La Fiscal¨ªa ve ¡°nula de pleno derecho¡± la devoluci¨®n de menores marroqu¨ªes en Ceuta

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional considera ¡°nulas de pleno derecho¡± las actuaciones administrativas que se llevaron a cabo el pasado agosto para repatriar a los menores marroqu¨ªes que entraron en Ceuta de forma irregular en mayo. Seg¨²n el informe del fiscal Manuel Campoy, adelantado por elplural.com y al que ha tenido acceso EL PA?S, estas actuaciones no siguieron el procedimiento legal y vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva de los menores. En su escrito, Campoy asegura que no se cumpli¨® ¡°ninguna de las garant¨ªas y tr¨¢mites exigidos por la legislaci¨®n¡± para la repatriaci¨®n de menores.

En este sentido, la fiscal¨ªa cree que debe admitirse a tr¨¢mite el recurso contencioso-administrativo que present¨® en su d¨ªa la Red de Inmigraci¨®n y Ayuda al Refugiado contra el oficio emitido por la Secretar¨ªa de Estado de Seguridad en el que se ped¨ªa que se iniciasen las repatriaciones de menores a Marruecos. El fiscal se?ala tambi¨¦n que son los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Ceuta los competentes para encargarse del caso.

El pasado 13 de agosto, la Delegaci¨®n de Gobierno, Interior y el Ejecutivo de Ceuta pusieron en marcha el proceso de repatriaci¨®n de varios grupos de menores. La forma en la que se realiz¨® llev¨® a varias ONG a acudir a los tribunales, y unos d¨ªas despu¨¦s un juzgado de Ceuta paraliz¨® las repatriaciones. Por su parte, la Red de Inmigraci¨®n y Ayuda al Refugiado se concentr¨® en denunciar, no las repatriaciones en s¨ª, sino el oficio de la Secretar¨ªa de Estado de Seguridad con el que se iniciaron. Seg¨²n los denunciantes, ese oficio permiti¨® ¡°la mala aplicaci¨®n por parte de la Delegaci¨®n del Gobierno de Ceuta de las devoluciones, sin garant¨ªas ni procedimiento¡±.

En su escrito, Campoy no analiza el oficio de forma particular, sino todo el procedimiento. Y mantiene que de las actuaciones que constan en el expediente administrativo ¡°se infiere¡± que ¡°no se ha cumplido ninguna de las garant¨ªas y tr¨¢mites exigidos por la legislaci¨®n. Seg¨²n el fiscal, se omitieron los preceptivos actos de comunicaci¨®n a los menores, la informaci¨®n de sus derechos y el nombramiento de defensor judicial. Tampoco constan, a?ade, ¡°los informes preceptivos de la representaci¨®n diplom¨¢tica de Marruecos sobre las circunstancias familiares de los menores afectados, de los servicios de protecci¨®n de menores ni del Ministerio Fiscal¡±.

Aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendi¨® la legalidad de la actuaci¨®n, despu¨¦s de tres d¨ªas de devoluciones y el retorno de 55 ni?os un juzgado de Ceuta fall¨® a favor de paralizar las repatriaciones. Lo hizo tras la denuncia de la Fundaci¨®n Ra¨ªces y la Coordinadora de Barrios, dos ONG que velan por los derechos de la infancia migrante. Desde entonces, el Gobierno trabaja en reforzar los recursos necesarios para acelerar los expedientes de los ni?os y ejecutar, est¨¢ vez s¨ª conforme a la ley, la devoluci¨®n a su pa¨ªs.

Otra de las claves del escrito del fiscal es que deja claro que la competencia de incoar y ejecutar los expedientes de repatriaci¨®n conforme a la ley recae en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Por esto, considera que debe ser un juzgado de lo contencioso-administrativo quien analice los recursos formulados contra las resoluciones dictadas en materia de extranjer¨ªa por la administraci¨®n perif¨¦rica del Estado. La organizaci¨®n que interpuso el recurso no comparte la interpretaci¨®n del fiscal. ¡°No estamos enjuiciando al Ministerio del Interior por haber procedido a ejecutar las deportaciones, sino por haber emitido una orden irregular, que prescinde de cualquier procedimiento administrativo¡±, mantuvo en un comunicado.

Interior, con el respaldo de la Abogac¨ªa General del Estado, ya hab¨ªa solicitado la inadmisi¨®n de este recurso. En sus alegaciones, el departamento de Grande-Marlaska asegur¨® que de su Ministerio no hab¨ªa salido ninguna orden ni acto administrativo que pudiera ser recurrido ante los tribunales. Resta ahora que la Audiencia Nacional decida si admite o no la causa.