Un Constitucional descosido y en estado de alarma

El Gobierno de Pedro S¨¢nchez est¨¢ convencido: su decreto del primer estado de alarma que impuso el confinamiento domiciliario entre marzo y junio de 2020 para combatir una pandemia que lleg¨® a matar a 1.000 personas cada d¨ªa era lo que hab¨ªa que hacer, por necesario, imprescindible y legal. Pero el Tribunal Constitucional ha llegado a una conclusi¨®n muy distinta y ha declarado nula esa medida. La sentencia sobre el estado de alarma, nacida de un tribunal partido en este asunto por la mitad y en el que las dos partes han esgrimido argumentos jur¨ªdicos opuestos, ha dejado en la escena pol¨ªtica terreno abonado para m¨¢s enfrentamiento.

Los rescoldos del fallo judicial a¨²n siguen humeantes sobre la mesa del plenario del Tribunal Constitucional. Los 11 magistrados que integran este ¨®rgano ¡ªcuatro de los cuales llevan a?o y medio esperando su sustituci¨®n¡ª se van de vacaciones conscientes de que a la vuelta del verano les esperan otros asuntos explosivos sobre el material sensible de los derechos fundamentales.

La divisi¨®n total (seis a cinco) que se produjo al deliberar sobre el instrumento jur¨ªdico que us¨® el Gobierno para imponer el confinamiento amenaza con repetirse en algunas de las principales sentencias pendientes, que van desde la constitucionalidad de la prisi¨®n permanente revisable que aprob¨® el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) a la ley de eutanasia del actual Ejecutivo de coalici¨®n (PSOE-Unidas Podemos), pasando por los ¨²ltimos fallos sobre el proc¨¦s. Una agenda endiablada que, despu¨¦s de los recientes enfrentamientos internos, anuncia para el tribunal un oto?o cargado de alta tensi¨®n.

El fallo que declar¨® inconstitucional una parte del estado de alarma, tras 15 horas de deliberaci¨®n en cuatro sesiones de pleno, supuso la culminaci¨®n de una serie de episodios acumulados en el Constitucional durante el ¨²ltimo a?o. La resaca de la sentencia desencaden¨® un suceso nunca visto en el tribunal: se tuvo que suspender un pleno porque los seis magistrados que hab¨ªan sumado mayor¨ªa y logrado anular el confinamiento se sintieron ofendidos por otro magistrado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, que les llam¨® ¡°juristas de sal¨®n¡± y ¡°legos¡± en la materia en el borrador de su voto particular, luego corregido. Esos seis magistrados se plantaron y no hubo pleno. ¡°Fue mejor as¨ª. Los ¨¢nimos no estaban para deliberar¡±, cuenta uno de los jueces al recordar el episodio.

C¨¢ndido Conde-Pumpido se disculp¨® por la dureza de su escrito, pero la fractura era imposible de ocultar. Juan Antonio Xiol, magistrado del sector progresista y autor del ¨²ltimo de los cinco votos particulares discrepantes con el fallo, lleg¨® a defender la necesidad de que esa doctrina del Constitucional sobre el estado de alarma, aprobada por un solo voto de diferencia, sea corregida en una pr¨®xima sentencia.

El problema para los 11 magistrados del Constitucional es que la tremenda bronca originada por ese fallo tiene una amenaza de r¨¦plica situada al regreso de las vacaciones. Entonces deber¨¢n resolver el recurso de Vox contra el segundo estado de alarma, que tuvo una duraci¨®n de seis meses y, por tanto, un control parlamentario mucho m¨¢s laxo que el primero. Vox, que present¨® tambi¨¦n el primer recurso, y el PP compiten desde hace meses para conseguir que el Constitucional tumbe decisiones y leyes importantes del Gobierno. Han recurrido el estado de alarma, la ley de eutanasia o la nueva legislaci¨®n educativa, entre otros asuntos.

El segundo recurso contra el estado de alarma plantea aspectos nuevos con respecto al primero. Aqu¨ª ya no hubo confinamiento de la poblaci¨®n, aunque s¨ª restricci¨®n de derechos. El ponente, el magistrado del sector conservador Antonio Narv¨¢ez, llevar¨¢ su proyecto de sentencia al pleno de septiembre. Deber¨¢ resolver si el per¨ªodo de seis meses para dicha situaci¨®n fue excesivo y si esa duraci¨®n fue inconstitucional porque supuso eludir o reducir al m¨¢ximo el control parlamentario.

La mayor¨ªa conservadora del Constitucional pondr¨¢ objeciones graves a ese estado de alarma de seis meses, sobre todo al aparecer unido con la delegaci¨®n de competencias a las comunidades aut¨®nomas, seg¨²n indican fuentes del tribunal. Fue aquel sistema de la cogobernanza que defendi¨® el presidente Pedro S¨¢nchez y que hoy sigue activo el que figura cuestionado tambi¨¦n en el recurso, al ver en ello un intento de eludir responsabilidades por parte del Gobierno.

La batalla por la renovaci¨®n y la presidencia

Hay batallas en el Constitucional que pueden parecer prematuras, pero ah¨ª est¨¢n o, al menos, se intuyen. Por ejemplo, por la presidencia del tribunal. El presidente actual, Juan Jos¨¦ Gonz¨¢lez Rivas, y la vicepresidenta, Encarnaci¨®n Roca, tienen el mandato caducado desde noviembre de 2019 y ser¨¢n de los que cesen cuando haya renovaci¨®n (en caso de que haya acuerdo entre los partidos).

Con este motivo se apunta otra pugna importante. El a?o que viene ha de haber otra renovaci¨®n del Constitucional, la de dos magistrados que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial y otros dos que debe designar el Gobierno. Si el Consejo sigue sin capacidad de efectuar nombramientos ¡ªpor estar, ¨¦l tambi¨¦n, con el mandato prorrogado¡ª, se discutir¨¢ si el Ejecutivo puede hacerlos. El art¨ªculo 159.3 de la Constituci¨®n establece que ¡°los miembros del Tribunal Constitucional ser¨¢n designados por un per¨ªodo de nueve a?os y se renovar¨¢n por terceras partes cada tres¡±.

El debate surgir¨ªa si no se puede cumplir esa previsi¨®n de que el cambio tiene que ser de un tercio completo del tribunal, es decir, de cuatro magistrados y no solo de dos. El Gobierno, desde luego, tratar¨ªa de nombrar a toda costa a los dos que le tocan. Los actuales que llegaron por este turno ¡ªPedro Gonz¨¢lez Trevijano, ponente de la sentencia que anul¨® el confinamiento, y Antonio Narv¨¢ez, ponente de la futura sentencia sobre el segundo estado de alarma¡ª fueron designados a propuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP). Si se produce el relevo en estos puestos, el tribunal podr¨ªa pasar de tener una mayor¨ªa conservadora a otra progresista.