Inflaci¨®n, paro, precio de la energ¨ªa: gu¨ªa para entender el estado de la naci¨®n antes del debate

El Congreso celebra desde este martes el debate del estado de la naci¨®n, el primero desde 2015. Aunque lo habitual es hacer uno cada a?o, las dificultades para conformar mayor¨ªas a partir de 2016 y la posterior irrupci¨®n de la pandemia impidieron uno de los actos parlamentarios m¨¢s importantes de cada legislatura. En los tres d¨ªas de debate y negociaci¨®n, los distintos portavoces disputar¨¢n una batalla por imponer su relato, basado en hechos y datos que no siempre se corresponden con la verdad.

La situaci¨®n ...

El Congreso celebra desde este martes el debate del estado de la naci¨®n, el primero desde 2015. Aunque lo habitual es hacer uno cada a?o, las dificultades para conformar mayor¨ªas a partir de 2016 y la posterior irrupci¨®n de la pandemia impidieron uno de los actos parlamentarios m¨¢s importantes de cada legislatura. En los tres d¨ªas de debate y negociaci¨®n, los distintos portavoces disputar¨¢n una batalla por imponer su relato, basado en hechos y datos que no siempre se corresponden con la verdad.

La situaci¨®n de la econom¨ªa, con un futuro m¨¢s incierto que nunca, y algunos proyectos de ley pol¨¦micos, marcar¨¢n una parte importante de los debates. EL PA?S analiza los distintos asuntos que enfrentar¨¢n a los portavoces con el Gobierno.

Las mejores cifras de empleo y el menor paro en 14 a?os

En junio se registr¨® el menor n¨²mero de parados (2.880.582) desde octubre de 2008, seg¨²n el Servicio P¨²blico de Empleo Estatal (SEPE). Las cifras de la Encuesta de Poblaci¨®n Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre del a?o tambi¨¦n registran datos positivos: 3.174.700 parados y 20.084.700 ocupados. Pese a estos n¨²meros, el presidente del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, duda de las estad¨ªsticas; ¨¦l sostiene que un trabajador fijo discontinuo, al que tras la reforma laboral se le hace un contrato indefinido, ¡°no aparece en la lista de parados aunque no est¨¦ trabajando¡±, lo que, seg¨²n el expresidente gallego, adultera las cuentas.

El Ministerio de Trabajo aclara que las estad¨ªsticas del INE y de la Seguridad Social no han cambiado como consecuencia de las nuevas condiciones de contrataci¨®n que impone la reforma laboral. Durante los periodos del a?o en los que no est¨¢n trabajando, los fijos discontinuos no figuran nunca como parados en el Servicio P¨²blico de Empleo Estatal, aunque s¨ª pueden aparecer como desempleados en la Encuesta de Poblaci¨®n Activa. Pero exactamente igual que suced¨ªa durante los mandatos del PP.

En el primer trimestre de 2020, cuando el Gobierno de coalici¨®n comenz¨® su mandato, hab¨ªa en Espa?a 3.313.000 parados, seg¨²n la EPA. Con la pandemia se lleg¨® a 3.722.900 parados en el tercer trimestre de 2020. Desde entonces, la creaci¨®n de empleo ha reducido considerablemente el n¨²mero de parados hasta llegar a los 3.174.700 desempleados registrados por la EPA en el primer trimestre de este 2022.

Deuda colosal aunque menos disparada que con Rajoy

La deuda espa?ola al finalizar el primer trimestre de 2022 ascend¨ªa a 1,4 billones de euros, el 117,7% del PIB una de las cifras m¨¢s altas registradas nunca (aunque sin alcanzar el r¨¦cord del primer trimestre de 2021: el 125,3% del PIB). Feij¨®o critica el grav¨ªsimo endeudamiento en el que est¨¢ incurriendo el Gobierno de Pedro S¨¢nchez. Desde que lleg¨® al poder en junio de 2018, S¨¢nchez ha engordado la deuda espa?ola en 237.000 millones de euros, algo a lo que contribuy¨® una pandemia que cerr¨® Espa?a durante casi medio a?o. El Gobierno de Mariano Rajoy (PP) cont¨® durante sus seis a?os y medio de mandato con 450.000 millones de euros m¨¢s de deuda y tuvo que hacer frente a una crisis econ¨®mica monumental durante la primera legislatura.

