El Constitucional planea reactivar la sentencia del aborto 11 a?os despu¨¦s
La demanda de exdiputados del PP ante Europa por el retraso preocupa al tribunal
El Tribunal Constitucional planea abordar la deliberaci¨®n de la sentencia sobre la ley del aborto, pendiente desde hace 11 a?os, seg¨²n indican a EL PA?S fuentes de la instituci¨®n. El retraso en resolver este asunto ha sido denunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por exdiputados del PP, que firmaron hace 11 a?os el recurso contra la ley de plazos ¡ªvigente en la actualidad¡ª que permite abortar sin alegar raz¨®n alguna dentro de las primeras 14 semanas de gestaci¨®n. La Asociaci¨®n de Abogados Cristianos tambi¨¦n present¨® en el Supremo una querella por ¡°retardo malicioso¡± contra el magistrado Andr¨¦s Ollero, exdiputado del PP y encargado de redactar la ponencia de la futura sentencia. Esta querella y la demanda ante el Tribunal Europeo han provocado que el Constitucional estudie ahora reactivar la tramitaci¨®n del recurso para dictar una sentencia.
El presidente del tribunal, Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rivas, considera que no hay base para que prosperen esas acciones legales contra el Constitucional y contra Ollero, pero estima tambi¨¦n que ha llegado el momento de atender a la reclamaci¨®n para que el pleno aborde el recurso que el PP present¨® en 2010. Gonz¨¢lez Rivas ha mantenido desde su llegada a la presidencia una atenci¨®n permanente a ese asunto.
El magistrado Andr¨¦s Ollero, consultado por este peri¨®dico, explica que tiene ¡°preparados los trabajos necesarios¡± para llevar la ponencia al pleno en cuanto as¨ª lo disponga Gonz¨¢lez Rivas. Ollero a?ade que, en todo caso, no ha recibido indicaci¨®n ni comentario alguno para agilizar la presentaci¨®n de la ponencia, ni del presidente ni de ninguno de los miembros del tribunal.
El criterio dominante entre los magistrados del Constitucional consultados es, no obstante, que no se debe esperar mucho m¨¢s y que resulta necesario poner fin al largo per¨ªodo de espera sobre el recurso del PP. Diversos miembros del tribunal no han ocultado su convencimiento de que se trata de un asunto extraordinariamente delicado, sobre el que pueden existir serias dificultades para alcanzar una sentencia consensuada. Pero todos coinciden en que es obligaci¨®n del tribunal asumir su responsabilidad y afrontar debates de esta naturaleza.
El plazo medio de resoluci¨®n de los asuntos que llegan al Tribunal Constitucional es de 133 d¨ªas. El recurso del PP contra la ley del aborto de 2010 lleva m¨¢s de 4.000 d¨ªas sin resolverse.
La demanda de 20 exdiputados del PP ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acusa al Tribunal Constitucional del ¡°incomprensible y arbitrario¡± retraso en la tramitaci¨®n del recurso contra la ley del aborto. Los antiguos parlamentarios populares ¡ªentre ellos, Luis Peral, Lourdes M¨¦ndez y Jos¨¦ Eugenio Azpiroz¡ª recuerdan en su escrito que el Constitucional les lleg¨® a informar en julio de 2010 de que daba ¡°car¨¢cter prioritario a la tramitaci¨®n y resoluci¨®n del recurso¡±, lo que no lleg¨® a producirse. En diciembre de 2020, estos exdiputados se dirigieron al tribunal reclamando que dictase ya la sentencia, pero no recibieron respuesta.
Durante los mandatos de los dos anteriores presidentes del Constitucional, Pascual Sala y Francisco P¨¦rez de los Cobos, no se produjeron avances sobre este asunto. ¡°Ni mi antecesor ni yo¡±, explic¨® P¨¦rez de los Cobos en una entrevista en El Mundo en 2014, ¡°hemos introducido este asunto en el orden del d¨ªa por una raz¨®n de prudencia¡±. Y a?ad¨ªa: ¡°Quienes plantearon el recurso contra la ley vigente fueron los diputados del PP, que ahora tienen mayor¨ªa absoluta parlamentaria y que han dicho con reiteraci¨®n que van a cambiar la ley y que, por consiguiente, tienen en su mano conjurar los problemas de constitucionalidad que la norma le planteaba¡±.
