El candidato del PP para el Constitucional, a Jaume Matas en el ¡®caso Palma Arena¡¯: ¡°No te olvides de m¨ª para los temas jur¨ªdicos¡±
Los negocios y contactos de Enrique Arnaldo con gobiernos populares lastran su apariencia de imparcialidad
Enrique Arnaldo, candidato propuesto por el PP para ocupar una plaza de magistrado en el Tribunal Constitucional, se ha movido durante d¨¦cadas cerca del poder y ha recibido contratos de distintos gobiernos, mayoritariamente del partido conservador. El catedr¨¢tico, que figuraba como propietario del despacho Estudios Jur¨ªdicos y Procesales, prest¨® sus servicios durante a?os a numerosas administraciones y mantuvo un fluido contacto con exdirigentes del PP se?alados por la corrupci¨®n. Entre ellos, Jaume Matas, exministro de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y expresidente del Gobierno de las Islas Baleares. Seg¨²n el sumario del caso Palma Arena, donde el propio Arnaldo fue imputado por recibir un supuesto trato de favor del Ejecutivo regional, el ahora candidato al Constitucional envi¨® en 2008 un correo a Matas donde le propon¨ªa un negocio y a?ad¨ªa: ¡°No te olvides tampoco de m¨ª para los temas jur¨ªdicos que puedan surgir¡±.
Este correo electr¨®nico, al que tuvo acceso EL PA?S, se encuentra fechado el 24 de junio de 2008. Matas ya hab¨ªa abandonado entonces la presidencia del Gobierno balear, pero manten¨ªa una enorme influencia dentro del PP auton¨®mico y nacional. Adem¨¢s, seg¨²n la informaci¨®n aportada por Hacienda al sumario, la empresa de Arnaldo le hab¨ªa pagado 31.320 euros en 2007 a Matas. Este abono se produjo despu¨¦s de que la Administraci¨®n auton¨®mica, durante los a?os de Gobierno del popular, adjudicase varios encargos a la compa?¨ªa del jurista. Una coincidencia que levant¨® las sospechas del juez del caso Palma Arena, Jos¨¦ Castro, que apreci¨® un posible ¡°trato de favor¡± y acab¨® imputando a Arnaldo, aunque posteriormente se archiv¨® la causa contra ¨¦l por la prescripci¨®n de los posibles delitos y por, seg¨²n defend¨ªa la Fiscal¨ªa, la falta de indicios.
Contactado este jueves por EL PA?S, Arnaldo defendi¨® su ¡°honestidad¡± e ¡°independencia¡± ante su aterrizaje ahora en un tribunal de garant¨ªas que tiene pendiente resolver numerosos recursos del partido conservador. El docente explic¨® que no recuerda el contenido exacto de esos correos y record¨® que el juez dio carpetazo a la causa abierta contra ¨¦l. Seg¨²n dijo tambi¨¦n el catedr¨¢tico, Matas ya estaba entonces fuera del Ejecutivo y manten¨ªa una relaci¨®n profesional con ¨¦l. Sobre el resto de la facturaci¨®n con administraciones populares, recogidas por un informe de Hacienda incorporado al sumario que cubre el periodo entre 2003 y 2008, el docente detalla que era solo una ¡°peque?a parte¡± del negocio de su bufete, que compart¨ªa con Ram¨®n Entrena, especializado en el ¨¢rea contencioso-administrativa, y en el que ten¨ªan ¡°varios empleados¡±. Es m¨¢s, remach¨® Arnaldo, tambi¨¦n contrataron con otros ejecutivos de ¡°distinto signo pol¨ªtico¡±: ¡°Pero en aquella ¨¦poca hab¨ªa muchas comunidades aut¨®nomas gobernadas por el PP¡±, matiz¨®.
¡°Querido Jaume¡±, arranca el correo electr¨®nico enviado por Arnaldo: ¡°Un cu?ado m¨ªo (notario para m¨¢s se?as) se sum¨® al proyecto empresarial de otras personas y montaron una sociedad de biodi¨¦sel. Por una serie de razones, no quieren (o no pueden) seguir adelante y han acordado poner en venta la sociedad. A tal efecto han aprobado un¨¢nimemente un precio m¨ªnimo de venta al que todos se comprometen a vender [...] Parece ser que se vende barato y que, si se tiene pulm¨®n financiero, cabe ganar mucho dinero. Te env¨ªo la presentaci¨®n de la planta. Si te interesa, d¨ªmelo y nos ponemos a trabajar con el notario para profundizar en el tema. Un abrazo¡±. ¡°P. D.: Espero que tu hijo se graduara a la perfecci¨®n. No te olvides tampoco de m¨ª para los temas jur¨ªdicos que puedan surgir. Cu¨¦ntame lo de Panam¨¢¡±.
