Los conflictos que m¨¢s ¡®duermen¡¯ en el Constitucional
Los recursos contra el aborto, la prisi¨®n permanente y la ley educativa catalana, en el ¡®top 10¡¯ de asuntos sin respuesta
Pablo Casado, inmerso en plena carrera electoral, no desaprovecha ninguna oportunidad. El pasado martes, despu¨¦s de que una ola de m¨¢s de un centenar de incendios intencionados asolara Asturias, el l¨ªder del PP se plant¨® en Oviedo y propuso condenar a prisi¨®n permanente revisable a los pir¨®manos que provoquen muertos con sus acciones. Apenas dos d¨ªas despu¨¦s, en la v¨ªspera del 8-M, recuper¨® de nuevo la pena, asemejable a la cadena perpetua. Eso s¨ª, esta vez para aplic¨¢rsela a los "asesinos de mujeres", dijo, explotando as¨ª el ol¨ªmpico silencio del Tribunal Constitucional (TC), que mantiene guardado en un caj¨®n, desde hace casi cuatro a?os, el recurso de inconstitucionalidad presentado por la oposici¨®n contra este m¨¢ximo castigo.
Una iniciativa que ya se ha colado entre los 10 recursos de inconstitucionalidad que m¨¢s tiempo llevan pendientes de resolver en el tribunal, seg¨²n el listado de finales de febrero facilitado por el ¨®rgano a EL PA?S, a trav¨¦s de su portal de Transparencia. Este documento refleja, adem¨¢s, c¨®mo algunos asuntos espinosos duermen durante largos periodos en sus cajones. Y lo hacen pese a que, como reconoci¨® Pascual Sala, expresidente del TC entre 2011 y 2013, en una entrevista con este diario con motivo del 40 aniversario de la Ley Fundamental: "Una justicia lenta no es una buena justicia. Y m¨¢s si es constitucional".
Seg¨²n el listado del tribunal de garant¨ªas, en este momento, el recurso de inconstitucionalidad que acumula m¨¢s d¨ªas sin un dictamen se present¨® hace ya casi una d¨¦cada. Aunque su tem¨¢tica sigue de actualidad. El 16 de octubre de 2009, un grupo de 50 diputados del PP promovi¨® una iniciativa contra la ley educativa catalana impulsada por el Govern (en manos del tripartito de PSC, ERC e ICV-EUiA) y respaldada por el 90% de la C¨¢mara regional. El medio centenar de parlamentarios de la formaci¨®n conservadora, que fue la ¨²nica junto a Ciutadans que vot¨® en contra de la norma, decidi¨® llevarla al Constitucional porque consideraba que limitaba los derechos ling¨¹¨ªsticos de los ciudadanos al no garantizar que se pueda elegir estudiar en castellano de forma continuada. Hoy, 3.432 d¨ªas despu¨¦s (9 a?os, 4 meses y 22 d¨ªas), ni ellos ni los miles de votantes a los que representan tienen contestaci¨®n.
Tampoco han logrado respuesta los 50 diputados del PP que acudieron al Constitucional contra la ley del aborto de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Este recurso ocupa el segundo lugar de la clasificaci¨®n de asuntos pendientes. Desde el 1 de junio de 2010 (8 a?os, 9 meses, y 9 d¨ªas) permanece dormido ¡ªal igual que el que present¨® el Gobierno de Navarra (UPN) al d¨ªa siguiente contra la misma normativa¡ª. Pese a que hace a?os que hay una ponencia base sobre la que debatir. Lo espinoso del tema y la posible falta de consenso dentro del tribunal provoca que no haya fecha en el horizonte.
De hecho, Francisco P¨¦rez de los Cobos, expresidente del tribunal de garant¨ªas entre 2013 y 2017, explic¨® a este diario que ¨¦l ten¨ªa la intenci¨®n de llevar el asunto al pleno del Constitucional, pero que entonces el PP acababa de ganar las elecciones por mayor¨ªa absoluta e inclu¨ªa en su programa modificar la ley del aborto: "Consult¨¦ al pleno y se entendi¨® que, si se aprobaba la reforma que estaba anunciada, el recurso iba a perder sentido. Y, por consiguiente, era mejor aguardar". La espera a¨²n sigue.
Contra la ¡®ley mordaza¡¯
El top 10 de recursos de inconstitucionalidad que m¨¢s tiempo llevan sin resolverse, seg¨²n consta en el documento del TC, contin¨²a con dos recursos presentados en 2015 por la oposici¨®n y el Parlamento de Catalu?a contra la ley mordaza; y con otro de 2015 de la oposici¨®n contra la reforma del C¨®digo Penal, que incluy¨® la prisi¨®n permanente a la que recurre Casado como arma electoral.
El ranking sigue despu¨¦s con dos asuntos de 2016: un recurso de Canarias contra la Ley de R¨¦gimen Jur¨ªdico del Sector P¨²blico y otro del Ejecutivo de Rajoy contra una ley del Gobierno de Arag¨®n que limita la duplicidad de ense?anzas en la privada si ya existen en la p¨²blica. Y acaba, finalmente, con otros dos temas de 2017: un recurso de Podemos contra el decreto ley del Gobierno del PP sobre las cl¨¢usulas suelo; y otro del Ejecutivo de Rajoy contra la ley vasca de abusos policiales, que Pedro S¨¢nchez ha decidido retirar.
