Pilar Llop: ¡°Creo bastante improbable que el Supremo pueda anular los indultos¡±

La jueza Pilar Llop Cuenca, madrile?a de 48 a?os, ha sido diputada auton¨®mica, delegada del Gobierno para la violencia de g¨¦nero, senadora, presidenta del Senado y ahora es ministra de Justicia. Cuenta que su trabajo en los tres poderes del Estado (judicial primero; legislativo, despu¨¦s; y ejecutivo ahora) le ha dado una ¡°visi¨®n de 360 grados¡± para analizar la actualidad. En sus respuestas, prolijas como una sentencia del Supremo, coloca por delante el respeto a los procedimientos, explica c¨®mo v¨¦ los hechos y tras varios resultandos y considerandos, dicta veredicto.

Pregunta. ?Tiene esperanza de renovar en esta legislatura el Consejo del Poder Judicial?

Respuesta. Nadie pod¨ªa prever que alg¨²n grupo parlamentario pudiera ser desleal con la Constituci¨®n y bloquear la renovaci¨®n. Hay que pedir que se cumpla con la Constituci¨®n y que se haga con el sistema vigente, que es v¨¢lido, constitucional y avalado por una ley org¨¢nica que el propio PP respet¨® y cumpli¨® cuando gobern¨® y procedi¨® a nombrar a los vocales en el Parlamento, que es donde corresponde. Este bloqueo genera una imagen muy mala para Espa?a, como vimos en el ¨²ltimo informe sobre el Estado de derecho que ha hecho el comisario [de Justicia de la UE, Didier] Reynders. Yo me reun¨ª con ¨¦l nada m¨¢s llegar al ministerio y lo que dice el comisario es que se proceda ya a la renovaci¨®n del ¨®rgano y posteriormente se abra un debate sobre otros modelos de Consejo General del Poder Judicial. Yo ya digo que el Gobierno de Espa?a defiende el modelo vigente.

P. ?Abrir¨¢n un debate una vez que se renueve el actual Poder Judicial?

R. Nunca hay que eludir ning¨²n debate. De los pa¨ªses europeos donde hay consejos similares al nuestro, el modelo espa?ol es el que dota de mayor independencia y mayores competencias a ese ¨®rgano. Si el poder judicial es considerado un poder del Estado, tambi¨¦n es de los ciudadanos, que tienen algo que decir a la hora de decidir qui¨¦nes van a ser las personas representadas en el Consejo del Poder Judicial. Este es un ¨®rgano que, entre otras cosas, nombra a los magistrados del Supremo. En el caso de La Manada hubo una desafecci¨®n absoluta de la ciudadan¨ªa hacia una resoluci¨®n judicial, una ciudadan¨ªa que no comprend¨ªa que se hubiera hecho una interpretaci¨®n jur¨ªdica que no se correspond¨ªa con la realidad y que luego fue restaurada en la interpretaci¨®n por el Supremo. Por eso es tan importante el Consejo del Poder Judicial, que adem¨¢s decide sobre la responsabilidad disciplinaria de los jueces y las juezas, sobre la formaci¨®n de los jueces y las juezas, y por supuesto los ciudadanos tienen algo que decir de todo esto. Otra cosa es que el Parlamento decida cambiar el modelo. Eso no puede ser un proyecto de ley que salga del Gobierno, tiene que ser una proposici¨®n de ley que salga del Parlamento. La ciudadan¨ªa, a trav¨¦s de sus representantes, debe decidir cu¨¢l es el modelo que quiere.

P. ?Pero aceptan abrir ese debate antes de la renovaci¨®n?

R. El debate ya est¨¢ abierto. Otra cosa es si queremos que se haga un debate parlamentario, que creo que ser¨ªa lo oportuno.

P. Si se renueva el Poder Judicial, ?le gustar¨ªa que fuera elegida una mujer como presidenta de ese ¨®rgano y del Supremo?

R. Es evidente que en el Tribunal Supremo hay una infrarrepresentaci¨®n de las mujeres, cuando adem¨¢s no existe ning¨²n motivo para que las mujeres no est¨¦n representadas en un porcentaje que refleje la propia sociedad en que vivimos. Nosotras somos un poco m¨¢s de la mitad de la poblaci¨®n y tenemos que ocupar los espacios p¨²blicos y de toma de decisi¨®n del modo en el que est¨¢ representada nuestra sociedad. Es una decisi¨®n de pura democracia. La cuesti¨®n que me plantea es una necesidad, yo creo que es una cuesti¨®n evidentemente de democracia, el que tengamos ahora o en cualquier otro momento, pero si fuera ahora ser¨ªa muy oportuno, que de una vez por todas hubiera una mujer que pudiera presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. No se trata de elegir a las mujeres porque son mujeres, sino que se trata de que ante una igualdad de m¨¦ritos se elija al sexo que est¨¦ menos representado, que en este caso sabemos que son las mujeres.

