El Constitucional admite el recurso de Unidas Podemos contra la nueva ley del suelo de Andaluc¨ªa

El Tribunal Constitucional ha admitido a tr¨¢mite el recurso de inconstitucionalidad presentado por m¨¢s de 50 diputados de Unidas Podemos y de representantes en el Congreso de ERC, M¨¢s Pa¨ªs, Comprom¨ªs y Nueva Canarias, contra la nueva ley del suelo de Andaluc¨ªa, aprobada el pasado 25 de noviembre en el Parlamento auton¨®mico, con los votos a favor de PP, Cs y Vox, la abstenci¨®n del PSOE y la oposici¨®n de Unidas Podemos Andaluc¨ªa, que es quien ha impulsado el recurso. La decisi¨®n del pleno del alto tribunal, que no suspende la vigencia de la norma, es un nuevo obst¨¢culo en el camino hacia su efectividad, despu¨¦s de que este lunes se conociera que el Gobierno central y la Junta han creado un grupo de trabajo para resolver las discrepancias del Ejecutivo sobre 42 art¨ªculos, una disposici¨®n adicional y otra final.

La Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andaluc¨ªa, conocida como LISTA, es uno de los proyectos estrella del Gobierno andaluz de PP y Cs, y ven¨ªa a satisfacer las demandas de alcaldes, promotores inmobiliarios y propietarios de viviendas irregulares que demandaban una simplificaci¨®n administrativa que agilizara los tr¨¢mites, pero ha contado desde el inicio con la oposici¨®n frontal de los ecologistas y de Unidas Podemos Andaluc¨ªa, por considerarla retr¨®grada al eliminar todos los l¨ªmites al crecimiento urban¨ªsticos, fomentando la especulaci¨®n y limitando el acceso a la vivienda. En esa l¨ªnea, iban, adem¨¢s, las dos enmiendas a la totalidad que present¨® durante su tramitaci¨®n la coalici¨®n de izquierdas.

El recurso de inconstitucionalidad se fundamenta en argumentos que apelan a la forma y al fondo. Por un lado, se cuestiona el procedimiento de urgencia elegido para tramitar la ley que, al reducir el tiempo para la formulaci¨®n de enmiendas y aportaciones al proyecto de ley, ¡°empeora la calidad del texto resultante de un debate parlamentario que no pudo enriquecerse con las plurales aportaciones¡±, seg¨²n el texto del escrito presentado al Tribunal Constitucional. Los firmantes consideran que no est¨¢ acreditada su tramitaci¨®n por la v¨ªa de urgencia al no concurrir ¡°poderosos motivos y razones que lo justifiquen¡±.

Sobre el fondo, en el recurso se argumenta que la LISTA ¡°vulnera el principio de autonom¨ªa local, en tanto que interfiere en los intereses de los municipios que les son propios, impactando de forma directa en el medio ambiente y en la b¨²squeda de un desarrollo sostenible¡±. El recurso de inconstitucionalidad presentado por Unidas Podemos concluye pidiendo al Constitucional que ¡°dicte sentencia declarando la inconstitucionalidad y consecuente nulidad¡± de la ley del suelo y, en el caso de que el tribunal no estime esa petici¨®n, que al menos ¡°declare la inconstitucionalidad y nulidad¡± de una serie de art¨ªculos y de una disposici¨®n adicional y otra derogatoria.

La secretaria general de Podemos Andaluc¨ªa y diputada de UP por C¨®rdoba en el Congreso, Marina Velarde, ha manifestado esta ma?ana su deseo de que el Constitucional ¡°ponga orden y proteja a los andaluces de la vocaci¨®n especulativa¡± de la Junta. El alto tribunal ahora trasladar¨¢ la demanda al Parlamento y al Ejecutivo andaluz para que formulen alegaciones.

La nueva ley del suelo andaluza unifica la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica y la Ley de Ordenaci¨®n del Territorio, modifica 44 normas y deroga tres leyes y tres decretos. Con ello, seg¨²n defiende el Gobierno andaluz, se pretende ganar agilidad y reducir el proceso de aprobaci¨®n de un plan, cuya media la Junta cifra en unos 10 a?os, a un m¨¢ximo de dos a?os. La LISTA se bas¨® en una reforma de la LOUA que empez¨® a tramitar el anterior gobierno socialista como anteproyecto de ley en 2017, entendiendo que la legislaci¨®n en vigor estaba desfasada, pero que no pudo aprobar tras perder el Gobierno de la Junta en diciembre de 2018, lo que explic¨® la abstenci¨®n del PSOE en su votaci¨®n.

En nuevo modelo urban¨ªstico de la LISTA se reduce a dos, urbano y r¨²stico, la clasificaci¨®n del suelo, suprimiendo la categor¨ªa de urbanizable ¡ªque s¨ª se contemplaba en el anteproyecto del PSOE¨D, y en el caso del urbano tambi¨¦n hace desaparecer las categor¨ªas de consolidado y no consolidado. La nueva catalogaci¨®n ¡°es coherente con la legislaci¨®n b¨¢sica estatal¡±, se?ala el pre¨¢mbulo. La regulaci¨®n del suelo r¨²stico fue el principal punto de fricci¨®n entre el Gobierno y los socialistas ?nicamente est¨¢ prohibido construir en este tipo de superficie cuando est¨¦ ¡°especialmente protegida¡±. La LISTA permite la construcci¨®n de viviendas aisladas en suelo rural, sin ning¨²n tipo de vinculaci¨®n al inter¨¦s econ¨®mico o agr¨ªcola de la tierra, un nexo que demandaba el PSOE. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, defendi¨® durante su tramitaci¨®n parlamentaria que este tipo de edificaciones apartadas fomentan la fijaci¨®n de poblaci¨®n al territorio en la Andaluc¨ªa rural.

¡°Desde el punto de vista de los principios, que incluyen protecci¨®n medioambiental o inclusi¨®n de energ¨ªas renovables, que no se incorporaban en la anterior, es una norma compartible, pero tiene puntos, como los usos extraordinarios del suelo r¨²stico, que si no se controlan pueden hacer cambiar el status quo y suponer un retroceso en materia medioambiental¡±, explica Roberto Gal¨¢n, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla. ¡°La LISTA establece un nuevo r¨¦gimen del suelo r¨²stico que se separa del tradicional establecido en Andaluc¨ªa¡±, explica Gal¨¢n. ¡°Si con los usos extraordinarios del suelo r¨²stico se van a permitir megaproyectos tur¨ªsticos o explotaciones para usos no agrarios, al final toda la protecci¨®n sobre medioambiente que se incorpore puede suponer un retroceso¡±, abunda. El profesor recuerda que el 75% del suelo andaluz es espacio natural protegido, algo que los ecologistas tienen muy en cuenta y ya han avisado de que recurrir¨¢n cualquier actuaci¨®n en ese territorio.

El Gobierno central tambi¨¦n mantiene discrepancias sobre la constitucionalidad de algunas partes de la nueva ley del suelo andaluza. Este lunes, tanto en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, como en el de Andaluc¨ªa, se daba a conocer la constituci¨®n de un grupo de trabajo entre la administraci¨®n central y auton¨®mica para resolver la diferencia de criterios sobre 42 art¨ªculos, una disposici¨®n adicional y otra final. Ambos ejecutivos acordaron ¡°comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional¡±, tras la reuni¨®n de la Subcomisi¨®n de seguimiento normativo, prevenci¨®n y soluci¨®n de controversias de la Comisi¨®n Bilateral de Cooperaci¨®n.