La eliminaci¨®n de los t¨ªtulos nobiliarios franquistas y otras claves de la futura ley de memoria democr¨¢tica

La ley de memoria democr¨¢tica sustituir¨¢ a la llamada ley de memoria hist¨®rica, aprobada en 2007, y corrige algunas de las carencias se?aladas desde entonces por v¨ªctimas del franquismo y asociaciones memorialistas. Estas son las principales novedades del texto, incluyendo las enmiendas pactadas entre los grupos parlamentarios, a falta de su aprobaci¨®n definitiva.

Eliminaci¨®n de t¨ªtulos nobiliarios. El texto que el Gobierno llev¨® al Congreso preve¨ªa elaborar ¡°un cat¨¢logo de t¨ªtulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que representen la exaltaci¨®n de la Guerra y Dictadura¡± para proceder a su supresi¨®n. A petici¨®n de varios grupos, incluidos los que forman parte del Gobierno de coalici¨®n, el PSOE y Unidas Podemos, se eliminar¨¢n directamente, para mayor seguridad jur¨ªdica, 33 t¨ªtulos ¡°por una serie de comportamientos atentatorios contra la dignidad humana y otros derechos fundamentales cometidos en ¨¦pocas preconstitucionales¡±. Los t¨ªtulos con grandeza de Espa?a que se suprimir¨¢n son los de duque de Franco, Primo de Rivera, Calvo Sotelo, Mola y Carrero Blanco; el de se?or de Meir¨¢s; el de marqu¨¦s de Arias Navarro; y los de conde de Alc¨¢zar de Toledo, Labajos y D¨¢vila. Adem¨¢s, se eliminan los t¨ªtulos ¡ªsin grandeza de Espa?a¡ª de marqu¨¦s de Saliquet, Queipo del Llano, Albor¨¢n, el Jarama, Varela de San Fernando, Somosierra, San Leonardo de Yag¨¹e, Vig¨®n, Suanzes, Kindel¨¢n, Casa Cervera y Bilbao Egu¨ªa; y los de conde de Benjumea, La Cierva, Fenosa, Castillo de la Mota, Pallasar, Mart¨ªn Moreno, Bau, Rodr¨ªguez de Valc¨¢rcel y de Iturmendi. Se suprimen tambi¨¦n las grandezas de Espa?a otorgadas al conde de Rodezno y a Fernando Su¨¢rez de Tangil.

El Estado asume la b¨²squeda e identificaci¨®n de los desaparecidos del franquismo. El principal defecto de la ley de memoria de 2007, y as¨ª lo se?alaron relatores de Naciones Unidas, es que el m¨¦todo de subvenciones que implant¨® el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero supon¨ªa subcontratar a los propios familiares de las v¨ªctimas y a las asociaciones memorialistas para localizar y abrir las fosas. En el nuevo texto, esa tarea corresponde a la Administraci¨®n General del Estado, que elaborar¨¢ planes plurianuales de b¨²squeda. En los ¨²ltimos 20 a?os se han recuperado los restos de 10.000 v¨ªctimas. El forense Francisco Etxeberria, que ha abierto muchas de esas fosas, calcula que quedan ¡°unos 20.000¡å esqueletos por recuperar de enterramientos clandestinos del franquismo y que el proceso puede resolverse en unos cinco a?os. El n¨²mero de desaparecidos supera con creces esa cifra, pero muchas fosas comunes son ya irrecuperables porque han sido sepultadas por carreteras, autopistas y edificaciones.

Nulidad de las sentencias franquistas. La ley de 2007 declar¨® ¡°ileg¨ªtimos¡± a los tribunales franquistas, pero no dio el paso de declarar nulas las sentencias que hab¨ªan impuesto. El Gobierno socialista de entonces tem¨ªa que, de hacerlo, los represaliados y sus familiares pudieran reclamar indemnizaciones econ¨®micas. El texto de la nueva ley de memoria democr¨¢tica s¨ª establece la nulidad de las resoluciones de los diferentes tribunales que el r¨¦gimen fue creando para perseguir al bando perdedor de la Guerra Civil. Adem¨¢s, como solicitaban ERC, EH Bildu y M¨¢s Pa¨ªs, el t¨¦rmino ¡°ileg¨ªtimo¡± se sustituir¨¢ por ¡°ilegal¡± a la hora de referirse a dichos tribunales y a todo el r¨¦gimen franquista. El nuevo texto, seg¨²n fuentes del Ejecutivo, no incluir¨¢ nuevas indemnizaciones econ¨®micas para quienes fueron condenados por esos tribunales ilegales. Desde la reinstauraci¨®n de la democracia, los distintos gobiernos han invertido 25.000 millones de euros en reparaciones econ¨®micas de distinto tipo para 680.000 personas. En 2021, el monte de esas indemnizaciones ascendi¨® a 18 millones de euros.

