Un grupo de vocales conservadores se consolida como oposici¨®n al Gobierno dentro del Poder Judicial

El rechazo de siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a dar el visto bueno a la designaci¨®n de ?lvaro Garc¨ªa Ortiz como fiscal general del Estado confirma la existencia de un sector dentro del ¨®rgano de gobierno de los jueces que ejerce como oposici¨®n al Gobierno de coalici¨®n casi con la misma intensidad con la que lo hacen en el Parlamento los partidos de la derecha. Se trata de un grupo de vocales que conforman el ala m¨¢s conservadora del Consejo y que, a lo largo de todo el mandato, pero, sobre todo, en los dos ¨²ltimos a?os, han promovido iniciativas y movimientos internos para plasmar su rechazo a la actuaci¨®n del Ejecutivo a trav¨¦s de acuerdos llevados al pleno, votos particulares o informes al margen de los que la ley les encomienda. Todos ellos forman parte del grupo de 11 vocales que en 2013 fueron propuestos por el PP para formar parte del CGPJ, aunque no todos los consejeros conservadores integran este bloque.

Miembros del ¨®rgano consultados coinciden en que hay entre cuatro y seis consejeros fijos en esta postura, que impulsan, o al menos suscriben, todas las resoluciones cr¨ªticas con el Gobierno adoptadas en los ¨²ltimos a?os. En este grupo se encuentran Jos¨¦ Antonio Ballestero, Nuria Abad, Carmen Llombart, Jos¨¦ Mar¨ªa Mac¨ªas y Gerardo Mart¨ªnez Trist¨¢n; algunos consejeros suman tambi¨¦n a este grupo a Wenceslao Olea, Juan Manuel Fern¨¢ndez y Juan Mart¨ªnez Moya, aunque estos se han desmarcado en alguna ocasi¨®n del resto de sus compa?eros o han mantenido un perfil m¨¢s moderado y, sobre todo, m¨¢s leal al presidente del Consejo, Carlos Lesmes. El papel de Lesmes, coinciden las fuentes, ha sido ambiguo con el nacimiento de esta corriente de oposici¨®n interna al Ejecutivo: aunque en las reuniones y los plenos trata de promover el consenso y subraya la importancia de preservar la neutralidad del Consejo como poder del Estado, no solo se ha sumado en ocasiones a algunas de las iniciativas m¨¢s cr¨ªticas con el Gobierno, sino que, seg¨²n admiten sus impulsores oficiales, las ha auspiciado.

El ¨²ltimo ejemplo fue el pasado 11 de julio, cuando el presidente propici¨® con su voto que el ¨®rgano aprobase la respuesta del sector m¨¢s conservador a la reforma legal expr¨¦s propuesta por el PSOE para desbloquear la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional. El voto de Lesmes fue el ¨²nico que se sum¨® al de los nueve vocales que hab¨ªan presentado un escrito contra el cambio legal y forzado la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir la postura del CGPJ sobre la reforma legal. Consejeros impulsores de este texto aseguran que consultaron al presidente antes de presentarlo y que este les dio el visto bueno, aunque, finalmente, para dar su apoyo, Lesmes exigi¨® matizar aspectos del escrito inicialmente registrado y dejar fuera una de las dos propuestas que conten¨ªa el original (la que pretend¨ªa poner en conocimiento de la UE las quejas del Consejo por la reforma legal).

