Justicia defiende que la entrega de Puigdemont tiene que esperar

El Ministerio de Justicia, en el que se encuadra la Abogac¨ªa del Estado, considera que la posible entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a Espa?a tendr¨¢ que esperar hasta que el Tribunal General de la Uni¨®n Europea (TGUE) se pronuncie sobre su inmunidad. Ello no supone considerar innecesario o prescindible el pronunciamiento de la Justicia italiana, que ha citado a Puigdemont para el pr¨®ximo 4 de octubre. Pero s¨ª se entiende que lo coherente con la posici¨®n defendida por la Abogac¨ªa del Estado en este asunto es interpretar que la orden de detenci¨®n (OED) dictada por el juez del Supremo Pablo Llarena en octubre de 2019 se encuentra ahora paralizada.

Este par¨¦ntesis temporal se debe a que el juez Llarena tiene presentada ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) ¡ªinstancia superior al citado Tribunal General¡ª una cuesti¨®n prejudicial o consulta en la que cuestiona que la Justicia belga haya rechazado la entrega del propio Puigdemont (junto a la de los exconsejeros Llu¨ªs Puig y Clara Ponsat¨ª) con el argumento de que fueron juzgados por un tribunal (el Supremo) que no era competente para ello, y que hay un informe de un grupo de trabajo de Naciones Unidas que sostiene que en Espa?a no se respetan los derechos humanos.

La presentaci¨®n de tal cuesti¨®n paraliza forzosamente, seg¨²n la Abogac¨ªa del Estado, la vigencia de la orden de detenci¨®n, hasta que se conozca si el Tribunal de Justicia de la UE decide que los jueces belgas aplicaron indebidamente o no el derecho europeo; en concreto las normas sobre la efectividad de las ¨®rdenes de detenci¨®n. El par¨¦ntesis abarcar¨ªa el per¨ªodo en que se halle abierto un procedimiento como el actual, de cuya resoluci¨®n pueda depender la entrega o no del reclamado.

La tesis de Justicia, que respalda plenamente la actuaci¨®n de la Abogac¨ªa, es que el propio Tribunal de Justicia de la UE tiene aprobadas unas recomendaciones que a su juicio son muy claras sobre el par¨¦ntesis ahora abierto en el procedimiento. La norma n¨²mero 25 de las ¡°recomendaciones a los ¨®rganos jurisdiccionales nacionales¡± establece que, ¡°aunque el ¨®rgano jurisdiccional nacional sigue siendo competente para adoptar medidas cautelares, especialmente cuando la cuesti¨®n planteada se refiera a la validez de un acto o disposici¨®n, la presentaci¨®n de una petici¨®n de decisi¨®n prejudicial entra?a sin embargo la suspensi¨®n del procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie¡±.

Este precepto fue citado por el propio Tribunal General de la UE cuando el pasado 30 de julio rechaz¨® suspender el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont, que la hab¨ªa perdido por decisi¨®n del Parlamento Europeo. Esta suspensi¨®n fue solicitada por la defensa como medida cautelar¨ªsima, ante la posibilidad de que la p¨¦rdida de dicha prerrogativa pudiera provocar su detenci¨®n si sal¨ªa de B¨¦lgica. El tribunal estim¨® innecesaria la medida a la vista de que, ¡°como han confirmado las autoridades espa?olas, el proceso penal en cuesti¨®n fue suspendido por dicha petici¨®n¡±, la de la mencionada cuesti¨®n prejudicial.

En Justicia se estima que la Abogac¨ªa obr¨® con arreglo a las normas de los tribunales de la UE al efectuar tal confirmaci¨®n. El Tribunal General acept¨® el argumento subrayando que, a mayor abundamiento, ¡°dicha suspensi¨®n est¨¢ prevista por las recomendaciones [¡­] a la atenci¨®n de los ¨®rganos jurisdiccionales nacionales¡±. Hubo, en suma, una identidad de criterios entre las alegaciones del Reino de Espa?a ¡ªrepresentado por la Abogac¨ªa del Estado¡ª y el Tribunal General de la UE, que destac¨® en su resoluci¨®n que las autoridades espa?olas reconoc¨ªan ¡°la suspensi¨®n de cualquier procedimiento de ejecuci¨®n de una orden de detenci¨®n europea que pudiera incoarse¡±.

Ni la Abogac¨ªa ni el Supremo quieren convertir en materia de debate p¨²blico sus respectivos enfoques jur¨ªdicos. Pero mientras Justicia defiende la posici¨®n de la primera, en el Supremo se pone el acento en que la orden de detenci¨®n de Puigdemont nunca dej¨® de estar en vigor. El problema nace de que la representaci¨®n del Reino de Espa?a ante los tribunales europeos no la ejerce directamente el Supremo, sino la Abogac¨ªa del Estado. Y de que en este asunto no ha habido comunicaci¨®n fluida entre ambas instancias. Tampoco est¨¢ garantizado que, si la hubiera habido, se hubiese diluido la diversidad de enfoques. Se recuerda como precedente similar que el Supremo tambi¨¦n formaliz¨® otra cuesti¨®n prejudicial sobre el proc¨¦s en pleno curso de la causa penal, y no por ello la detuvo, ni puso en libertad a los l¨ªderes independentistas.

Entretanto, la defensa de Puigdemont se plantea pedir esta semana al Tribunal General de la UE que se deje sin efecto el levantamiento de la inmunidad el expresidente catal¨¢n, para que quede claro que goza de esta prerrogativa mientras no se dirima el conflicto entre la Justicia espa?ola ¡ªque solicit¨® su entrega¡ª y la belga, que la deneg¨®.

Recurso preparado

El recurso est¨¢ preparado, pero a¨²n no se ha formalizado, seg¨²n manifest¨® este domingo a EL PA?S el letrado Gonzalo Boye, encargado del caso. Para Boye, lo relevante de la comparecencia de Puigdemont ante los jueces de Cerde?a, el pr¨®ximo 4 de octubre, es que va a poner de manifiesto que la pol¨¦mica en torno a la inmunidad de su defendido carece de sentido, que es una controversia literalmente ¡°muerta¡±.

La defensa de Puigdemont no comparte los postulados de la Abogac¨ªa del Estado ante los tribunales europeos, pero estima que en este asunto actu¨® correctamente en su interpretaci¨®n del alcance de una cuesti¨®n prejudicial.

Boye pidi¨® al Tribunal General que, como medida cautelar¨ªsima, se suspendiera el acuerdo del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad de Puigdemont. Y la Abogac¨ªa lo estim¨® innecesario. En eso discreparon. Pero Boye comparte la tesis de la Abogac¨ªa de que la legislaci¨®n europea garantizaba esa inmunidad en este momento. Desde el Tribunal Supremo, en cambio, se considera que la Abogac¨ªa ha incurrido en ¡°un error, intencionado o no¡±, porque la orden de detenci¨®n estaba y est¨¢ en vigor.