El controvertido freno a la acusaci¨®n popular

El 14 de octubre de 2016, casi dos a?os despu¨¦s de que el juez Pablo Ruz diese carpetazo a la investigaci¨®n sobre cohecho en el caso de la caja b del PP, los abogados de IU segu¨ªan sin darse por vencidos. Ese d¨ªa, presentaron un escrito en la Audiencia Nacional para tratar de reabrir esta l¨ªnea de las pesquisas que trata de demostrar la conexi¨®n entre las donaciones a la contabilidad paralela de los populares ¡ªplasmadas en los papeles de B¨¢rcenas¡ª y la adjudicaci¨®n de obra p¨²blica. El equipo jur¨ªdico de la formaci¨®n de izquierdas puso sobre la mesa las confesiones vertidas en un juicio por el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y por uno de los constructores se?alados. Apenas unos meses despu¨¦s tambi¨¦n incorporar¨ªan una grabaci¨®n hallada en el caso Lezo entre otro de los empresarios y un hombre de confianza del expresidente madrile?o Ignacio Gonzalez. ¡°La Fiscal¨ªa estaba parada¡±, rememora Juan Moreno, letrado de Izquierda Unida.

Esos dos movimientos resultaron fundamentales para que el magistrado Jos¨¦ de la Mata ordenase retomar una causa en la que la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa Nacional, hace apenas unos meses, ha logrado por fin documentar el nexo entre los pagos en negro y los contratos otorgados. ¡°Y eso tiene que ver, en parte, con la prueba que aportamos nosotros¡±, celebra Moreno, ahora que el Ministerio de Justicia ha propuesto una intensa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que, entre otras medidas, proh¨ªbe a los partidos pol¨ªticos y sindicatos personarse como acusaci¨®n popular. Tambi¨¦n delimita los delitos donde este tipo de figura, reconocida en la Constituci¨®n, puede intervenir. ¡°En resumen, cercena los derechos de los ciudadanos¡±, coincide el abogado Luis Garc¨ªa Navarro, que represent¨® al PP andaluz en el caso de los ERE.

El anteproyecto de Ley elaborado por el departamento que encabeza el socialista Juan Carlos Campo, al que tuvo acceso EL PA?S, argumenta que adopta esta iniciativa ante ¡°el uso distorsionado que se ha hecho¡± de la acusaci¨®n popular. El objetivo es evitar que se utilice para la ¡°consecuci¨®n de intereses ajenos a los fines del proceso¡±. Y coloca la sombra de sospecha en partidos y sindicatos: ¡°Por su peculiar inserci¨®n en el orden constitucional como organizaciones de relevancia p¨²blica y por el especial riesgo de instrumentalizaci¨®n del proceso que dimana de su intervenci¨®n activa en el debate pol¨ªtico, deben estar excluidos del ejercicio de esa acci¨®n¡±.

¡°Es un error. Es una de las pocas formas que tiene la ciudadan¨ªa de actuar en la administraci¨®n de la justicia. Esta restricci¨®n es una m¨¢s en el camino emprendido para tratar de eliminarla¡±, critica Alejandro G¨¢mez, abogado de Podemos en el caso Villarejo, que recuerda la controvertida doctrina Bot¨ªn del Tribunal Supremo, que impidi¨® la primera vez juzgar a alguien por delito fiscal si solo act¨²a una acusaci¨®n popular. Una interpretaci¨®n que se ha extendido en la pr¨¢ctica: la juez del caso Tarajal la aplic¨® para archivar la causa contra 16 guardias civiles procesados por homicidio imprudente y denegaci¨®n de auxilio en la tragedia sucedida en una playa de Ceuta en febrero de 2014, cuando al menos 15 inmigrantes murieron al intentar alcanzar a nado la costa espa?ola entre disparos de material antidisturbios del instituto armado.

Al igual que sus compa?eros, Luis Garc¨ªa Navarro recalca que ¡°este debate no surge de los ciudadanos¡±. ¡°Es algo que solo preocupa a los pol¨ªticos y, sobre todo, a aquellos que no tienen la conciencia tranquila¡±, apostilla el abogado, que observa con preocupaci¨®n que esta restricci¨®n implicar¨¢ tambi¨¦n, por ejemplo, que nadie ¡ªno solo partidos o sindicatos¡ª pueda ejercer la acusaci¨®n popular por ciertos delitos contra la Administraci¨®n P¨²blica. En la misma l¨ªnea, prosigue Juan Moreno (IU), tampoco se podr¨¢n emprender acciones por estafas piramidales, cr¨ªmenes internacionales o de lesa humanidad: ¡°Es inasumible. Procesos como el de Pinochet, impulsados por acusaciones populares, nunca podr¨ªan haberse llevado a cabo¡±.

Los excesos

Todas las partes admiten que han existido algunos excesos en el uso de la acusaci¨®n popular, sobre todo en las causas m¨¢s medi¨¢ticas. Vox, por ejemplo, utiliz¨® su presencia en el caso Dina para presentar un escrito de acusaci¨®n en la Audiencia Nacional contra el vicepresidente Pablo Iglesias, donde ped¨ªa incluso penas de c¨¢rcel, en unas pesquisas en las que ni siquiera se encuentra imputado ¡ªese paso que dio el partido de Santiago Abascal se hace al final de la instrucci¨®n, cuando el juez ya ha decidido procesar a los implicados¡ª. La formaci¨®n de extrema derecha, contactada por este peri¨®dico, no ha querido participar en este reportaje.