El efecto limitado del tope al gas en la factura de la luz

Un 11% de ahorro (la mitad de lo previsto) en la primera semana de aplicaci¨®n. El tope sobre el precio del gas que se utiliza para generar electricidad ha logrado en estos primeros d¨ªas rebajar algo la factura de la luz, pero menos de lo esperado por el Ejecutivo. Los efectos quedaron amortiguados en parte por la ola de calor en un momento en que se quema m¨¢s gas para la producci¨®n el¨¦ctrica ante la reducci¨®n de la oferta de otras fuentes de energ¨ªa, una nueva escalada abrupta en su precio y un enorme incremento de las exportaciones a Francia.

Aun as¨ª, se logr¨® una rebaja para los clientes del mercado regulado de cerca del 11%, entre cinco y 10 puntos por debajo de lo que hab¨ªa proyectado el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica y el Reto Demogr¨¢fico (entre el 15% y el 20%). La aplicaci¨®n de la medida a partir de la segunda quincena de julio permitir¨¢ un ahorro medio para el consumidor del mercado regulado de unos cinco euros (pagar¨¢ 76 en lugar de 81), seg¨²n los c¨¢lculos hechos para este peri¨®dico por Jos¨¦ Luis Sancha, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. El verano es el peor mes para grandes rebajas con el tope aprobado para Espa?a y Portugal porque, seg¨²n los expertos, es el periodo en el que m¨¢s gas se quema. A partir de septiembre, sostienen, se ver¨¢n ahorros mayores como consecuencia del mayor peso de las energ¨ªas renovables en el proceso de producci¨®n. La diferencia entre los precios del resto de Europa y la Pen¨ªnsula se va a ampliar en los pr¨®ximos trimestres.

Inflaci¨®n desbocada, perspectivas pesimistas

Espa?a registr¨® en junio una inflaci¨®n del 10,2%, una de las m¨¢s altas de Europa (8,6% de media). El dato amenaza el crecimiento, que todos los organismos sit¨²an este a?o por encima del 4% del PIB. El Gobierno admite un empeoramiento progresivo de las condiciones para mantener altas tasas de crecimiento en el pa¨ªs. Los cortes del suministro de gas ruso que han provocado un aumento de precios en los mercados internacionales no vaticinan nada bueno para el oto?o. ¡°Tenemos que prever una inflaci¨®n m¨¢s alta, m¨¢s tiempo¡±, asumi¨® la semana pasada la ministra de Econom¨ªa, Nadia Calvi?o.

44 meses de bloqueo en el Poder Judicial

El PP gobern¨® entre 2011 y 2018 con la promesa electoral de cambiar el modelo de elecci¨®n de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de manera que fueran los jueces quienes eligieran directamente a los vocales. Rajoy lo prometi¨® en los m¨ªtines, y el ministro Alberto Ruiz-Gallard¨®n llev¨® el proyecto de ley al Consejo de Ministros. Pero aunque Rajoy pudo hacer esa reforma legal porque gobern¨® hasta 2016 con mayor¨ªa absoluta, el presidente meti¨® el texto legal en un caj¨®n del que nunca sali¨®. El PP pas¨® a la oposici¨®n y desde 2018 bloquea la renovaci¨®n del organismo, que viene obligada por la Constituci¨®n y que, si se materializara ahora, acabar¨ªa con la actual mayor¨ªa de vocales de extracci¨®n conservadora.

Hace un a?o, el PSOE, intentando forzar esa renovaci¨®n que el PP bloqueaba (porque sus votos son imprescindibles), impuls¨® una reforma legal que imped¨ªa al CGPJ hacer nombramientos mientras tuviera el mandato caducado. Los efectos de aquella medida fueron catastr¨®ficos y contrarios a lo que se buscaba: no lograron desbloquear la renovaci¨®n del Consejo porque el PP sigui¨® con su negativa a pactar nada, pero provocaron el atasco en algunas salas del Tribunal Supremo porque los magistrados que fallecieron o se jubilaron no pudieron ser sustituidos por otros. En la Sala de lo Contencioso Administrativo ese problema causa que cada a?o se dicten 1.000 sentencias menos de las habituales (25% del total).

