La Fiscal¨ªa de Ceuta denuncia a la vicepresidenta y la delegada del Gobierno de la ciudad aut¨®noma por la repatriaci¨®n de menores marroqu¨ªes

La Fiscal¨ªa de ?rea de Ceuta ha presentado este viernes una denuncia contra la delegada del Gobierno de la ciudad aut¨®noma, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta de Ceuta, Mar¨ªa Isabel Deu, por un presunto delito continuado de prevaricaci¨®n administrativa. La Fiscal¨ªa considera que, durante la devoluci¨®n a Marruecos de decenas de menores marroqu¨ªes el pasado mes agosto, se omitieron ¡°de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jur¨ªdico vigente¡±. La Fiscal¨ªa se refiere a la acci¨®n que coordinaron el Gobierno local y la Delegaci¨®n de Gobierno, bajo las instrucciones del Ministerio del Interior, para devolver a Marruecos a una parte de los ni?os que llegaron a nado a la ciudad durante la entrada masiva de mayo del a?o pasado. El procedimiento, iniciado el pasado 13 de agosto pretend¨ªa devolver al menos 145 menores, pero fue paralizado tres d¨ªas despu¨¦s por orden judicial. El plan acab¨® en la repatriaci¨®n de 55 adolescentes.

La causa se remonta a octubre del a?o pasado, cuando la Asociaci¨®n para el Desarrollo Integral (L¡¯Escolac) denunci¨® el proceso de repatriaci¨®n ante la Fiscal¨ªa de Granada. A finales de a?o, tanto Deu como Mateos tuvieron que declarar sobre aquella pol¨¦mica decisi¨®n de devolver a los menores en grupo y de forma expr¨¦s que no sigui¨®, entre otros, el procedimiento marcado por la ley de extranjer¨ªa. Finalizada la investigaci¨®n por la v¨ªa administrativa, el ministerio p¨²blico decide ahora abrir la v¨ªa penal. La decisi¨®n ha sido recibida con resignaci¨®n por ambas partes.

Tanto el Gobierno central como el local han defendido desde el primer d¨ªa la legalidad de su actuaci¨®n y que el mecanismo que pactaron con Rabat para devolver a los ni?os sigui¨® el acuerdo bilateral entre ambos pa¨ªses y respet¨® el inter¨¦s superior del menor. El acuerdo bilateral, no obstante, mantiene que debe aplicarse ¡°con la observancia estricta de la legislaci¨®n espa?ola, las normas y principios de derecho internacional y de lo establecido en la Convenci¨®n sobre Derechos del Ni?o. Y este marco jur¨ªdico deja claro deja claro que son necesarios algunos tr¨¢mites como la audiencia individual de cada menor o los informes sociofamiliares que tiene que elaborar el pa¨ªs de origen para decidir cu¨¢l es el inter¨¦s superior de cada ni?o, que no necesariamente es volver a su pa¨ªs. Si lo era, tampoco se sigui¨® el protocolo adecuado para averiguarlo. As¨ª lo interpret¨® la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, cuando en septiembre de 2021, consider¨® las devoluciones ¡°nulas de pleno derecho¡± porque no se cumplieron ¡°ninguna de las garant¨ªas y tr¨¢mites exigidos por la legislaci¨®n¡±.

En las diligencias de investigaci¨®n, la Fiscal¨ªa apunta que no solo se han omitido algunos de los tr¨¢mites preceptivos del procedimiento, sino todos, ¡°al no existir traza alguna del expediente de repatriaci¨®n exigido por el acuerdo entre ambos pa¨ªses¡±, explica la nota de prensa. ¡°No consta la incoaci¨®n de procedimiento, al igual que la petici¨®n de informes de la situaci¨®n familiar del menor, la fase de alegaciones, el tr¨¢mite de audiencia, la fase de prueba, ni siquiera la resoluci¨®n acordando la repatriaci¨®n de los menores o la comunicaci¨®n a la Fiscal¨ªa¡±, a?ade.

Tras los varapalos judiciales, el Ejecutivo puso en marcha en septiembre un despliegue de recursos para, esta vez s¨ª, repatriar a los menores con todas las garant¨ªas que marca la ley. Hasta hoy, no se ha conocido ninguna repatriaci¨®n.