos esos contratos ¡ªen realidad pagados por las constructoras¡ª como compensaci¨®n por los servicios que prest¨® para las campa?as electorales de Aguirre pero que nunca cobr¨®. Las pruebas de estos supuestos delitos forman parte del sumario del caso P¨²nica, cuya investigaci¨®n est¨¢ a punto de concluir en la Audiencia Nacional.
Reparto del pastel
Las firmas de la red G¨¹rtel que dirig¨ªa Francisco Correa y del grupo Over Marketing, propiedad de Daniel Mercado, se repartieron a dedo y sin concurso el 1% del presupuesto de las obras que adjudicaba la Comunidad de Madrid y que las constructoras deb¨ªan dedicar obligatoriamente a hacer propaganda de las mismas. De esta manera, las empresas encargadas de montar los actos y organizar la publicidad institucional de las obras p¨²blicas de la Comunidad de Madrid siempre eran las mismas: el grupo de Francisco Correa o las empresas de Daniel Mercado.
El ¨²ltimo testimonio sobre estos hechos lleg¨® de rebote, provocado por la confesi¨®n de Luis B¨¢rcenas, extesorero del PP, ante el tribunal que juzga la caja b de la formaci¨®n conservadora.
B¨¢rcenas se?al¨® al empresario Luis G¨¢lvez, como donante an¨®nimo de 60.000 euros al PP de la Comunidad de Madrid. Esa acusaci¨®n hizo que el juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n, instructor del caso P¨²nica, citase a G¨¢lvez a declarar en la Audiencia como imputado el pasado 25 de marzo.
El empresario neg¨® las acusaciones del extesorero tras asegurar que nunca hab¨ªa entrado en la sede de ning¨²n partido pol¨ªtico ni conoc¨ªa de nada a B¨¢rcenas.
El fiscal anticorrupci¨®n pidi¨® entonces el archivo provisional de la causa y el juez lo decret¨®. Pero G¨¢lvez a?adi¨® en su declaraci¨®n que la Uni¨®n Temporal de Empresas en la que particip¨® para construir un hospital de la Comunidad de Madrid en Vallecas tuvo que dedicar el 1% del presupuesto a trabajos de publicidad. Y que nunca pudo decidir la empresa que se iba a dedicar a hacer la propaganda institucional de la obra p¨²blica. Esos hechos fueron destacados por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en el escrito con el que solicitaban el archivo provisional de la causa contra G¨¢lvez.
El Gobierno de Esperanza Aguirre fue el que se encarg¨® de gestionar ese 1% de los presupuestos de las obras publicar para adjudicar a dedo los trabajos de propaganda institucional a empresas que, seg¨²n la investigaci¨®n del caso P¨²nica y del caso G¨¹rtel, financiaron ilegalmente al PP.
El tri¨¢ngulo que une los casos B¨¢rcenas, G¨¹rtel y P¨²nica
El juicio que se celebra en la Audiencia desde febrero pasado por la caja b del PP, con la que este partido pag¨® supuestamente parte de las obras de reforma de su sede principal, ha puesto de relieve algunos indicios de los manejos ilegales de la formaci¨®n conservadora durante una d¨¦cada (1999-2009) a trav¨¦s de una triple v¨ªa de corrupci¨®n.
Primera v¨ªa. El PP nacional dispuso de un sistema de financiaci¨®n no declarado a Hacienda que manejaba Luis B¨¢rcenas por el cual hab¨ªa empresas privadas que donaban dinero negro al partido con el que se financiaban algunos gastos, seg¨²n apunta la investigaci¨®n judicial y admite el extesorero. Entre los donantes de la caja b del PP figuran empresarios, como Alfonso Garc¨ªa Pozuelo o Rafael Palencia, que ya han reconocido en otras causas judiciales abiertas el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos p¨²blicos.
Segunda v¨ªa. Garc¨ªa Pozuelo es uno de los empresarios imputado en el caso G¨¹rtel que ha admitido ya que pag¨® mordidas en diversos ayuntamientos a cambio de adjudicaciones de obra p¨²blica. Parte de estas comisiones ilegales, seg¨²n el escrito de acusaci¨®n de la Fiscal¨ªa, fueron a parar al PP.
Por otra parte, Francisco Correa, cabecilla de la trama empresarial juzgada en el caso G¨¹rtel, declar¨® al tribunal: ¡°Ven¨ªa un empresario y nos daba la licitaci¨®n, a ver si pod¨ªa conseguir que la obra fuera para nosotros. Yo se lo pasaba a B¨¢rcenas y B¨¢rcenas lo gestionaba con el correspondiente ministerio. Si consegu¨ªamos la adjudicaci¨®n, el empresario entregaba un porcentaje del 2% o el 3% y luego se lo llevaba a G¨¦nova¡±. Correa deb¨ªa declarar ma?ana en la Audiencia, pero el juicio de la caja b ha sido suspendido hasta la pr¨®xima semana por la vacunaci¨®n del presidente del tribunal.
Tercera v¨ªa. Uno de los empresarios que figura como donante en los papeles de B¨¢rcenas, aunque ¨¦l niega que aportase fondos, es Luis G¨¢lvez, cuya empresa construy¨® el hospital Infanta Leonor de Vallecas. La Comunidad de Madrid oblig¨® a reservar un 1% del presupuesto a tareas de propaganda y publicidad institucional. Pero ese dinero, seg¨²n admiti¨® G¨¢lvez al juez, nunca fue controlado por las constructoras sino por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, qui¨¦n lo adjudic¨® a empresas cuyos responsables ya han admitido que financiaron al Partido Popular a cambio de los contratos.
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