El recurso del PP impugnaba ocho preceptos y la disposici¨®n adicional segunda de la ley de plazos aprobada por el Gobierno del socialista Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Entre los preceptos recurridos estaba uno de los principales aspectos de la ley: el que permit¨ªa abortar en las primeras 14 semanas por decisi¨®n libre de la madre.
La doctrina de 1985
El PP entend¨ªa entonces que la doctrina del Constitucional, establecida en su sentencia sobre la ley del aborto de 1985, solo admit¨ªa despenalizar la interrupci¨®n voluntaria del embarazo cuando existiera un grave peligro para la vida del no nacido y otros bienes y valores de la madre. Y sosten¨ªan en su recurso que la nueva ley de plazos creaba un sistema por el que la vida del no nacido quedaba absolutamente desprotegida en las primeras 14 semanas de gestaci¨®n. Los parlamentarios que registraron el recurso ante el Tribunal Constitucional acusaban al Gobierno de Zapatero de incumplir as¨ª el art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n, que reza: ¡°Todos tienen derecho a la vida y a la integridad f¨ªsica y moral¡±.
En el debate del texto constitucional en 1978, el entonces diputado Manuel Fraga propuso y logr¨® cambiar en el art¨ªculo 15 la palabra ¡°personas¡± (el nacido con 24 horas de vida, seg¨²n el C¨®digo Civil) por la palabra ¡°todos¡±, que supuestamente inclu¨ªa tambi¨¦n al no nacido. De esa manera, seg¨²n explicar¨ªa entonces Fraga, se cerraba la puerta a legalizar el aborto en Espa?a.
Cuando el Partido Popular registr¨® su recurso en el Constitucional, el presidente del tribunal encarg¨® la ponencia a la magistrada Elisa P¨¦rez Vera, qui¨¦n redact¨® un texto que consideraba plenamente constitucional la nueva ley del aborto de 2010, seg¨²n explica ahora por primera vez a EL PA?S. Pero esa ponencia nunca se debati¨® en pleno porque la magistrada finaliz¨® su mandato en 2012.
Contrario a la interrupci¨®n volutaria del embarazo
El magistrado Andr¨¦s Ollero, ex portavoz de Justicia del PP en el Congreso de los Diputados, de profundas convicciones religiosas y contrario al aborto, es el encargado desde 2012 de la ponencia de la sentencia sobre la vigente ley de interrupci¨®n voluntaria del embarazo. Poco antes de incorporarse al Constitucional en 2012, Ollero escribi¨® un art¨ªculo en Diario M¨¦dico en el que sosten¨ªa que la sentencia de ese tribunal en 1985, que establec¨ªa determinadas condiciones para poder abortar, se estaba incumpliendo y que de hecho exist¨ªa el aborto libre en Espa?a: ¡°Entre los que se despreocuparon de su protecci¨®n y los que no se atrevieron a protegerlos, los no nacidos no han ganado para sustos¡±, dec¨ªa.
Diversas asociaciones y partidos reclamaron que Ollero renunciara a la ponencia por supuesta incompatibilidad. Pero ¨¦l acept¨® el encargo por considerar que los criterios personales no pueden suponer incompatibilidad, ya que todo el mundo tiene alguno.
Mientras redactaba su ponencia, el Gobierno de Mariano Rajoy elaboraba su proyecto para derogar la ley de plazos socialista, un proyecto que no lleg¨® a prosperar porque Rajoy lo retir¨® en 2014. En los a?os siguientes, el PP baraj¨® la posibilidad de retirar la impugnaci¨®n de la ley de Zapatero, algo que legalmente ya no era posible, y en sus programas electorales ya no figur¨® este asunto. Pese a ello, el recurso segu¨ªa vivo sin que el Constitucional dictara sentencia.