¡°Pero es una cosa de todos los partidos, que han abusado de esta figura para conseguir abrir procedimientos contra el adversario y para judicializar la pol¨ªtica¡±, recalca Mar¨ªa Jes¨²s del Barco, portavoz de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), el colectivo mayoritario en la carrera. La juez no ve con malos ojos establecer l¨ªmites a esos excesos ¡ªreforzando, por ejemplo, las fianzas que se imponen a las formaciones para poder personarse o exigiendo un examen donde se justifique m¨¢s detalladamente los motivos¡ª. En ese sentido se pronuncia tambi¨¦n el abogado del PP andaluz en el caso de los ERE: ¡°Los tribunales tienen en sus manos restringir esas acusaciones temerarias. La cuesti¨®n no es prohibir las acusaciones de los partidos, sino las acusaciones populares temerarias. Y eso lo pueden hacer los jueces d¨ªa a d¨ªa: con la imposici¨®n de fianza y condenas en costas¡±.

¡°No es que me parezca bien que los partidos se aticen en los juzgados, pero despu¨¦s de toda esta etapa de corrupci¨®n que hemos pasado, las acusaciones populares y de algunos partidos han servido para sostener investigaciones en las que precisamente la Fiscal¨ªa se hab¨ªa inhibido y solo as¨ª han salido adelante¡±, reflexionaba en EL PA?S la magistrada Rosa Mar¨ªa Freire, miembro del comit¨¦ nacional de la Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria (la segunda m¨¢s numerosa dentro de la carrera) e instructora del caso de la destrucci¨®n de los discos duros de B¨¢rcenas. En aquella causa, donde lleg¨® a desaparecer el sumario de los juzgados y hubo que reconstruirlo, el ministerio p¨²blico no acusaba y se alcanz¨® la fase de juicio gracias al empuje de las acusaciones populares, aunque los imputados resultaron absueltos por falta de pruebas.

Los principales sindicatos, en contra

Los efectos de la reforma de la Lecrim van m¨¢s all¨¢ del ¨¢mbito pol¨ªtico. El anteproyecto no solo excluye a los partidos, sino tambi¨¦n a los sindicatos. Dos de los principales, UGT y CC OO, muestran su oposici¨®n a esta iniciativa que supone, adem¨¢s, una ¡°estigmatizaci¨®n¡±. ¡°Hemos hecho hasta ahora un uso leg¨ªtimo de la acusaci¨®n popular, en procesos como el caso Banesto, en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores¡±, protesta F¨¦lix Pinilla, coordinador de los servicios jur¨ªdicos de UGT. ¡°Nosotros actuamos en casos en los que trabajadores de forma individualizada no pueden hacerlo por falta de recursos, como temas de salud laboral, que tienen de todo menos proyecci¨®n medi¨¢tica. No ha habido una instrumentalizaci¨®n interesada de esa figura en beneficio de hacerse publicidad gratuita¡±, a?ade Fernando Lezcano, secretario de Organizaci¨®n de CC OO.

Ambos coinciden en que le han hecho mucho da?o la irrupci¨®n de pseudosindicatos como Manos Limpias, acusado de extorsionar mediante la presentaci¨®n de querellas y la propuesta de retirarlas a cambio de dinero. ¡°Es cierto que hemos tenido unos shows montados por Vox, el PP ¡ªa quien la Audiencia Nacional expuls¨® del caso G¨¹rtel por maniobrar para defender a los acusados¡ª y Manos Limpias. Pero la perversi¨®n de la figura no te puede llevar a eliminarla. Han tirado por elevaci¨®n¡±, se queja Lezcano. ¡°Pagan justos por pecadores¡±, dice Pinilla, que pone el foco en las ¡°contradicciones¡± que implica esta limitaci¨®n. Las organizaciones de la patronal, como la CEOE, podr¨¢n seguir ejerciendo la acusaci¨®n popular.

La juez Mar¨ªa Jes¨²s del Barco tambi¨¦n hace hincapi¨¦ en otra grieta del anteproyecto. Las asociaciones seguir¨¢n pudiendo personarse y, por tanto, los partidos podr¨¢n recurrir a las que les sean afines para actuar a trav¨¦s de ellas. ¡°Nos hacemos trampas al solitario¡±, apunta. ¡°Los partidos y sindicatos son, en definitiva, asociaciones de ciudadanos¡±, puntualiza tambi¨¦n Luis Garc¨ªa Navarro. A lo que agrega G¨¢mez: ¡°En la pr¨¢ctica, est¨¢n imposibilitando que cualquier ciudadano pueda participar. Porque estas macrocausas conllevan un esfuerzo econ¨®mico y humano durante a?os, que ning¨²n particular se puede permitir¡±. El desaparecido UPyD, por ejemplo, tuvo que retirarse de casi una decena de investigaciones por falta de fondos tras su descalabro electoral de 2015.