P. Su antecesor anunci¨® varias veces un acuerdo con el PP para renovar el consejo, pero nunca se hizo realidad. ?Ha hablado ya con el PP? ?Puede anunciar alg¨²n acuerdo?

R. Soy escrupulosa con la divisi¨®n de poderes. La renovaci¨®n del consejo no puede ser un acuerdo del Gobierno, ni un acuerdo de partido a partido, es un acuerdo de las fuerzas pol¨ªticas representadas en el Congreso y en el Senado. Ahora bien, cuantas m¨¢s v¨ªas de di¨¢logo se puedan abrir mucho mejor, siempre que est¨¦n destinadas a llegar a un acuerdo. No se pueden poner por delante condicionantes cuando lo que se est¨¢ haciendo es incumplir la Constituci¨®n, pido que se cumpla con la Constituci¨®n, que se tenga altura de miras y sentido de Estado. Este bloqueo institucional genera un da?o a la imagen de las instituciones que no se debe permitir de ninguna manera. As¨ª que pido que el PP proceda al desbloqueo de esta situaci¨®n.

P. El Tribunal Constitucional est¨¢ dictando sentencias muy relevantes cuando un tercio de sus integrantes tiene el mandato caducado desde hace casi dos a?os. Y con un magistrado menos, que dimiti¨® en octubre pasado y que no ha sido sustituido...

R. Mi respeto absoluto a las resoluciones del Constitucional. Eso es evidente. Pero hay que ser realistas con la situaci¨®n que tenemos. Hay 12 magistrados y magistradas del Constitucional, ahora mismo hay una vacante y lo que ocurre adem¨¢s es que el voto de calidad del presidente del Constitucional no puede operar. Lo que se est¨¢ generando es una disfunci¨®n en el ¨®rgano constitucional, el garante de la Constituci¨®n, el garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, es imprescindible tambi¨¦n la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional.

P. Usted y el presidente S¨¢nchez sostienen que el decreto de alarma que impuso el confinamiento domiciliario fue conforme a los par¨¢metros constitucionales, a diferencia de lo que entiende el Tribunal Constitucional. ?Si se repitiera la crisis sanitaria de marzo de 2020, volver¨ªan ustedes a optar por el decreto de alarma para confinar a la poblaci¨®n?

R. Esperemos que no vuelva a producirse una situaci¨®n similar. El Constitucional ya se ha pronunciado, pero es evidente que ha sido una sentencia internamente controvertida donde ha habido cinco votos particulares que han optado por que el instrumento jur¨ªdico adecuado era el estado de alarma y no el estado de excepci¨®n, y aqu¨ª repito, con una vacante sin cubrir y donde el voto de calidad del presidente del Constitucional, que entendi¨® que lo que correspond¨ªa era el estado de alarma, no ha podido operar. Pero aqu¨ª quiero hacer una reflexi¨®n sobre las circunstancias en las que se produjo el estado de alarma. Cuando se hace la interpretaci¨®n del derecho a la libertad ambulatoria, si era una suspensi¨®n de ese derecho o era una limitaci¨®n, por parte de los seis magistrados que entienden que lo que hab¨ªa era un estado de excepci¨®n, se sit¨²an en una perspectiva de 1981, cuando se dicta la ley del estado de alarma, excepci¨®n y sitio. Si se hubiera producido esta misma situaci¨®n en aquel momento, 40 a?os atr¨¢s, se hubiera producido un colapso total del Estado: no hubiera podido funcionar el Parlamento, un colapso sanitario, econ¨®mico, del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales que no habr¨ªan podido celebrar juicios virtuales, como s¨ª han estado celebrando ahora gracias a todo el desarrollo legislativo que se ha hecho; los ciudadanos hubi¨¦ramos estado confinados en nuestros hogares sin tener informaci¨®n de lo que pasaba. Y, sin embargo, eso no ha ocurrido. Porque hemos estado presentes, a lo mejor no f¨ªsicamente, pero hemos estado presentes en reuniones de trabajo, el Parlamento ha podido funcionar a trav¨¦s de videoconferencias... Hay personas que lo han pasado muy mal y no han podido continuar con su actividad normal, pero para eso se ha desarrollado un escudo social para atender a sus necesidades. Ese colapso del Estado ahora no se ha producido, se hubiera producido en aquel momento [de 1981]. Hay que hacer una reflexi¨®n sobre el derecho a la libertad deambulatoria y situarnos en la perspectiva actual, con el desarrollo de las nuevas tecnolog¨ªas, que nos va a permitir salir de esta crisis cuanto antes y con el menor da?o posible.