Incautaciones franquistas. El proyecto de ley que el Gobierno registr¨® en el Congreso prev¨¦ realizar una auditor¨ªa de bienes expoliados durante la Guerra Civil y la dictadura, e implementar ¡°posibles v¨ªas de reconocimiento a los afectados¡±. En este apartado, el texto abre una nueva v¨ªa al PNV para reclamar la sede del Instituto Cervantes en Par¨ªs, que fue sede del Gobierno vasco en la capital francesa entre 1937 y 1940. Una disposici¨®n adicional prev¨¦ la restituci¨®n de bienes incautados durante la dictadura a las fuerzas pol¨ªticas en el extranjero como consecuencia de procesos judiciales o administrativos. No ser¨ªa un procedimiento inmediato, pero permite al PNV reclamar de nuevo el inmueble.

Comisi¨®n de estudio de violaciones de derechos humanos hasta 1983. El proyecto de ley de memoria democr¨¢tica que el Gobierno registr¨® en las Cortes abarca desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n, en 1978. Pero se incluir¨¢ una disposici¨®n adicional para crear una comisi¨®n t¨¦cnica que estudie posibles violaciones de derechos humanos hasta finales de 1983.

Nuevos lugares de memoria. La portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, tambi¨¦n se ha felicitado por haber logrado el compromiso del Gobierno para adecuar el fuerte de San Crist¨®bal como lugar de memoria. Ubicado en el monte de Ezkaba (Pamplona), fue utilizado como penal durante el franquismo y en mayo de 1938 vivi¨® la mayor fuga penitenciaria de Espa?a, que acab¨® con 221 muertos.

Adem¨¢s del fuerte de San Crist¨®bal, EH Bildu tambi¨¦n ha pactado la cesi¨®n del espacio y dependencias del Palacio de la Cumbre de San Sebasti¨¢n al Ayuntamiento de la localidad. Aizpurua ha explicado en rueda de prensa que fue sede del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las estancias veraniegas de Franco en San Sebasti¨¢n y que en ese lugar fueron torturados los etarras Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala por los GAL. El edificio, actualmente sin uso, pertenece ahora al Ministerio de Pol¨ªtica Territorial.

Nuevo nombre para el Valle de los Ca¨ªdos. La ley servir¨¢ para extinguir definitivamente la Fundaci¨®n de la Santa Cruz del Valle de los Ca¨ªdos, creada por un decreto franquista de 1957. El complejo, para el que el Gobierno prepara un plan de resignificaci¨®n, pasar¨¢ a llamarse Cuelgamuros, el nombre original del valle. Cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto ser¨¢ reubicado. Eso, una vez trasladados los restos de Franco, afecta a la tumba de Jos¨¦ Antonio Primo de Rivera, junto al altar. El Ejecutivo dar¨¢ a la familia la opci¨®n de llevarlo a las criptas donde yacen el resto de v¨ªctimas o a otro lugar que deseen.

Ense?anza de la represi¨®n franquista. La nueva norma pretende actualizar todos los contenidos curriculares para incorporar la ense?anza de lo que supuso la represi¨®n franquista y la defensa de los valores democr¨¢ticos. Un acuerdo entre la Secretar¨ªa de Estado de Memoria Democr¨¢tica y la de Educaci¨®n ha permitido incluir ya esos contenidos en los decretos de ense?anzas b¨¢sicas, de ESO y bachillerato. Dirigentes del PP y Vox se han opuesto asegurando que se trata de ¡°adoctrinamiento¡±. En su informe sobre Espa?a, de 2014, el relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff dedic¨® un apartado espec¨ªfico a la educaci¨®n en el que lamentaba que ¡°algunos libros de texto¡± continuaran refiri¨¦ndose a la Guerra Civil ¡°en t¨¦rminos gen¨¦ricos, perpetuando la idea de una responsabilidad sim¨¦trica¡±.

Derecho a la verdad y apoyo a los investigadores. La nueva ley establece el derecho de los represaliados a conocer la verdad gracias a la creaci¨®n de una fiscal¨ªa de sala espec¨ªfica y a trav¨¦s de la llamada ¡°justicia restaurativa¡±, est¨¦n o no vivos los verdugos. Tambi¨¦n se refuerza a los investigadores con una enmienda que defiende su labor frente a querellas de terceros y con mayores garant¨ªas de acceso a los archivos.