El gran sumario por corrupci¨®n policial y empresarial de Mallorca, en riesgo de ser anulado

El mayor caso de corrupci¨®n destapado en Mallorca en los ¨²ltimos a?os, que revel¨® una trama de connivencia entre el due?o de las mayores discotecas de la isla, Bartolom¨¦ Cursach, y la Polic¨ªa Local de Palma corre el riesgo de quedar en nada despu¨¦s de nueve a?os de investigaciones. El juicio contra Cursach y otras 22 personas, entre ellos 14 polic¨ªas, dos funcionarios y excalto cargo, ha quedado suspendido esta semana en la Audiencia Provincial de Palma, despu¨¦s de que las tres juezas que integran el tribunal decidiesen retirarse a deliberar si anulan todo el procedimiento. Las defensas esgrimen para pedir la anulaci¨®n las supuestas irregularidades cometidas durante la instrucci¨®n del caso por el juez y el fiscal que las dirigieron.

Por el momento, el tribunal, que aborda la presunta connivencia del magnate del ocio nocturno Bartolom¨¦ Cursach con agentes de la Polic¨ªa Local de Palma para beneficiar sus negocios, ha rechazado la comparecencia como testigos del juez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel ?ngel Subir¨¢n, al considerar que ¡°no servir¨ªa de nada¡± y que podr¨ªa perjudicarles en el proceso que se sigue contra ellos en el Tribunal Superior de Justicia por supuestamente haber coaccionado a testigos y prevaricado en sus indagaciones sobre el caso. La Fiscal¨ªa se opuso a esa medida, planteada por las acusaciones particulares. En la ¨²ltima sesi¨®n del juicio, el pasado mi¨¦rcoles, el tribunal s¨ª acept¨® incluir el v¨ªdeo de una declaraci¨®n del director general del grupo Cursach durante la instrucci¨®n, que la defensa presenta como prueba de que se vulneraron sus derechos.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n reconoce que se conculcaron derechos de los investigados durante la instrucci¨®n, pero defiende que eso no es suficiente para anular toda la causa. ¡°Si se vulnera la presunci¨®n de inocencia ello puede traer consecuencias. Puede tener repercusiones, pero no necesariamente la nulidad de las actuaciones¡±, afirm¨® el fiscal Juan Carrau, al exponer su posici¨®n en las cuestiones previas a la apertura del juicio. ¡°El ministerio fiscal puede estar bajo sospecha, pero ello no quiere decir que todas sus actuaciones jurisdiccionales est¨¦n bajo sospecha¡±, asever¨®, por su parte, el fiscal Tom¨¢s Herranz, designado por la Fiscal¨ªa General del Estado para participar en el proceso tras ser apartado su antecesor.

Las defensas argumentan que toda la instrucci¨®n est¨¢ contaminada por la falta de un juez imparcial. El abogado de Cursach, Enrique Molina, critic¨® adem¨¢s lo que considera falta de concreci¨®n en las acusaciones de la Fiscal¨ªa contra su cliente, que se enfrenta a una petici¨®n de un a?o y medio de c¨¢rcel por pertenencia a organizaci¨®n criminal y prevaricaci¨®n. El abogado asegur¨® que ninguno de los escritos de acusaci¨®n, ni de la Fiscal¨ªa ni de las acusaciones particulares, atribuyen un comportamiento concreto al empresario.

El resto de las defensas han seguido una l¨ªnea similar y se han empleado en sembrar dudas sobre las acusaciones particulares, que representan a empresarios perjudicados por la trama de corrupci¨®n. El abogado Gaspar Oliver, que representa a dos polic¨ªas investigados, pidi¨® la expulsi¨®n de las acusaciones particulares al considerar que est¨¢n actuando de forma ¡°instrumental¡± para defender los intereses de los antiguos investigadores. Tras insinuar Oliver una falta de imparcialidad, la presidenta del tribunal, Samantha Romero, lo amonest¨®: ¡°Estamos entrando en una din¨¢mica que no es tolerable, al m¨¢s m¨ªnimo comportamiento extra?o, presi¨®n o cualquier cosa que observemos en nuestra vida habitual, ser¨¢ denunciado¡±, asever¨® Romero.

El juicio por el caso Cursach comenz¨® el pasado d¨ªa 13 tras nueve a?os de indagaciones, tres jueces instructores, varias piezas separadas y decenas de investigados. En el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Palma se sientan 23 personas, entre ellas Cursach. Junto a ¨¦l, est¨¢n procesados el n¨²mero dos de su conglomerado empresarial, Bartolom¨¦ Sbert, y otros tres trabajadores; 14 agentes y mandos de la Polic¨ªa Local de Palma; tres funcionarios y un excargo p¨²blico. Los enjuiciados est¨¢n acusados de un abanico de delitos que va desde la pertenencia a organizaci¨®n criminal a la prevaricaci¨®n, pasando por amenazas o revelaci¨®n de secretos.

El caso Cursach ha tenido una trayectoria rocambolesca. Arranc¨® en 2009 de una juez instructora y un a?o despu¨¦s pas¨® a manos del juez Penalva y el fiscal Subir¨¢n, los dos acusados de haberse saltado la ley durante las investigaciones. Adem¨¢s de estos dos, otro magistrado que hered¨® la instrucci¨®n, Manuel Florit, tambi¨¦n acab¨® apartado tras el esc¨¢ndalo suscitado por su decisi¨®n de requisar los tel¨¦fonos m¨®viles y los ordenadores de dos periodistas que llevaban tiempo cubriendo el caso. Cursach fue detenido en su d¨ªa y pas¨® 13 meses en prisi¨®n.