P. ?Teme que el Constitucional aborde la sentencia de la ley del aborto con la ponencia que prepara el exdiputado del PP y magistrado Andr¨¦s Ollero?

R. No puedo aventurar cu¨¢l puede ser la resoluci¨®n del Constitucional, pero lo que s¨ª puedo decir es que ahora, cuando no hay un clamor por reformar el sistema de la actual ley del aborto, que es una ley de plazos que cuando se hizo nos situ¨® al nivel de otros pa¨ªses avanzados democr¨¢ticamente en el respeto de los derechos y la dignidad de las mujeres, la libertad para decidir sobre su maternidad, que es algo absolutamente personal¨ªsimo que tenemos las mujeres y que nos corresponde por nuestra propia naturaleza. Ahora no es el momento en que tenemos que tocar este tema. Cuando se intent¨® por [Alberto] Ruiz-Gallard¨®n, le cost¨® el puesto de ministro. Esto supondr¨ªa un retroceso absoluto para los derechos de salud y reproductivos de las mujeres, volver¨ªan a la clandestinidad poniendo en riesgo la vida y la integridad f¨ªsica de las mujeres... Lo que tenemos que hacer es avanzar en derechos. Espa?a es un pa¨ªs que ha defendido la igualdad de mujeres y hombres, es un pa¨ªs avanzado que ha hecho las leyes m¨¢s progresistas de la historia cuando en el Gobierno ha estado el PSOE: la ley contra la violencia de g¨¦nero; la ley de igualdad del a?o 2007; en esta legislatura hemos aprobado la ley de eutanasia, la ley de violencia contra la infancia y la adolescencia, la de modificaci¨®n del C¨®digo Civil y Procesal para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, estamos trabajando en la ley trans y de derechos LGTBI, en la ley contra la violencia sexual. Esto que me pregunta usted de retrotraernos y retroceder en los derechos de las mujeres ser¨ªa, desde luego, dar un paso atr¨¢s sin precedentes.

P. Dos magistrados del Constitucional han firmado votos particulares contra la sentencia que avalaba las condenas del Supremo a los l¨ªderes del proc¨¦s. Esos dos magistrados consideraban las penas por sedici¨®n desproporcionadas. ?Han aparcado definitivamente el proyecto de reforma del delito de sedici¨®n?

R. No est¨¢ aparcado definitivamente. Pero me gustar¨ªa separar el debate sobre la reforma del C¨®digo Penal, no solo respecto al delito de rebeli¨®n y sedici¨®n, sino respecto a otras conductas, del tema de Catalu?a. Se est¨¢ haciendo un estudio en el Ministerio de Justicia tendente a una mejor regulaci¨®n de esos delitos para adaptarlos a otros pa¨ªses democr¨¢ticos y Estados de derecho de nuestro entorno y analizando la proporcionalidad en las penas de estos delitos. No se ha aparcado, pero recordemos que el presidente del Gobierno ha dicho que actualmente no se dan las mayor¨ªas necesarias en el Congreso y en el Senado para poder aprobar una reforma de estas caracter¨ªsticas, pero los trabajos se est¨¢n haciendo.

P. ?La Sala de lo Contencioso del Supremo puede anular los indultos del Gobierno a los l¨ªderes independentistas catalanes?

R. No s¨¦ lo que va a hacer la Sala de lo Contencioso Administrativo, pero sinceramente creo que es bastante improbable que eso suceda desde el punto de vista jur¨ªdico.

P. ?Si vuelve el expresidente Carles Puigdemont a Espa?a ser¨¢ detenido?

R. Hay que esperar la decisi¨®n del Tribunal de Justicia europeo sobre la cuesti¨®n prejudicial que ha planteado el juez Llarena, lo que va a arrojar luz sobre la actuaci¨®n de los tribunales belgas en relaci¨®n con la euroorden, cuyo cumplimiento deber¨ªa ser autom¨¢tico y no estar sometido a ning¨²n tipo de cuesti¨®n sobre reciprocidad en la legislaci¨®n de un pa¨ªs y otro. La decisi¨®n del Tribunal Superior de Justicia Europeo va a sentar un precedente sobre todos los pa¨ªses de la Uni¨®n y sobre la aplicaci¨®n que hay que dar a las ¨®rdenes de detenci¨®n.