El supuesto revisionismo de la nueva ley de memoria

Durante casi un a?o, el Gobierno ha negociado con distintos grupos parlamentarios el texto del proyecto de Ley de Memoria Hist¨®rica tras analizar casi 500 enmiendas. La norma persigue profundizar en el reconocimiento de quienes sufrieron persecuci¨®n y violencia durante la dictadura franquista. Entre los grupos con los que el Gobierno pact¨® algunas modificaciones a su proyecto de ley est¨¢ EH Bildu, que presumi¨® de haber logrado extender el l¨ªmite temporal de aplicaci¨®n de la ley hasta finales de 1983, ¡°un avance relevante que permitir¨¢ abrir v¨ªas de reconocimiento y reparaci¨®n de v¨ªctimas de vulneraciones de derechos humanos ocurridos m¨¢s all¨¢ de 1978, en el posfranquismo, v¨ªctimas todas ellas abandonadas y olvidadas por las instituciones hasta ahora¡±.

La disposici¨®n adicional 16 que se ha incorporado al texto legal establece la creaci¨®n en el plazo de un a?o de una comisi¨®n de estudio ¡°sobre los supuestos de vulneraci¨®n de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidaci¨®n de la democracia¡± entre la entrada en vigor de la Constituci¨®n de 1978 y el 31 de diciembre de 1983. Fuentes del PSOE citan como ejemplo el asesinato a manos de la extrema derecha de Yolanda Gonz¨¢lez, l¨ªder estudiantil y militante comunista, el 1 de febrero de 1980. La investigaci¨®n de los cr¨ªmenes del franquismo que impulsa la nueva ley, con la participaci¨®n de un fiscal de sala, queda delimitada hasta la promulgaci¨®n de la Constituci¨®n en 1978. La comisi¨®n que estudiar¨¢ hechos entre 1978 y 1983 estar¨¢ integrada por historiadores y no por fiscales o polic¨ªas. Las mismas fuentes sostienen que en ning¨²n caso se trata de blanquear el terrorismo de ETA ni de profundizar en la investigaci¨®n de los cr¨ªmenes de los GAL, pero el PP, Cs y Vox recelan de la interpretaci¨®n que se pueda abrir con esa disposici¨®n.

Catalu?a y la sentencia del 25% de castellano

Catalu?a es la ¨²nica comunidad aut¨®noma de Espa?a en la que el castellano (lengua oficial y mayoritaria entre los catalanes) no es vehicular (docente) en las escuelas. El Tribunal Constitucional, el Supremo y el Superior de Catalu?a han dictado numerosas sentencias a lo largo de tres d¨¦cadas ordenando a la Generalitat que cambiara su modelo para reconocer al castellano como vehicular, pero la Generalitat nunca lo ha hecho. Este a?o adquiri¨® firmeza la ¨²ltima de esas sentencias, que obligaba al Govern a impartir en los centros educativos de toda Catalu?a al menos una materia troncal en castellano (adem¨¢s de la de Lengua Castellana); es decir, un 25% de las horas lectivas.

La Generalitat ha logrado eludir tambi¨¦n, al menos por ahora, el cumplimiento de esa resoluci¨®n judicial. El Gobierno de Pedro S¨¢nchez, que era parte en el proceso, no reclam¨® la ejecuci¨®n forzosa de la sentencia. Y no ha puesto ninguna pega a la negativa del Govern a aplicar el 25% de castellano. Tampoco ha recurrido ante el Constitucional el decreto ley en el que la Generalitat anuncia que no aplicar¨¢ el porcentaje, un recurso que, seg¨²n reclamaban las asociaciones defensoras del biling¨¹ismo, habr¨ªa paralizado la entrada en vigor de ese decreto y facilitado la ejecuci¨®n de la sentencia.

El trato de favor a etarras tras el traspaso de competencias a Euskadi

El Gobierno activ¨® el traspaso de competencias penitenciarias al Ejecutivo vasco el 1 de octubre. Esa circunstancia y el masivo acercamiento de presos de ETA a c¨¢rceles pr¨®ximas a Euskadi desencaden¨® las cr¨ªticas de la oposici¨®n por un supuesto trato de favor para excarcelar a terroristas. Desde entonces, el Gobierno vasco ha aplicado su nueva competencia penitenciaria para, en varias decenas de casos, conceder semilibertades a presos etarras que hab¨ªan cumplido la mayor parte de su pena. Esas decisiones siempre han sido revisadas por la Fiscal¨ªa, que ha podido recurrirlas ante el juez, y este ha tenido la potestad para anularlas, cosa que ha ocurrido en varias ocasiones.