ERC se mueve a la abstenci¨®n para seguir negociando la Ley de Memoria Democr¨¢tica

La nueva Ley de Memoria Democr¨¢tica coge finalmente vuelo tras muchos meses frenada, con discusiones y debates internos dentro del Gobierno, y externos, con los grupos que apoyaron la investidura y gran parte de los proyectos de la legislatura. ERC, que se hab¨ªa desmarcado del texto durante meses, se movi¨® este lunes hacia la abstenci¨®n en el debate y aprobaci¨®n de la ponencia de la ley en la Comisi¨®n Constitucional del Congreso. De esta forma logra estirar la negociaci¨®n diez d¨ªas m¨¢s, hasta que el proyecto de ley llegue a su votaci¨®n definitiva en el pleno del 14 de julio. PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra y arremetieron con dureza contra el PSOE por incluir en el texto un art¨ªculo que prev¨¦ el reconocimiento y posibles reparaciones para v¨ªctimas de violaciones de derechos humanos durante la transici¨®n y hasta diciembre de 1983, cuando ya gobernaba en Espa?a el PSOE de Felipe Gonz¨¢lez.

El dictamen final de la ponencia de la nueva ley sali¨® adelante, en una acalorada sesi¨®n extraordinaria en la Comisi¨®n Constitucional, por 19 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones, las de ERC. El proyecto, uno de los m¨¢s simb¨®licos prometidos por el Ejecutivo de la coalici¨®n progresista, se aprob¨® en el Consejo de Ministros hace un a?o y luego estuvo bloqueado muchos meses en la comisi¨®n: primero, por diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la posibilidad de derogar la Ley de Amnist¨ªa de 1977; y m¨¢s tarde ante las reclamaciones de partidos aliados como ERC, PNV y EH Bildu. Los grupos de la derecha consideran la ley revisionista y de parte.

En el debate de la comisi¨®n se dividi¨® el Congreso otra vez en dos bloques aparentemente irreconciliables. Los dos socios de la coalici¨®n y sus aliados m¨¢s o menos habituales (PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, PDeCAT, M¨¢s Pa¨ªs, Comprom¨ªs, el Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe, y en este caso Coalici¨®n Canaria) destacaron la necesidad de actualizar algunos aspectos de la Ley de Memoria de 2007, aprobada por el Gobierno socialista de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. El PP, Ciudadanos y Vox rechazaron de plano el proyecto y entienden que puede ser ¡°una bomba de humo¡± para tapar otros problemas de gesti¨®n actual del Ejecutivo, como la inflaci¨®n.

El portavoz del PSOE en la comisi¨®n, Indalecio Guti¨¦rrez, abog¨® por ¡°saldar la deuda pendiente de la democracia espa?ola¡± con miles de v¨ªctimas y sus familiares, y centr¨® gran parte de su intervenci¨®n en subrayar que Espa?a contin¨²a siendo uno de los pa¨ªses del mundo con m¨¢s fosas comunes por exhumar. Guti¨¦rrez cifr¨® en 114.000 las personas que fueron enterradas de esa manera indigna y sin sepultura en unas 25.000 fosas. La nueva norma establece la obligaci¨®n del Estado de hacerse cargo de esas exhumaciones pendientes en un plazo de unos cuatro a?os. El dirigente del PSOE aprovech¨® para resumir los objetivos de la ley en ¡°cerrar heridas que siguen abiertas, hacer memoria, reparar y hacer justicia¡± en consonancia con las legislaciones internacionales de derechos humanos. Y agradeci¨® las contribuciones a este debate de todos los partidos que les apoyan y especialmente de ERC.

Carolina Telechea, de ERC, admiti¨® los ¡°avances¡± de la norma, sobre todo al contemplar su demanda hist¨®rica de declarar ¡°ilegal e ileg¨ªtimo¡± el r¨¦gimen franquista, pero afirm¨® que a su partido le parecen insuficientes, sobre todo porque no permitir¨¢n ¡°que familiares de v¨ªctimas tengan que dejar de ir a buscar justicia al extranjero¡±. Y porque no se toca la Ley de Amnist¨ªa de 1977, que seg¨²n fuentes gubernamentales no solo no se relega sino que se ¡°reivindica¡±. Otras formaciones nacionalistas, como el PNV, el PDeCAT o Coalici¨®n Canaria, valoraron el reconocimiento que se hace a la labor desarrollada en estos a?os por las comunidades aut¨®nomas y los entes locales en la recuperaci¨®n de muchas fosas y de la memoria. Miguel Legarda, del PNV, reproch¨® con dureza la ¡°falta de generosidad¡± de la derecha ahora frente a lo ¡°generosa¡± que fue la Transici¨®n con algunos de esos partidos.

Las intervenciones de los portavoces del PP y Vox fueron muy duras con la literalidad y oportunidad de la norma en estos momentos. Jaime Mateu y Mar¨ªa Jes¨²s Moro, del PP, y Francisco Jos¨¦ Contreras Pel¨¢ez, de Vox, lamentaron sobre todo el apoyo que recibir¨¢ el Ejecutivo para este proyecto de EH Bildu, a los que consideran los herederos de ETA, y acusaron al Gobierno de tener una actitud revisionista y divisoria del pasado. Pero fue Guillermo D¨ªaz, de Ciudadanos, el que formul¨® un discurso feroz contra la ley, que descalific¨® como ¡°de memoria selectiva¡±, de ¡°cirug¨ªa est¨¦tica y blanqueo de Bildu y Arnaldo Otegi¡±. D¨ªaz incidi¨® mucho en que el texto acordado permitir¨¢ ¡°investigar cr¨ªmenes del franquismo hasta 1983¡å, lo que aprovech¨® para denunciar que este PSOE de Pedro S¨¢nchez ¡°est¨¢ dispuesto a apu?alar al Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez¡±, que comenz¨® en octubre de 1982.

La ley de Memoria Democr¨¢tica, que podr¨ªa aprobarse en el Congreso el 14 de julio y llegar al Senado en septiembre, para entrar en vigor con su publaci¨®n entonces en el BOE, a lo que se abre es a ¡°reconocer¡± la existencia de v¨ªctimas del franquismo en su extensi¨®n m¨¢s amplia hasta esa fecha, en una demanda de EH Bildu que apoyaron otras fuerzas independentistas y que PSOE y Podemos hicieron suya para ¡°no mirar hacia otro lado¡± sobre casos de torturas y violaciones de derechos humanos que se alargaron en la Transici¨®n con grupos parapoliciales violentos como los GAL. La norma lo que permitir¨¢ ser¨¢ la creaci¨®n en teor¨ªa en el plazo de un a?o de una comisi¨®n de estudio, de expertos y historiadores, que determinar¨¢ y elevar¨¢ a la consideraci¨®n del propio Gobierno algunos casos de personas ¡°que lucharon en favor de la democracia¡± que sufrieron actos violentos entre 1978 y 1983 y que no pudieron ser consideradas v¨ªctimas en la ley de memoria hist¨®rica como sucedi¨®, por ejemplo, con el asesinato de la estudiante Yolanda Gonz¨¢lez en una manifestaci¨®n en febrero de 1980.