Meritxell Batet aplaza su decisi¨®n sobre el diputado Alberto Rodr¨ªguez y pide m¨¢s aclaraciones al Supremo

La Mesa del Congreso de los Diputados no ha resuelto este jueves c¨®mo queda la enmara?ada situaci¨®n del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodr¨ªguez, tras un largo debate interno en una sesi¨®n extraordinaria convocada de urgencia para aclarar el conflicto institucional abierto con uno de los m¨¢s relevantes ¨®rganos del Poder Judicial. La Mesa solo ha decidido por ahora pedir una nueva aclaraci¨®n al Tribunal Supremo sobre ¡°los efectos¡± de su sentencia en la que condenaba al parlamentario por pegar una patada a un polic¨ªa en una concentraci¨®n en La Laguna en 2014. El ¨®rgano de gobierno de las Cortes se ha dividido en el debate, al final se ha producido una fijaci¨®n de posturas, cinco miembros (dos del PSOE y tres de Unidas Podemos) han optado por reclamar al Supremo que determine si ejecutar la inhabilitaci¨®n quiere decir retirarle ya el esca?o, tres han votado en contra (dos del PP y uno de Vox) y la presidenta, Meritxell Batet, no se ha decantado con su voto, aunque en otro momento del debate s¨ª ha llegado a reconocer que al final tendr¨¢ que ejecutarse la sentencia y quitar el esca?o al diputado. El Supremo tendr¨ªa ahora tres d¨ªas para responder y la siguiente Mesa se volver¨¢ a reunir el martes que viene.

La reuni¨®n de la Mesa del Congreso ha comenzado este jueves cerca de las dos de la tarde y no ha terminado hasta casi las 16.30 horas, tras un debate intenso, donde las posiciones han quedado muy divididas entre los dos bloques ideol¨®gicos presentes en el ¨®rgano de gobierno de la C¨¢mara, los cinco componentes progresistas y los tres conservadores. La mayor¨ªa formada por PSOE y Unidas Podemos entend¨ªa que la posici¨®n reiterada el mi¨¦rcoles por un oficio del Tribunal Supremo en el que se instaba al Congreso a se?alar desde cuando se proced¨ªa a la inhabilitaci¨®n del diputado Rodr¨ªguez no deb¨ªa suponer de forma inmediata la retirada de su esca?o para el resto de la legislatura y abog¨® por demandar al presidente de esa sala, Manuel Marchena, una aclaraci¨®n inequ¨ªvoca.

Los representantes de la derecha no ten¨ªan duda alguna y ratificaron que el parlamentario deber¨ªa abandonar su esca?o ya y en su defecto incluso dimitir de forma inminente. Los componentes del PP y Vox, adem¨¢s, advirtieron a Batet que la decisi¨®n y la responsabilidad en este caso le correspond¨ªa a ella y tambi¨¦n sus consecuencias, lo que desde el sector progresista se entendi¨® como una presi¨®n a?adida y hasta una amenaza. Meritxell Batet ha consultado sobre ese aspecto con el secretario general de la C¨¢mara, que seg¨²n diversas fuentes ha confirmado que efectivamente la competencia de c¨®mo se ejecuta la sentencia del Supremo le correspond¨ªa solo a la presidenta. Fue en ese momento cuando Batet ha expresado por primera vez su opini¨®n personal sobre este conflicto y seg¨²n varios de los presentes avanz¨® que ten¨ªa ¡°claro¡± que tras el nuevo oficio del Supremo la condena deb¨ªa suponer la p¨¦rdida del esca?o del diputado. Pero incluso tras adelantar ese criterio, Batet ha solicitado media hora de receso para reflexionar y luego ha emitido un comunicado en el que no expresa esa posici¨®n y se limita a demandar aclaraciones al Supremo.

En el comunicado de Batet solo se informa de que en la reuni¨®n de la Mesa de este jueves se hab¨ªa adoptado el acuerdo, ¡°por mayor¨ªa de 5 a 3¡å, de ¡°solicitar al Tribunal Supremo aclaraci¨®n sobre los efectos de su sentencia en la condici¨®n de diputado de don Alberto Rodriguez, sin perjuicio de la competencia de la presidenta del Congreso para dar respuesta al oficio del Tribunal Supremo recibido ayer sobre el inicio del c¨®mputo de la pena¡±. Esa ¨²ltima frase tambi¨¦n es interpretada de manera diferente seg¨²n cada sector de la Mesa consultado. El vicepresidente cuarto, Ignacio Gil L¨¢zaro, de Vox, consider¨® que Batet se hab¨ªa decantado claramente en la reuni¨®n a favor de sus tesis de retirar a Rodr¨ªguez de su esca?o y luego solo indicaba que se lo iba a comunicar al presidente del Supremo. La vicepresidenta segunda, Ana Pastor, y el secretario de la Mesa, Adolfo Su¨¢rez Illana, tambi¨¦n se sumaron a esa idea y aprovecharon para asegurar que ni la Mesa ni la presidenta deb¨ªan buscar ¡°m¨¢s excusas ni maniobras de dilaci¨®n¡± para postergar la retirada del esca?o al diputado de Podemos. Vox y PP s¨ª apuntaron a que si Batet variaba la opini¨®n que hab¨ªa expresado dentro de la cita o no ejecutaba de forma inminente la condena del Supremo podr¨ªa estar incumpliendo una sentencia y aceptando ¡°presiones oscuras y escandalosas¡±.