Los negocios entre Arnaldo y Matas se reflejan en otro correo enviado por el jurista el 9 de abril de 2008 a ¡°Gonzalo GBG. Banus¡±. El catedr¨¢tico hace de intermediario, seg¨²n se desprende del contenido de la comunicaci¨®n incorporada al sumario: ¡°Te env¨ªo el acuerdo de confidencialidad para acceder a la informaci¨®n sobre la inversi¨®n en Playa Hotels & Resorts, S. L., que es una sociedad norteamericana pero dirigida y gestionada por el Grupo Barcel¨®. Seg¨²n me comenta Jaume Matas ¡ªde quien has o¨ªdo hablar¡ª y que trabaja en este tema, es una extraordinaria oportunidad por: solvencia del grupo; hay integrado un touroperador americano (el m¨¢s grande) y otros inversores americanos y ¨¢rabes y una Caja espa?ola, tiene muy buenos activos; opera en d¨®lares; y est¨¢ inmediata la salida a bolsa (en 2009, obligatoriamente)¡±.
¡°Creo que podr¨ªa ser interesante que firmaras este acuerdo de confidencialidad aunque s¨®lo sea para enterarte de las tripas¡±, le escribe Arnaldo a su interlocutor, antes de decirle que le env¨ªe la documentaci¨®n a Matas por email tras avisar previamente al catedr¨¢tico. Tras abandonar el Gobierno auton¨®mico, Matas pas¨® a hacer negocios privados y comenz¨® a trabajar, por ejemplo, para la compa?¨ªa hotelera balear Barcel¨®, a la que previamente ya hab¨ªa concedido proyectos.
FAES y contratos con la Administraci¨®n
Arnaldo, al que el PP ha propuesto para el Constitucional tras auparlo ya en 1996 a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha movido siempre en c¨ªrculos cercanos al partido conservador. El catedr¨¢tico, que tambi¨¦n es letrado de las Cortes y fue presidente del Tribunal Administrativo del Deporte (TAS), es un asiduo colaborador de FAES. Durante a?os ha participado en decenas de seminarios, jornadas y estudios de la fundaci¨®n encabezada por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, que marca la l¨ªnea de pensamiento m¨¢s dura de los populares. Un asunto nada balad¨ª.
Enrique L¨®pez, juez de la Audiencia Nacional y actual consejero del Gobierno madrile?o de Isabel D¨ªaz Ayuso, fue apartado del tribunal enjuiciador del caso G¨¹rtel por su cercan¨ªa al PP. La Sala de lo Penal acept¨® recusarlo tras tener en cuenta, entre otros motivos, que hab¨ªa estado presente o participado en 68 seminarios de FAES entre junio de 2003 y febrero de 2015. ¡°Percibi¨® remuneraciones por asistir, coordinar y presentar ponencias¡±, recalcaron sus propios compa?eros: ¡°[Esto] sustenta la percepci¨®n social de proximidad y p¨¦rdida de imparcialidad para conocer de un litigio¡±.
Pero, adem¨¢s, la cercan¨ªa entre Arnaldo y los populares va mucho m¨¢s all¨¢. Seg¨²n consta tambi¨¦n en el sumario del caso Palma Arena, su empresa Estudios Jur¨ªdicos y Procesales contrat¨® durante a?os con administraciones gobernadas por el PP. As¨ª se desprende de ese informe de Hacienda que analiza el periodo entre 2003 y 2008, donde figuran encargos por cientos de miles de euros con, entro otros muchos, la Generalitat valenciana, el Ayuntamiento de M¨¢laga, la Diputaci¨®n de ?lava, Aena o la Comunidad de Madrid. Tambi¨¦n con el propio Partido Popular como persona jur¨ªdica. Adem¨¢s, hace apenas dos a?os, en noviembre de 2019, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Rozas ¡ªen manos de la formaci¨®n conservadora¡ª adjudic¨® a la compa?¨ªa un contrato de un a?o por 109.750,59 euros (m¨¢s IVA), en el que se mencionaba expresamente a Arnaldo como persona ¡°adscrita¡± a la concesi¨®n.