El presidente respald¨® tambi¨¦n un texto similar presentado por los mismos vocales contra la reforma legal que, en marzo de 2021, prohibi¨® al Consejo hacer nombramientos discrecionales cuando, como ahora, estuviera en funciones (el actual mandato caduc¨® en diciembre de 2018). La relaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces con el Gobierno ha sido tensa desde que el PSOE lleg¨® a La Moncloa, y se crisp¨® a¨²n m¨¢s cuando Unidas Podemos entr¨® a formar parte del Ejecutivo, en enero de 2020. Las cr¨ªticas p¨²blicas de algunos de los l¨ªderes de este partido, con el entonces vicepresidente segundo a la cabeza, Pablo Iglesias, a sentencias o decisiones judiciales soliviantaron a los vocales del Consejo, que llegaron a emitir comunicados p¨²blicos de reproche. Pero el enfrentamiento se hizo m¨¢s visible a partir de ese primer cambio legal promovido por el Ejecutivo para limitar las competencias del Consejo en funciones como forma de presi¨®n al PP para que se sentara a negociar la renovaci¨®n del ¨®rgano. Desde entonces, se han multiplicado los conflictos con el Gobierno y el sector m¨¢s conservador y cr¨ªtico ha pisado el acelerador y busca, o al menos no esquiva, el choque con el Gobierno.

La mayor¨ªa de las veces este grupo consigue imponer su postura como la mayoritaria del Consejo. Otras, pierde, como ha ocurrido este jueves con el tr¨¢mite para designar al fiscal general. Aunque por el camino, advierte un vocal progresista, ponen en duda la imparcialidad del pr¨®ximo responsable del ministerio p¨²blico. ¡°Es un fiscal experimentad¨ªsimo y v¨¢lido, ese se ha comentado en el pleno y hasta ellos estaban de acuerdo¡±, advierte este consejero. ¡°Pero su pecado es haber sido jefe de la Secretar¨ªa T¨¦cnica de Delgado y haber participado como experto en un foro del PSOE de Galicia. Y con eso ya no vale para ser fiscal general. No es serio ese planteamiento¡±, lamenta.

La Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF), de la que Garc¨ªa Ortiz fue presidente, ha reprochado en un comunicado a los siete vocales discrepantes que induzcan a error a la opini¨®n p¨²blica ¡°al realizar una valoraci¨®n de datos y hechos falsos que, lejos de haber sido objeto de expediente alguno al que hayan podido tener acceso, han sido obtenidos y dados por v¨¢lidos mediante informaciones period¨ªsticas sesgadas y no contrastadas¡±. La UPF muestra tambi¨¦n su ¡°preocupaci¨®n¡± por que el voto particular de estos vocales se posicione sobre hechos judicializados, ¡°invadiendo competencias y socavando la independencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Sala Tercera del Tribunal Supremo¡±, en referencia a los procedimientos abiertos por el caso Stampa y por el nombramiento del fiscal coordinador de Menores.

La fractura en la votaci¨®n del Consejo sobre Garc¨ªa Ortiz convierte en norma lo que hasta ahora era excepci¨®n: que un amplio sector del CGPJ cuestionase el nombre del futuro fiscal general. Le ocurri¨® a Delgado, que fue ministra de Justicia hasta unas semanas antes de ser propuesta para dirigir la Fiscal¨ªa. Antes que con ella, solo se hab¨ªa producido una divisi¨®n similar con la elecci¨®n de otro exministro, Javier Moscoso, en 1986 (13 votos a favor, seis en contra y uno en blanco). El actual ¨®rgano de gobierno de los jueces hab¨ªa elegido antes que a Delgado a otros cuatro fiscales generales, tres propuestos por el Gobierno de Rajoy (Consuelo Madrigal, en 2014; Jos¨¦ Manuel Maza, en 2016; y Juli¨¢n S¨¢nchez Melgar, en 2017) y uno por el primer Ejecutivo de S¨¢nchez (Mar¨ªa Jos¨¦ Segarra, en 2018). Madrigal y Segarra obtuvieron el apoyo un¨¢nime del ¨®rgano de gobierno de los jueces; Maza y S¨¢nchez Melgar, el de todos menos el de la vocal propuesta por IU (Concepci¨®n S¨¢ez). En diciembre de 2018, el CGPJ entr¨® en funciones, el PP se entreg¨® a una especie de huida hacia adelante para negarse a negociar la renovaci¨®n del ¨®rgano (el actual mantiene una mayor¨ªa de vocales conservadores que los populares perder¨ªan si se renueva) y el sector m¨¢s conservador del Consejo inici¨® su ofensiva.