El Constitucional estudia avalar el decreto de alarma

El Tribunal Constitucional va a aprobar, en el pleno del 22 de junio, la sentencia clave sobre el decreto del primer estado de alarma. La elaboraci¨®n del proyecto de fallo se ha acelerado con el prop¨®sito de que pueda dictarse antes del par¨¦ntesis del verano. Seg¨²n fuentes del tribunal, no va a cuestionar de ra¨ªz que se decretara el estado de alarma ni que permitiera la limitaci¨®n en el ejercicio de derechos fundamentales, pero s¨ª analizar¨¢ las medidas concretas adoptadas con su cobertura para ver si fueron proporcionadas.

El estado de alarma estuvo en vigor entre el 14 de marzo y el 21 de junio del a?o pasado. El recurso al que tiene que dar respuesta el Constitucional lo present¨® la formaci¨®n de extrema derecha Vox. Hasta dentro de unos meses, en septiembre u octubre, el alto tribunal no se pronunciar¨¢ sobre el otro recurso contra el decreto del Gobierno, presentado este por el PP en t¨¦rminos similares.

Hubo un primer proyecto de sentencia, pero la renuncia, el pasado octubre, del primer magistrado designado como ponente, Fernando Vald¨¦s, al que se le abri¨® una causa penal por presunto maltrato a su mujer, hizo que el encargo pasara a manos de Pedro Gonz¨¢lez Trevijano.

El texto preparado por Vald¨¦s, magistrado propuesto por el PSOE, daba un aval amplio al decreto del Gobierno y a su aplicaci¨®n. Trevijano, elegido por el PP, se ha dirigido a varios compa?eros del tribunal para manifestarles que el borrador de sentencia que ha preparado pretende aportar una soluci¨®n ¡°institucional¡± a los problemas planteados, y servir de orientaci¨®n para cualquier otra situaci¨®n que pudiera conducir en el futuro a decretar un nuevo estado de alarma.

En este sentido, un antecedente a tener en cuenta es la decisi¨®n tomada por la Sala Primera del Constitucional el 1 de mayo del a?o pasado, cuando prohibi¨® una manifestaci¨®n sindical en Vigo considerando que la protecci¨®n del derecho a la salud deb¨ªa primar sobre el derecho de manifestaci¨®n. La resoluci¨®n se aprob¨® tras un empate a tres votos dirimido por el voto de calidad del presidente del tribunal, Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rivas. La decisi¨®n de inadmitir el recurso despert¨® una fuerte pol¨¦mica, porque los magistrados de la Sala Segunda consideraron que el asunto hubiera tenido que estudiarse en un pleno, por la relevancia del problema planteado.

En su recurso contra el decreto, Vox sosten¨ªa que las medidas adoptadas por el Gobierno, sobre todo en relaci¨®n con el confinamiento de la poblaci¨®n, son inconstitucionales ¡°incluso en los estados de excepci¨®n o de sitio¡±. A?ad¨ªa que con el estado de alarma el Gobierno ¡°no puede hacer cualquier cosa, sino que ha de ce?irse a las medidas permitidas para dicho estado por el bloque de la constitucionalidad¡±.

La impugnaci¨®n consideraba ¡°absolutamente incontestable¡± que el Gobierno se excedi¨® en la aplicaci¨®n de dichas medidas, infringiendo la Constituci¨®n (art¨ªculos 55 y 116) y la Ley Org¨¢nica 4/1981 (reguladora de los estados de alarma, excepci¨®n y sitio) y ¡°vulnerando gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos¡±, como la libertad de circulaci¨®n y de residencia, el derecho de reuni¨®n o el derecho a la libertad religiosa, por las limitaciones de asistencia a actos de este car¨¢cter.

El rodillo conservador marca el futuro del Alto Tribunal

Las ¨²ltimas decisiones del Tribunal Constitucional han puesto de manifiesto el refuerzo del bloque conservador (siete de los 11 magistrados que lo componen fueron elegidos a propuesta del PP), acogiendo en algunos casos ampliamente los planteamientos y pretensiones de los recursos presentados por los populares y por Vox. En paralelo, el bloque progresista aparece diezmado tras la renuncia del magistrado Fernando Vald¨¦s el pasado octubre, a la vez que dividido en cuestiones clave como los fallos sobre el proc¨¦s o sobre los decretos del estado de alarma.

El predominio del bloque conservador se extiende sobre casi todas las materias que trata el Constitucional, desde la protecci¨®n del derecho a la propiedad frente a la posibilidad de imponer condiciones m¨¢s o menos rigurosas en los alquileres hasta el respaldo pr¨¢cticamente completo a la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta sentencia incluy¨® el aval a las devoluciones en caliente, con m¨ªnimas condiciones que rara vez se aplican.

Tambi¨¦n hubo cierre de filas del mismo sector en la reciente anulaci¨®n de decretos-leyes del Gobierno aprobados durante el estado de alarma, como el que tumb¨® la designaci¨®n del exvicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como miembro del ¨®rgano de direcci¨®n del CNI. En el propio tribunal se estima que la cohesi¨®n del grupo es un factor m¨¢s que explica que los populares no hayan mostrado inter¨¦s en la renovaci¨®n del Constitucional.

Solo excepcionalmente, alguno de los magistrados de este bloque se ha separado de su sector al formular un voto particular. Ocurri¨®, por ejemplo, cuando Andr¨¦s Ollero se apart¨® de la mayor¨ªa conservadora en la sentencia que consider¨® ultraje a los s¨ªmbolos nacionales y no libertad de expresi¨®n, las palabras de un sindicalista que dijo que hab¨ªa que prender fuego a ¡°la puta bandera¡± de Espa?a en una manifestaci¨®n.

El grupo progresista cuenta con solo cuatro magistrados y rara vez votan unidos. En las sentencias del proc¨¦s, por ejemplo, C¨¢ndido Conde-Pumpido no ha apoyado los votos particulares de Juan Antonio Xiol y Mar¨ªa Luisa Balaguer, quienes ante cada fallo han mostrado su discrepancia en el sentido de considerar que las penas impuestas por el Supremo fueron ¡°desproporcionadas¡±. La vicepresidenta del tribunal, Encarnaci¨®n Roca, vota la mayor parte de las veces con el sector conservador, si bien en ocasiones se inclina por la minor¨ªa progresista. Este bloque no logr¨® que prosperaran sus tesis en el reciente debate sobre el cerco al Parlament. El proyecto de sentencia, elaborado por Conde-Pumpido, abogaba por anular el fallo condenatorio del Supremo. Pero la mayor¨ªa conservadora se inclin¨® por avalarlo.