Seg¨²n este informe de Hacienda, aunque son mayor¨ªa las administraciones y empresas p¨²blicas en poder del PP, Arnaldo tambi¨¦n ha trabajado para la Generalitat de Catalu?a en la era de Jordi Pujol o con la Junta de Extremadura en ¨¦poca socialista. Tambi¨¦n con grandes empresas y organismos como Indra, Banco Santander, Endesa, Accenture, PwC, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (donde ¨¦l mismo es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional), y con compa?¨ªas del constructor fallecido Francisco Hernando, conocido como Paco El Pocero.
Estos negocios privados lastran el futuro de Arnaldo en el tribunal de garant¨ªas. En 2007, el Constitucional ya acept¨® la recusaci¨®n del magistrado progresista Pablo P¨¦rez Tremps planteada por el PP en el caso del recurso presentado contra el Estatuto de Catalu?a. Antes de ser designado magistrado, Tremps hab¨ªa participado en un estudio realizado por 10 juristas sobre distintos aspectos relacionados con el desarrollo de un nuevo Estatuto, encargado por el Instituto de Estudios Auton¨®micos de la Generalitat. El tribunal de garant¨ªas concluy¨® entonces: ¡°No se trata de juzgar si el magistrado recusado es efectivamente parcial o si ¨¦l mismo se tiene por tal. Lo determinante es, exclusivamente, si una parte del proceso tiene motivo, sopesando racionalmente todas las circunstancias, para dudar de la falta de prevenci¨®n y de la posici¨®n objetiva del magistrado¡±. ¡°En este ¨¢mbito, las apariencias son muy importantes, porque lo que est¨¢ en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democr¨¢tica¡±, a?ad¨ªa la resoluci¨®n.
Arnaldo, que se define como un ¡°estudioso¡±, se defiende: ¡°No me siento comprometido en mi independencia¡±. ¡°No entiendo por qu¨¦ me tengo que apartar [de recursos del PP o de asuntos sobre empresas que le contrataron] por haber hecho una consultor¨ªa hace 20 a?os¡±, afirma el catedr¨¢tico, que remacha: ¡°No entiendo que me condicione¡±.
V¨ªnculos con Enrique L¨®pez e Ignacio Gonz¨¢lez
Arnaldo asumi¨® tambi¨¦n la defensa de Enrique L¨®pez, actual secretario de Justicia del PP y consejero del Gobierno madrile?o, tras ser detenido por conducir ebrio, por lo que fue condenado. Y el nombre del jurista, adem¨¢s, aparece en otro sumario de corrupci¨®n vinculado a los populares: el caso Lezo, la trama que tiene como epicentro al expresidente madrile?o Ignacio Gonz¨¢lez.
A finales de 2016, solo unos meses antes de que Gonz¨¢lez fuese arrestado, la Guardia Civil intercept¨® una llamada del expresidente y el catedr¨¢tico donde comentaban ¡°los nuevos nombramientos en el seno del Ministerio de Justicia y la supuesta influencia que Arnaldo tendr¨ªa al respecto¡±. ¡°Estar¨¢s ah¨ª movi¨¦ndote como corresponde¡±, le dice Gonz¨¢lez sobre posibles cambios en la c¨²pula de la Fiscal¨ªa General del Estado. ¡°Estoy movi¨¦ndome para que el nuevo que sustituya a esta se?ora [en referencia a la ex fiscal general Concepci¨®n Madrigal] sea bueno¡±, responde el exvocal del Poder Judicial, que tambi¨¦n le dice: ¡°Si yo tuviera alg¨²n [conocimiento] nuevo, te llamar¨ªa en seguida¡±.