Ollero es uno de los magistrados con el mandato caducado desde noviembre de 2019. El Constitucional tiene ahora una mayor¨ªa (siete a cuatro) de magistrados elegidos a propuesta del PP. Dentro de un a?o, si las renovaciones pendientes y previstas se llevan a cabo, la mayor¨ªa pasar¨¢ previsiblemente al sector progresista.
Dos leyes y un amago
Espa?a ha tenido en democracia dos leyes del aborto ¡ªambas con Gobiernos del PSOE¡ª y una tercera ¡ªcon el PP¡ª que se anunci¨® pero no lleg¨® a aprobarse (aunque s¨ª dio lugar a una modificaci¨®n menor de la norma, referida a las menores). Esta es la evoluci¨®n de esa legislaci¨®n:
La primera ley del PSOE: supuestos despenalizados. La primera ley del aborto de la democracia, la que aprob¨® el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez y rigi¨® entre 1985 y 2010, no era exactamente una ley espec¨ªfica: era un texto con un solo art¨ªculo que se limitaba a modificar el C¨®digo Penal, introduciendo un art¨ªculo ¡ªel 417 bis¡ª que despenalizaba el aborto en tres supuestos: violaci¨®n (alegable en las primeras 12 semanas), malformaci¨®n del feto (hasta la semana 22) y riesgo grave para la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la mujer (en cualquier momento). Los dos ¨²ltimos requer¨ªan un informe m¨¦dico.
La reforma de Zapatero: un sistema de plazos. El sistema de supuestos de 1985 (que el PP no toc¨® durante sus a?os de Gobierno) fue sustituido por uno de plazos en 2010, siendo presidente Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y ministra de Igualdad Bibiana A¨ªdo. Esa ley es la que est¨¢ vigente hoy. Establece que el aborto es un derecho de la embarazada en las primeras 14 semanas: en ese plazo, por tanto, la mujer no tiene que alegar ning¨²n motivo. Despu¨¦s, permite abortar hasta la semana 22 y previo informe m¨¦dico, por ¡°grave riesgo para la vida o la salud de la madre o el feto¡±. A partir de entonces, se puede abortar si el feto sufre ¡°enfermedad extremadamente grave o incurable¡± o anomal¨ªas incompatibles con la vida¡±. Tambi¨¦n se puede interrumpir el embarazo si hay riesgo para la madre.
La vuelta atr¨¢s de Rajoy: paralizada en el ¨²ltimo momento. En diciembre de 2013, tras dos a?os de debate en el seno del propio PP y cuatro intentos fallidos, el Gobierno de Mariano Rajoy aprob¨® su anteproyecto de ley del aborto. El ministro encargado era Alberto Ruiz-Gallard¨®n, y el texto supon¨ªa un paso atr¨¢s de tres d¨¦cadas: derogaba el sistema de plazos, el mayoritario en Europa, y volv¨ªa al sistema de supuestos, pero endureci¨¦ndolo porque suprim¨ªa el supuesto de malformaci¨®n fetal. No se eliminaba en la pr¨¢ctica la posibilidad de que una mujer embarazada de un feto con malformaciones abortara, pero se le obligaba a alegar otro motivo (el da?o psicol¨®gico que sufrir¨ªa ella) y se le impon¨ªa un procedimiento largo y complicado para acreditarlo. Esa ley nunca lleg¨® a aprobarse de forma definitiva: Rajoy acab¨® retir¨¢ndola y Gallard¨®n dimiti¨®.
Un cambio puntual para las menores. El Gobierno de Rajoy s¨ª reform¨® puntualmente la ley de plazos en 2015 para introducir la obligatoriedad del permiso paterno para las j¨®venes de 16 y 17 a?os que quieran abortar. El actual Gobierno de coalici¨®n PSOE-Unidas Podemos ha mostrado su intenci¨®n de derogar ese art¨ªculo.
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