El factor pol¨ªtico del final del terrorismo

Hace diez a?os que finaliz¨® el terrorismo etarra y las Cortes espa?olas, debido al desacuerdo entre los principales partidos, siguen sin reconocer la victoria del Estado de derecho sobre la lacra heredada del franquismo que marc¨® la democracia espa?ola. Un ¨¦xito continuador de la Transici¨®n y palpable en el cambio radical de la vida en Euskadi, donde la izquierda independentista tiene pendiente reconocer la injusticia del terrorismo etarra, aunque en este d¨¦cimo aniversario ha dado un paso esperanzador en esa direcci¨®n al asumir que no deb¨ªa haberse producido el da?o causado a las v¨ªctimas de ETA.

A excepci¨®n de la izquierda independentista, los principales partidos coinciden en una cuesti¨®n clave: sin presi¨®n policial, judicial, social e internacional y el compromiso de todos los gobiernos democr¨¢ticos, el terrorismo etarra no hubiera finalizado. Unanimidad extendida a otra vertiente b¨¢sica: la ubicaci¨®n de las v¨ªctimas en el centro del relato. Pero las discrepancias entre el PSOE y el PP m¨¢s Vox sobre el papel del di¨¢logo del Gobierno de Zapatero y ETA en la desaparici¨®n del terrorismo impiden el consenso.

Vox y el sector radical del PP sostienen que ETA gan¨® a la democracia porque la izquierda independentista recuper¨® la legalidad y est¨¢ representada institucionalmente. Ignoran que el Pacto de Ajuria Enea de 1988 pretend¨ªa que el terrorismo desapareciera y el independentismo se expresara pol¨ªticamente. No combat¨ªa el nacionalismo sino el terrorismo. Sortu rechaz¨® el terrorismo en sus estatutos y fue legalizado por los tribunales en 2011.

El sector moderado del PP asumi¨® el fin del terrorismo y reconoci¨® que Zapatero no pag¨® precio pol¨ªtico. Rajoy, en la Moncloa desde 2012, desoy¨® a UPyD y la derecha radical y no promovi¨® la ilegalizaci¨®n de Bildu. Pero sostiene que el proceso dialogado no contribuy¨® al fin del terrorismo, que bast¨® con la intervenci¨®n policial, judicial e internacional. Son ingredientes b¨¢sicos en el final de ETA, pero ignora que el proceso dialogado, respaldado por los jefes policiales de la lucha antiterrorista, lo aceler¨® al estimular la catarsis en el abertzalismo.

El Gobierno sab¨ªa que ETA estaba muy debilitada, pero no moribunda. El proceso dialogado ten¨ªa el aliciente de conllevar una tregua etarra y contaba con el precedente de que los protagonizados por Felipe Gonz¨¢lez y Aznar debilitaron a ETA que, al romperlos, perdi¨® la batalla de la opini¨®n en Euskadi, clave para una organizaci¨®n con respaldo social.

Gobierno y ETA pactaron un procedimiento marcado por el Pacto de Ajuria Enea: paz y presos, pero no cuestiones pol¨ªticas. La ruptura del proceso por ETA supuso un rev¨¦s para el Gobierno que el PP, contrario al di¨¢logo, utiliz¨® virulentamente explotando las emociones de algunas v¨ªctimas, con un ruidoso acompa?amiento medi¨¢tico. Pero el di¨¢logo dividi¨® a ETA y al abertzalismo entre favorables y contrarios a finalizar el terrorismo. Los pragm¨¢ticos, liderados por Otegi, tem¨ªan que el terrorismo, sin futuro, arrastrara al independentismo.

En ese momento Rubalcaba emplaz¨® a Otegi a elegir entre ¡°votos o bombas¡±: romper con ETA o lograr que cesara. Otegi, cuyo objetivo era que el independentismo recuperara la legalidad, opt¨® por convencer a las bases abertzales a apostar por la pol¨ªtica y aislar a los continuadores del terrorismo. Fueron seis a?os, llenos de vicisitudes, donde los intereses de Otegi coincidieron con los del Gobierno: lograr el cese etarra. El enfrentamiento de moderados contra radicales, que lo propici¨®, hubiera sido imposible sin proceso dialogado.

Su lentitud garantiz¨® un final ordenado y sin escisiones, declarado por ETA el 20 de octubre de 2011. ETA no consigui¨® sus objetivos pol¨ªticos ¡ªel derecho de autodeterminaci¨®n y uni¨®n de Navarra y Euskadi¡ª, el Gobierno toler¨® una escenificaci¨®n de personalidades internacionales confirmando el final y los tribunales legalizaron Sortu. Se cumpli¨® el Pacto de Ajuria Enea, suscrito en 1988 por los partidos democr¨¢ticos, incluida Alianza Popular de Manuel Fraga.

Hoy, Pablo Casado no asume la utilidad del di¨¢logo final del terrorismo. Acusa gratuitamente al Gobierno de Zapatero de haber revivido a una ETA moribunda. Sigue la tradici¨®n de Aznar, en la oposici¨®n, de sacar el terrorismo de las pol¨ªticas de Estado consensuadas. Una consecuencia es que la derecha no ha extra¨ªdo ense?anzas pol¨ªticas del final de ETA.

Falta una reflexi¨®n sobre la crisis catalana a la luz del final de ETA. Una barrera separaba ambos conflictos: la violencia que contamin¨® al independentismo vasco. Pero, pese a su mayor virulencia, se resolvi¨®. El proceso dialogado pact¨® un procedimiento y sustituy¨® la din¨¢mica del antagonismo entre ideolog¨ªas por el acercamiento entre quienes quer¨ªan acabar con el terrorismo frente a los continuistas. Se inici¨® una distensi¨®n que cal¨® socialmente. Cuando los intransigentes rompieron el proceso, los dialogantes convencieron al mundo abertzale. Algunos de estos rasgos, aunque sin trasponer mec¨¢nicamente a Catalu?a, pod¨ªan servir de reflexi¨®n, sobre todo cuando est¨¢ claro que la ausencia de di¨¢logo agrav¨® los problemas.

El final del terrorismo fue posible, tambi¨¦n, porque los anteriores gobiernos democr¨¢ticos contribuyeron, sin excepci¨®n, a debilitarlo progresivamente. Zapatero le puso el broche pol¨ªtico. Casado, que representa una nueva generaci¨®n, deb¨ªa asumir y reconocer con los dem¨¢s partidos el ¨¦xito com¨²n. Pero su estrategia de tierra quemada lo impide al prolongar el uso partidista de un terrorismo acabado hace diez a?os.