La Fiscal¨ªa prorroga seis meses una parte de la investigaci¨®n a Juan Carlos I

La fiscal general del Estado ha concedido otros seis meses de pr¨®rroga a los fiscales que investigan las supuestas irregularidades cometidas por Juan Carlos I antes de decidir si, finalmente, archivan todas las pesquisas. La ¨²ltima pr¨®rroga obtenida finalizaba el pr¨®ximo 17 de diciembre y el ministerio p¨²blico preve¨ªa dar por terminada la investigaci¨®n al rey em¨¦rito antes de ese plazo y archivarla ante la imposibilidad de atribuirle ning¨²n delito, pero el retraso en el env¨ªo de una informaci¨®n solicitada a Suiza ha llevado a los fiscales a solicitar la extensi¨®n en el plazo de investigaci¨®n de una de las tres l¨ªneas de investigaci¨®n abiertas, seg¨²n han confirmado fuentes fiscales. Estas fuentes se?alan que las diligencias prorrogadas son las relativas a dinero oculto en un trust financiero domiciliado en el para¨ªso fiscal de Jersey supuestamente vinculado a Juan Carlos I.

Estas eran las ¨²nicas diligencias cuyo plazo cumpl¨ªa el 17 de diciembre. Tras la nueva pr¨®rroga, los investigadores tienen otros seis meses para presentar sus conclusiones, aunque las fuentes consultadas se?alan que la preisi¨®n es no apurar ese plazo y, salvo que se encuentre alguna nueva informaci¨®n, cerrar las diligencias. Las otras dos l¨ªneas de investigaci¨®n (el supuesto cobro de comisiones ilegales por la intermediaci¨®n en el contrato de las obras del AVE a La Meca y el uso por parte de Juan Carlos I de fondos de un empresario mexicano) est¨¢n en plazo para seguir investigando y no era necesario prorrogarlas ahora.

La decisi¨®n de archivar de forma conjunta la investigaci¨®n iniciada por la Fiscal¨ªa del Supremo en junio de 2020 a Juan Carlos I estaba tomada desde hace semanas, pero el retraso en el env¨ªo de una informaci¨®n reclamada a Suiza ha cambiado los planes. Los investigadores consideran que en esa documentaci¨®n, relativa a unos apuntes concretos de los a?os 2015 y 2016, no va a haber ning¨²n dato que vaya a cambiar el rumbo del caso, pero prefieren esperar a estudiar toda la informaci¨®n antes de dar el paso de archivar, una decisi¨®n que pondr¨ªa fin a dos a?os de investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la del Supremo, que buscaban indicios de delitos fiscales y otros relacionados con negocios internacionales en los que hab¨ªa participado supuestamente Juan Carlos I.

Las pesquisas se iniciaron para indagar el cobro de comisiones ilegales por la supuesta intermediaci¨®n del rey em¨¦rito en el contrato de las obras del AVE a La Meca a favor de un consorcio empresarial espa?ol. Meses m¨¢s tarde, la Fiscal¨ªa abri¨® otras dos l¨ªneas de investigaci¨®n: el uso por parte de Juan Carlos I de fondos de un empresario mexicano, Allen Sangin¨¦s-Krause; y la existencia de dinero oculto en un trust financiero domiciliado en un para¨ªso fiscal. A esta ¨²ltima, abierta tras recibir una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales del Banco de Espa?a (Sepblac), dependiente del Ministerio de Econom¨ªa, se refiere la pr¨®rroga concedida este jueves por la fiscal general. Las fuentes consultadas se?alan que, en un principio, las posibles irregularidades vinculadas a estos fondos ocultos est¨¢n prescritas, pero los investigadores quieren cotejar los datos recibidos desde Suiza, que se refieren a los a?os posteriores a la abdicaci¨®n de Juan Carlos I y que, por lo tanto, escapan a la inviolabilidad que la Constituci¨®n reconoce al jefe de Estado.

La prescripci¨®n de los posibles delitos y la inviolabilidad del Rey son dos de las razones que impiden al ministerio p¨²blico perseguir penalmente las supuestas irregularidades cometidas por Juan Carlos I. La tercera ser¨ªan las dos regularizaciones fiscales presentadas por el abogado del rey em¨¦rito ante la Agencia Tributaria en diciembre de 2020 (por el dinero no declarado que le don¨® el empresario mexicano) y en febrero de 2021 (por los regalos de su primo ?lvaro de Orleans en forma de viajes en vuelos privados a trav¨¦s de la fundaci¨®n Zagatka). Tras estudiar la informaci¨®n facilitada por la defensa de Juan Carlos I, los fiscales, seg¨²n estas fuentes, consideran que cumple los requisitos legales para acogerse al art¨ªculo 305.4 del C¨®digo Penal, que establece que la regularizaci¨®n de la situaci¨®n tributaria ¡°impedir¨¢¡± perseguir las irregularidades contables cometidas previamente. La ley exige que la regularizaci¨®n se haga antes de que Hacienda notifique ¡°el inicio de actuaciones de comprobaci¨®n o investigaci¨®n¡± o de que la Administraci¨®n o la justicia realicen actuaciones que permitan al contribuyente tener ¡°conocimiento formal¡± de la apertura de diligencias. Aunque la Fiscal¨ªa inform¨® al abogado del rey em¨¦rito de la apertura de cada una de las tres diligencias, el ministerio p¨²blico considera que esas informaciones no implicaban el ¡°conocimiento formal¡± que establece la norma, por lo que las regularizaciones pueden darse por buenas.