Desde el PSOE y Podemos no solo no asumen esa versi¨®n sino que ofrecen una lectura totalmente contraria. Gerardo Pisarello y Javier S¨¢nchez Serna, representantes de Unidas Podemos en la Mesa, defendieron que con su petici¨®n de aclaraciones al Supremo Batet hab¨ªa consagrado ¡°la autonom¨ªa parlamentaria¡± porque entender¨ªan como algo muy grave que un tribunal pudiese eliminar la condici¨®n de diputado durante casi dos a?os por una sanci¨®n que se hab¨ªa penado con solo 45 d¨ªas de prisi¨®n y 540 euros de multa. Y a?adieron como advertencia que si esa decisi¨®n se lleva a efecto al final podr¨ªa acabar en todos los tribunales espa?oles y europeos.

La Mesa hab¨ªa considerado este mismo martes, en su anterior reuni¨®n y a la vista de un informe de los letrados de la C¨¢mara y con la oposici¨®n de PP y Vox, que la ¡°inhabilitaci¨®n especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo¡± que hab¨ªa impuesto el Tribunal Supremo estaba saldada, ya que iba aparejada a la pena de un mes y medio de c¨¢rcel, sustituida en el fallo por una multa de 540 euros. El Supremo no compart¨ªa ese criterio y se dirigi¨® inmediatamente a la presidenta de la C¨¢mara, Meritxell Batet, para instarle a que aclarase cu¨¢ndo pensaba ejecutar la sentencia que, seg¨²n esa interpretaci¨®n, privar¨ªa al diputado Alberto Rodr¨ªguez de su esca?o, algo que hasta ahora solo ha sucedido con los l¨ªderes del proc¨¦s.

No hay un precedente id¨¦ntico al del parlamentario de Unidas Podemos, pero s¨ª decisiones de la Junta Electoral y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que, seg¨²n fuentes del tribunal, deber¨ªan servir ahora de jurisprudencia. Entre otras, la inhabilitaci¨®n del expresident Quim Torra por ¡°inelegibilidad sobrevenida¡± antes de que existiera una sentencia firme que le obligara a apartarse del cargo. Esta figura se emple¨® tambi¨¦n contra Oriol Junqueras, el l¨ªder de ERC, para retirarle la condici¨®n de eurodiputado tras ser condenado a 13 a?os de prisi¨®n.

Esta resoluci¨®n hace referencia al art¨ªculo 6.2.a de la ley electoral, que establece que son inelegibles los ¡°condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el per¨ªodo que dure la pena¡±. Pero en el caso del diputado de Unidas Podemos la pena de prisi¨®n ha sido conmutada por una multa, por lo que los letrados del Congreso sostienen que este precepto ya no puede aplicarse. En el Supremo hay dudas sobre esta interpretaci¨®n, pero, en cualquier caso, la Sala de lo Penal considera que la condena de inhabilitaci¨®n no se ha conmutado con la multa y el diputado debe cumplirla.

La Mesa resolvi¨® este pasado martes, con el apoyo de los seis miembros del PSOE y Unidas Podemos frente a los tres del PP y Vox, que el parlamentario pod¨ªa continuar con su esca?o, aunque precisamente en estos d¨ªas apenas aparece p¨²blicamente por el Congreso y no se deja ver por el pleno. El debate fue agrio tanto en la Mesa como en la posterior Junta de Portavoces.

PP y Vox cuestionaron la idea, refrendada por la mayor¨ªa agarr¨¢ndose al informe de los letrados, de que la multa aplicada sustitu¨ªa de hecho la pena principal. El secretario cuarto de la Mesa, el diputado popular Adolfo Su¨¢rez Illana, argument¨® en la reuni¨®n que el caso es ¡°una manifiesta situaci¨®n de inelegibilidad sobrevenida, que debe privar del derecho de sufragio pasivo ope legis [¡±por el dictado de la ley¡±] y, por tanto, conlleva la perdida de dicha condici¨®n de diputado para la que result¨® elegido en las ¨²ltimas elecciones generales¡±. Y rebate la tesis de que si el Supremo hubiese considerado que la multa ¡°ya era la naturaleza de la pena, o de su resultante, no llevar¨ªa aparejada la accesoria de inhabilitaci¨®n especial sobre la que el tribunal ha insistido en su escrito de aclaraci¨®n de sentencia¡±.

El pulso con el Supremo llega dos semanas despu¨¦s de que la direcci¨®n del Congreso sufriese otro rev¨¦s en el Tribunal Constitucional, que anul¨® la restricci¨®n de actividades de la C¨¢mara del inicio de la pandemia por vulnerar derechos de los diputados. Esa sentencia caus¨® fuerte malestar entre los partidos del Gobierno. La propia Batet sali¨® al quite para recordar que varios Parlamentos auton¨®micos estuvieron cerrados en aquellos d¨ªas y que Vox, el autor del recurso ante el Constitucional, tambi¨¦n pidi¨® la suspensi¨®n de un pleno tras contagiarse uno de sus diputados.