La negociaci¨®n de la ley de vivienda entra en su fase decisiva

Algo se mueve en torno a la futura ley de vivienda. Despejado el calendario pol¨ªtico, tras las sobrevenidas elecciones en Catalu?a y Madrid, hace semanas que los socios de Gobierno han dejado de airear p¨²blicamente sus diferencias. La fundamental, la manera de regular los precios de alquiler en las ¨¢reas tensionadas, se mantiene. Pero tambi¨¦n al respecto se han explorado nuevas propuestas para desbloquear las negociaciones y cerrar el acuerdo. En el plan de recuperaci¨®n enviado a Bruselas se apuesta por enviar un borrador al Congreso antes de julio. Esto da al Ejecutivo un mes largo de plazo todav¨ªa. En el Ministerio de Transportes, el que tiene las competencias estatales en vivienda, lo ven factible.

M¨¢s informaci¨®n

Los 109 municipios y 36 distritos de grandes ciudades que tienen alquileres tensionados

Si en febrero y marzo la tensi¨®n y los reproches mutuos eran casi diarios, hace ya tiempo que se opt¨® por un perfil m¨¢s discreto de cara a los medios. ¡°Da la sensaci¨®n de un par¨®n que no es real¡±, se?alan en el Ministerio de Derechos Sociales, cuya titular, Ione Belarra, llev¨® el peso de las negociaciones por parte de Unidas Podemos cuando era secretaria de Estado y mantiene ese papel como ministra. No obstante, se insiste en que ¡°la pelota est¨¢ en el tejado de Transportes¡±. La propuesta fiscal que plante¨® la parte socialista del Ejecutivo nunca ha convencido a sus socios, que piden ¡°que plantee alg¨²n m¨¦todo para la regulaci¨®n [de precios de alquiler]¡±. Es decir, l¨ªmites de rentas.

La opci¨®n fiscal no es la ¨²ltima que se ha puesto sobre la mesa. Sin retirarla, y de manera complementaria, Transportes ofreci¨® una pr¨®rroga obligatoria de los alquileres en ¨¢reas tensionadas, confirman fuentes conocedoras de las negociaciones. En tanto que estas zonas -para cuya definici¨®n se usar¨ªa el ¨ªndice oficial de precios y otros indicadores como el crecimiento del IPC- mantuvieran los precios disparados, los inquilinos tendr¨ªan derecho a permanecer en sus casas. Esto impedir¨ªa que, superados los 5 o 7 a?os de duraci¨®n inicial del contrato, el casero pudiera subir la renta en un nuevo contrato.

Menos reuniones y m¨¢s mensajes

Aunque ya no haya reuniones semanales de los equipos de ambos ministerios, s¨ª ha seguido el cruce de ¡°llamadas y mensajes¡±. Y Derechos Sociales tambi¨¦n ha movido ficha. Seg¨²n las mismas fuentes, habr¨ªa propuesto una f¨®rmula gen¨¦rica para que sean las comunidades aut¨®nomas las que establezcan l¨ªmites de precios. Esto salvar¨ªa el desencuentro con el PSOE, respaldar¨ªa la normativa catalana de control de precios -apoyada por Podemos y pendiente de un recurso del PP en el Constitucional- y abrir¨ªa la senda a otros territorios para hacer lo mismo.

En el Ministerio de Derechos Sociales guardan silencio al respecto e insisten en que su voluntad y su propuesta principal es que se cumpla lo acordado en el pacto de Gobierno de coalici¨®n, que hablaba de ¡°poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler¡±. En Transportes muestran que la idea no les agrada demasiado: ¡°Esto es una competencia estatal y somos muy respetuosos con la competencia en otras materias, pero esta no podemos eludirla¡±, explica un alto cargo de ese departamento. Aunque las pol¨ªticas de vivienda est¨¢n transferidas a las comunidades, la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula los alquileres, es estatal y actualmente se?ala que la renta es ¡°la que libremente estipulen las partes¡±.

El escollo principal, sin poner topes de precios como pide Podemos o dar beneficios fiscales a los caseros que alquilen barato como propone el PSOE, sigue ah¨ª y el reloj corre. El compromiso enviado a Bruselas es resolver la negociaci¨®n como tarde en junio y en Transportes lo ven posible. ¡°Vamos a intentar cumplirlo¡±, zanjan. Despu¨¦s se iniciar¨ªa una tramitaci¨®n parlamentaria que se prev¨¦ larga: los planes enviados a Europa se?alan que la ley no entrar¨ªa en vigor antes de mediados del a?o pr¨®ximo. El plazo es ¡°realista¡±, se?ala la fuente consultada en el ministerio que preside Jos¨¦ Luis ?balos, en previsi¨®n de que la norma genere ¡°mucho debate¡± y, por tanto, muchas enmiendas tanto en el Congreso como en el Senado.

En lo que no se esperan problemas, al haberse alcanzado consenso en los ¨²ltimos meses, es en otras medidas que contendr¨¢ la que pretende ser la primera ley estatal de vivienda de la democracia. Los puntos m¨¢s destacados son las medidas para evitar desahucios y la penalizaci¨®n de las viviendas vac¨ªas. Sobre estas ¨²ltimas, la idea es permitir a los Ayuntamientos para que recarguen m¨¢s IBI (impuesto sobre bienes inmuebles) sobre las casas que est¨¢n desocupadas sin justificaci¨®n. Pendientes est¨¢n los flecos de si afecta solo a personas jur¨ªdicas (empresas) o tambi¨¦n a particulares y a partir de cu¨¢ntas viviendas (se aplicar¨ªa solo sobre grandes propietarios).

Aunque los desahucios tambi¨¦n son una cuesti¨®n sensible para ambos partidos ¡ªen la negociaci¨®n para habilitar medidas especiales durante la pandemia saltaron chispas a finales del a?o pasado¡ª lo cierto es que ninguno de los dos socios avisa de grandes divergencias en esta materia. A partir de lo que ya se aprob¨® entre diciembre y enero, la idea es mantener la posibilidad de que los juzgados paralicen temporalmente desahucios de familias vulnerables hasta encontrar una vivienda alternativa. Se restringir¨ªa, eso s¨ª, solo a procedimientos civiles. La ampliaci¨®n a supuestos penales en la ¨²ltima normativa motiv¨® las protestas del sector inmobiliario y dos recursos de PP y Vox ante el Tribunal Constitucional.