El resto, ?hasta cu¨¢ndo permanecer¨¢n pendientes? Esa es la clave. Sobre todo, teniendo en cuenta que el TC ha llegado a abordar asuntos tan tarde ¡ªuno lleg¨® a estar casi 14 a?os sin respuesta¡ª que la legislaci¨®n recurrida ya se hab¨ªa retirado. Es m¨¢s, este 2019, meses despu¨¦s de que Rajoy dejase La Moncloa y la presidencia del PP, el tribunal resolvi¨® contra sus vetos a debates en el Congreso. El efecto pol¨ªtico fue nulo.
Y a mediados de este enero, semanas antes de que arrancase el juicio del proc¨¦s, el presidente del TC decidi¨® aplazar el debate sobre el recurso de amparo de Oriol Junqueras contra su prisi¨®n provisional, debido a que no hab¨ªa consenso dentro del tribunal sobre c¨®mo argumentar la sentencia. El l¨ªder de ERC sigue sin tener fecha para su resoluci¨®n.
Los recursos de inconstitucionalidad que m¨¢s tardaron en resolverse
- 4.954 d¨ªas. 13 a?os, 6 meses, y 22 d¨ªas estuvo pendiente el recurso que el Gobierno de Aznar present¨® en 1998 contra la ley vasca del Deporte. Hasta que el Tribunal Constitucional aval¨® finalmente las selecciones vascas si no compiten contra Espa?a.
- 4.821 d¨ªas. La Generalitat de Catalu?a llev¨® en 1999 al tribunal la ley que atribu¨ªa al Estado la competencia para autorizar operaciones de cr¨¦dito a largo plazo de los entes locales. El TC lo desestim¨® 13 a?os, 2 meses, y 6 d¨ªas despu¨¦s de presentarse.
- 4.775 d¨ªas. El Gobierno recurri¨® la ley de fundaciones de la Comunidad de Madrid que pretend¨ªa supervisar y controlar las fundaciones estatales del sector p¨²blico que funcionasen desde Madrid y las de las universidades p¨²blicas de la Comunidad. El Constitucional declar¨® inconstitucional esa supervisi¨®n y control.
- 4.750 d¨ªas. Desde febrero de 1998 hasta marzo de 2011 estuvieron sin respuesta dos recursos del Parlamento y Gobierno de Canarias contra la ley estatal del sector el¨¦ctrico; y un recurso del Gobierno de Aznar contra la ley canaria de regulaci¨®n del sector el¨¦ctrico. Se plantearon mutuamente por invasi¨®n de competencias. Y el Constitucional acab¨® anulando art¨ªculos de ambas leyes.
- 4.725 d¨ªas. En 1999, el PSOE llev¨® la reforma del IRPF al Constitucional, pero no obtuvo respuesta hasta 2012. El tribunal rechaz¨® todo el recurso, excepto una peque?a expresi¨®n de un apartado de un art¨ªculo que, adem¨¢s, ya hab¨ªa sido derogada.
- 4.582 d¨ªas. El PP recurri¨® en 2000 la ley navarra que permit¨ªa a los homosexuales adoptar. Se opon¨ªa porque los ni?os pod¨ªan sufrir problemas de "formaci¨®n y educaci¨®n". El Constitucional aval¨® finalmente que pudiesen adoptar, pero no dio una respuesta hasta 2013, una vez resuelto el del matrimonio gay.
- 4.580 d¨ªas. Aznar tambi¨¦n recurri¨® en 1999 la ley de selecciones catalanas. Y, al igual que con las vascas, el TC las aval¨® en 2012, siempre que no jugase Espa?a en esa competici¨®n.
- 4.549 d¨ªas. El tribunal aval¨® en 2011 las "leyes de acompa?amiento" de los Presupuestos, que se promulgan anualmente sobre materias que no guardan conexi¨®n alguna con el proyecto de ley, tras esperar 12 a?os, 5 meses y 8 d¨ªas. El PSOE hab¨ªa presentado el recurso en 1999.
- 4.466 d¨ªas. El Gobierno de Baleares llev¨® al Constitucional en 2000 un decreto del Ejecutivo de Aznar que regulaba los horarios comerciales y permit¨ªa las gasolineras en grandes establecimientos comerciales. Cuando el TC resolvi¨® en 2012 ya se hab¨ªa modificado varios de los puntos recurridos, por lo que se dio por extinguido casi todo el recurso. Solo se anularon dos apartados por invasi¨®n de competencias.
- 4.443 d¨ªas. El Gobierno del PP present¨® en 1999 un recurso contra la ley el¨¦ctrica de Castilla-La Mancha. Se anularon en 2011 varios preceptos que hac¨ªan recaer sobre el distribuidor algunos costes, que tipificaban como infracciones conductas relacionadas con el r¨¦gimen tarifario y que introduc¨ªa un plazo de prescripci¨®n de las infracciones graves m¨¢s breve que el establecido en la legislaci¨®n b¨¢sica estatal.
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