Los fiscales auguran un futuro ¡°catastr¨®fico¡± cuando asuman la instrucci¨®n de causas si no aumenta la plantilla

El informe del Consejo Fiscal sobre el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) ha puesto de relieve los sentimientos encontrados del ministerio p¨²blico respecto a la gran reforma del proceso penal, pendiente desde hace m¨¢s de 20 a?os y prometida por todos los gobiernos. Los fiscales aplauden un cambio de modelo que les da el protagonismo de las instrucciones que llevaban a?os esperando, pero critican el texto porque consideran que dise?a un procedimiento penal ¡°cuya tramitaci¨®n se advierte sumamente lenta y compleja¡±. A ello se suma, seg¨²n la Fiscal¨ªa, una plantilla que ya es ¡°manifiestamente insuficiente¡± para asumir las competencias actuales, y con la que no se puede responder ¡°con garant¨ªas¡± las futuras atribuciones.

La memoria de la Fiscal¨ªa General del Estado lleva a?os advirtiendo de la escasez de personal, pero la decisi¨®n del Gobierno de dejar en manos del ministerio p¨²blico la instrucci¨®n ha encendido todas las alarmas. ¡°La situaci¨®n actual ya es complicada. Si a eso se le suma la nueva Lecrim, o se aumenta nuestra plantilla de forma inmediata o la situaci¨®n va a ser catastr¨®fica¡±, advierte V¨ªctor Castells, vocal de la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF).

La plantilla del ministerio p¨²blico es de 2.553 fiscales, lo que supone una proporci¨®n de un fiscal por cada 18.520 habitantes y 5,4 fiscales por 100.000 habitantes, muy por debajo de la ratio media europea, que se sit¨²a en torno a los 11 fiscales por cada 100.000 habitantes, seg¨²n los datos de la Fiscal¨ªa General. El ¨®rgano que dirige Dolores Delgado envi¨® recientemente una propuesta al Ministerio de Justicia para que se creen 349 nuevas plazas en los pr¨®ximos tres a?os (130 en 2021, 116 en 2022 y 103 en 2023). La petici¨®n se acompa?¨® de un estudio sobre la situaci¨®n de la plantilla. El desarrollo de las funciones que tiene actualmente encomendada la carrera, sostiene el documento, ¡°se ven comprometidas por las limitaciones derivadas de la escasez de medios personales con que debe afrontarlas¡±.

El texto advierte de que algunas de las modificaciones legislativas acometidas desde 2015 han multiplicado el trabajo de los fiscales, y la nueva Lecrim vendr¨¢ a rematar ese ¡°d¨¦ficit estructural¡±.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociaci¨®n de Fiscales, que representa al sector conservador de la carrera, apoya la propuesta de plazas enviada al Gobierno por Delgado. ¡°Es un paso en la l¨ªnea correcta¡±, apunta Dexeus, que pone el acento sobre el hecho de que la plantilla actual no es capaz de absorber a los nuevos fiscales que se incorporan cada a?o tras un proceso de oposici¨®n que se supone adaptado a las necesidades reales de trabajo. De los 113 de la ¨²ltima promoci¨®n, publicada en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE), 94 no tienen plaza.

Fuentes del Ministerio de Justicia asumen la necesidad de adaptar la plantilla a las futuras nuevas competencias del ministerio fiscal, pero sostienen que este incremento no se puede acometer hasta que se concrete el nuevo proceso penal y las funciones que asumen los fiscales. ¡°Ser¨ªa absurdo acordar un incremento de plantilla sin antes pactar las atribuciones¡±, afirman estas fuentes, que disienten de que la nueva figura del fiscal instructor requiera un incremento exponencial de plazas para acercarlo al de los actuales jueces instructores (m¨¢s de 2.400). ¡°Creemos que esta reforma va a hacer m¨¢s eficiente el proceso y se van a optimizar los recursos porque se trabajar¨¢ en equipo¡±, se?alan en Justicia.

La Fiscal¨ªa coincide en que no se pueden sustituir todos los juzgados de instrucci¨®n por una ampliaci¨®n del mismo n¨²mero de fiscales. ¡°Ahora bien, el punto de partida para ese medio y largo plazo no puede ser una plantilla org¨¢nica al l¨ªmite de sus capacidades, tal y como est¨¢ ahora, que no puede asumir ni siquiera la totalidad de los servicios que ha de atender y que ha de acudir sistem¨¢ticamente a refuerzos, ya sea para cubrir la creaci¨®n de unidades judiciales o por sobrecarga de trabajo para conseguir cubrir los servicios que ha de prestar¡±, se?ala el informe enviado al ministerio.