En otra conversaci¨®n intervenida a Gonz¨¢lez, en este caso con el exministro Eduardo Zaplana, tambi¨¦n investigado por corrupci¨®n, ambos charlan sobre c¨®mo maniobrar a su favor en la judicatura y mencionan directamente al ahora elegido para el Constitucional: ¡°?En ese c¨ªrculo sabes qui¨¦n se mueve todo el puto d¨ªa y enreda? No s¨¦ con qu¨¦ grado de influencia, pero Enrique L¨®pez m¨¢s Enrique Arnaldo¡±, sentencia Ignacio Gonz¨¢lez, que incluye en el grupo a Pedro Gonz¨¢lez Trevijano, exrector de la Universidad Rey Juan Carlos, actual magistrado del Constitucional a propuesta del PP y uno de los que tiene m¨¢s papeletas para presidir ahora el tribunal de garant¨ªas.
Examen en el Congreso
Antes de su designaci¨®n como magistrado del Constitucional, Enrique Arnaldo debe pasar por el Congreso, donde se le examinar¨¢ junto al resto de los candidatos, seg¨²n prev¨¦ la legislaci¨®n. El Parlamento ya ha fijado esa cita para el pr¨®ximo martes, a la que tambi¨¦n asistir¨¢n los otros tres aspirantes al tribunal de garant¨ªas: la jueza conservadora Concepci¨®n Espejel y los jueces progresistas Ram¨®n S¨¢ez Valc¨¢rcel e Inmaculada Montalb¨¢n. Seg¨²n el calendario previsto por la C¨¢mara, el catedr¨¢tico de la Universidad Rey Juan Carlos ser¨¢ el primero en sentarse en la Comisi¨®n de Nombramientos, donde los diferentes grupos pol¨ªticos podr¨¢n preguntarle. Debido al pacto entre el Gobierno de coalici¨®n y el PP, se prev¨¦ que el nombramiento salga adelante.
Lea aqu¨ª los correos electr¨®nicos de Arnaldo.
¡°Con la sentencia sobre el Estatuto catal¨¢n, el Constitucional firm¨® su esquela¡±
Enrique Arnaldo se ha pronunciado sobre aspectos de la actualidad en diversas intervenciones y artículos de prensa en los últimos años. Estas son algunas de las opiniones vertidas en esos textos:
El “desmadre” autonómico. En un artículo titulado La Constitución debe pasar por el taller, publicado el 6 de diciembre de 2012 en El Imparcial (diario digital del que ha sido colaborador habitual), Arnaldo arremetía contra la “jurisprudencia creativa” del Tribunal Constitucional en la cuestión territorial. Y escribía: “Cuantos males hoy sufrimos derivan del desmadre organizativo y competencial autonómico que se ha ido agrandando desde 1981. Algunos pensaron que el desorden podría arreglarse a través de leyes de bases, y fueron sumidos por la melancolía. Otros confiaron en que el Tribunal Constitucional cumpliera su función, pero definitivamente con la sentencia sobre el Estatuto catalán firmó su esquela”.
La elección del Poder Judicial. En 2006, en un artículo publicado por la fundación FAES, vinculada al PP, el catedrático sostenía que la Constitución no deja “lugar a dudas” sobre la necesidad de que sean “los propios jueces” quienes elijan a los vocales “togados” del Consejo General del Poder Judicial, y mostraba su disgusto porque, a pesar de ello, las Cortes “monopolizan” esa designación, lo cual redunda en la “plena politización del órgano”. “El Tribunal Constitucional miró para otro lado en una sentencia interpretativa llena de ambigüedades y de ingenuidades aparentes”, censuraba.
La “cirugía destructiva” contra la Transición. En una intervención en la Escuela de Verano del PP aragonés en 2014, Arnaldo señalaba la dificultad de abordar una reforma constitucional en España por la “falta de lealtad”. “Quienes quieren reformar la Constitución es para completar su cirugía destructiva de España y acabar con la obra de arte de la Transición”, afirmó, según recogió la nota de prensa de FAES.
La “libertad ideológica” de los miembros del tribunal. Cuando Francisco Pérez de los Cobos, catedrático y exmilitante del PP, fue elegido presidente del Constitucional en 2014, Arnaldo criticó en El Imparcial la “feroz campaña” que se había puesto en marcha para apartarle del cargo; y defendió la “libertad ideológica” de los magistrados, siempre y cuando no ocupen cargos en los partidos. El artículo 16 de la Constitución establece además, que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”, subrayaba Arnaldo. Pérez de los Cobos no había informado a las Cortes de su pasada militancia en el PP.
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