El letrado candidato del PP al Constitucional incumpli¨® el Estatuto del Congreso

El letrado del Congreso de los Diputados Enrique Arnaldo, uno de los dos candidatos propuestos por el PP para rellenar las cuatro vacantes pendientes desde noviembre de 2019 del Tribunal Constitucional, compatibiliz¨® durante a?os su trabajo como coordinador jur¨ªdico de varias comisiones en la C¨¢mara baja con su labor de asesor desde su despacho privado para distintas administraciones gobernadas por los populares y, en concreto, para el Ejecutivo balear que dirig¨ªa entonces Jaume Matas. Esa compatibilidad especial no est¨¢ permitida espec¨ªficamente por el art¨ªculo 62.K del Estatuto del Personal de las Cortes Generales. El pleno del Congreso tiene programada este jueves la votaci¨®n individual, telem¨¢tica y secreta de los cuatro aspirantes pactados entre el Gobierno, el PSOE y el PP. Los aspirantes necesitan superar los 210 votos en ese tr¨¢mite y la suma del PSOE, PP y Podemos llega a 243 esca?os. Casos similares y anteriores al de Arnaldo de letrados en esa situaci¨®n fueron investigados y expedientados en el pasado por el secretario general del Congreso.

El propio Arnaldo cont¨® durante el examen parlamentario que super¨® en la comisi¨®n de nombramientos del Congreso, la semana pasada, que hab¨ªa sacado esa dura oposici¨®n en 1986 y que a?os m¨¢s tarde, en 2002, hab¨ªa solicitado oficialmente la compatibilidad que se permite a muchos letrados de la C¨¢mara para trabajar a tiempo parcial en otros ¨¢mbitos. Es algo que sucede habitualmente. Por esa condici¨®n perciben menos sueldo fijo del presupuesto de las Cortes, unos 4.000 euros al mes, y acuden a su puesto para asesorar a los presidentes de las comisiones menos tiempo. Normalmente, se les asignan comisiones no legislativas y menos asiduas. Arnaldo, por ejemplo, ha sido esta legislatura letrado de la comisi¨®n mixta de Seguridad Vial (seis reuniones en todo 2020 y 10 en 2021) y tambi¨¦n de la comisi¨®n mixta de estudio de Problemas de las Adiciones (cinco sesiones en 2020 y cinco en 2021). Esas reuniones suelen durar entre dos y tres horas por sesi¨®n.

Los letrados registran esas peticiones formales requiriendo la compatibilidad y la secretar¨ªa general las estudia y eleva para que las apruebe la propia Mesa del Congreso. Pero el afectado tiene que justificar en su solicitud para qu¨¦ quiere ese permiso y en qu¨¦ sectores planea trabajar ajenos a la C¨¢mara para no incurrir en conflictos de intereses.

El Congreso es bastante permisivo porque muchos letrados recurren y son tentados para esas labores externas, pero las opciones que se les permiten est¨¢n tasadas desde el art¨ªculo 60 al 67 del r¨¦gimen de compatibilidades del Estatuto que regula al personal de la casa. El punto 62.K precisa que no ser¨¢n compatibles con ¡°la elaboraci¨®n de informes o dict¨¢menes para las Administraciones¡±. Arnaldo, seg¨²n el sumario del caso Palma Arena, fue imputado por recibir un supuesto trato de favor del Ejecutivo balear del popular Matas, al que escribi¨® en 2008 para proponerle un negocio: ¡°No te olvides tampoco de m¨ª para los temas jur¨ªdicos que puedan surgir¡±. Durante a?os el Gobierno balear sufrag¨® informes encargados al despacho privado del que era socio Arnaldo.

Seg¨²n consta tambi¨¦n en un informe de Hacienda del sumario del caso Palma Arena, el despacho de Arnaldo (Estudios Jur¨ªdicos y Procesales) contrat¨® entre 2003 y 2008 encargos por cientos de miles de euros con la Generalitat valenciana, el Ayuntamiento de M¨¢laga, la Diputaci¨®n de ?lava, Aena, la Comunidad de Madrid y el PP como persona jur¨ªdica. En noviembre de 2019, el Ayuntamiento de Las Rozas ¡ªen manos de la formaci¨®n conservadora¡ª le adjudic¨® un contrato de un a?o por 109.750,59 euros.

El Congreso no ha proporcionado ni la petici¨®n de compatibilidad de Arnaldo ni la notificaci¨®n de la finalidad con la que se le otorgaron las mesas conjuntas, y solo indica que ese requerimiento gen¨¦rico est¨¢ en su web, con las iniciales del interesado, como cualquier funcionario de la Administraci¨®n de acuerdo con la ley de Protecci¨®n de Datos.

No es, sin embargo, la primera vez que se produce un escenario como este en el Congreso. En marzo de 2009, el entonces secretario general y letrado mayor del Congreso, Manuel Alba, inform¨® y pidi¨® autorizaci¨®n a la Mesa de la C¨¢mara para abrir expediente y diligencias informativas a dos abogados del bufete del exministro Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, Alberto Dorrego y Andr¨¦s Jim¨¦nez, letrados tambi¨¦n de las Cortes, a los que se cuestionaba que cumplieran legalmente las compatibilidades por asesorar tambi¨¦n a distintos ayuntamientos de Madrid y la Comunidad Valenciana.