El Gobierno ha defendido el actual sistema de elecci¨®n de los vocales del Poder Judicial en todas las negociaciones frustradas para renovarlo

Pedro S¨¢nchez ha tenido tres ministros de Justicia (Dolores Delgado, Juan Carlos Campo y, la actual, Pilar Llop), pero la opini¨®n del Gobierno sobre el sistema de elecci¨®n de los vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha mantenido invariable. El Ejecutivo defiende el m¨¦todo actual, en el que los candidatos a miembros judiciales son preseleccionados por los propios jueces (cualquier juez en activo puede presentar su candidatura si cuenta con el apoyo de 25 jueces o de una asociaci¨®n judicial) y el Parlamento tiene que elegir a los 12 vocales de entre los integrantes de esa lista. Para el Gobierno, este sistema garantiza una doble legitimaci¨®n de los candidatos elegidos (preseleccionados por sus compa?eros y, despu¨¦s, por el Congreso y el Senado), frente al sistema que pretende imponer el PP, en el que los vocales ser¨ªan directamente designados por los miembros de la carrera mediante una elecci¨®n directa.

La elecci¨®n directa por parte de los jueces es tambi¨¦n el sistema que defienden las tres asociaciones judiciales de tendencia conservadora (las dos m¨¢s numerosas de la carrera: Asociaci¨®n profesional de la Magistratura y Francisco de Vitoria, y el Foro Judicial Independiente). La progresista Juezas y Jueces para la Democracia hab¨ªa apostado tambi¨¦n por este sistema desde 2014, pero en su ¨²ltimo congreso debati¨® el asunto y decidi¨® cambiar de postura ante el convencimiento de que una elecci¨®n corporativa llevar¨ªa a que las dos principales asociaciones acaparar¨ªan todos o casi todos los vocales jueces. Con este giro, el PSOE recuper¨® el apoyo de su asociaci¨®n judicial m¨¢s af¨ªn en un tema capital, aunque tanto entre los socialistas como entre los jueces progresistas, hay matices respecto a si el procedimiento debe mantenerse tal cual o hacer cambios, pero siempre sobre la base de que la ¨²ltima palabra la tenga el Parlamento.

El Gobierno no se ha negado hasta ahora a abrir esa reflexi¨®n, y as¨ª se hab¨ªa acordado con el PP en la negociaci¨®n para renovar el CGPJ que m¨¢s cerca estuvo de terminar en pacto: la mantenida en el oto?o de 2018 y que propon¨ªa al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, como presidente del Consejo y del alto tribunal, pero que acab¨® naufragando despu¨¦s de que el entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosid¨®, se jactara en un mensaje de WhatsApp a sus compa?eros de que ese pacto permitir¨ªa al partido controlar ¡°desde atr¨¢s¡± la Sala de lo Penal. En aquel acuerdo, que estaba casi cerrado, socialistas y populares hab¨ªan pactado, seg¨²n fuentes de la negociaci¨®n, renovar el Consejo de acuerdo a la ley vigente y, una vez que el nuevo ¨®rgano tomara posesi¨®n, debatir en el Parlamento si hab¨ªa que cambiar el sistema y en qu¨¦ direcci¨®n.

Delgado, primera ministra de Justicia de S¨¢nchez, fue la que m¨¢s claramente abog¨® por establecer mecanismos de ¡°objetividad y transparencia¡± sin abandonar el sistema de elecci¨®n parlamentaria. Para ello, seg¨²n explic¨® en una comparecencia ante la comisi¨®n de justicia del Congreso, su intenci¨®n era establecer un proceso de valoraci¨®n efectiva de m¨¦ritos y de un proyecto de actuaci¨®n que deber¨ªan presentar los aspirantes y que ser¨ªan p¨²blicos. Campo, su sucesor al frente de Justicia, abog¨® tambi¨¦n por introducir este tipo de filtros y lleg¨® a proponer que se designara una comisi¨®n de expertos ajenos a los partidos para que se pronunciaran sobre los candidatos. La ministra Llop no se ha negado tampoco a debatir cambios en el sistema una vez que se renueve el Consejo, pero sin renunciar a la intervenci¨®n del Parlamento.

Ninguna directiva ni norma de la Uni¨®n Europea fija c¨®mo tienen que funcionar los ¨®rganos de gobierno de los jueces de los distintos Estados miembros porque ni siquiera este ¨®rgano existe en todos los pa¨ªses. Pero el PP y distintos dirigentes europeos, entre ellos el comisario de Justicia, Didier Reynders, suelen aludir a los ¡°est¨¢ndares europeos¡± de los que, supuestamente, se aparta el sistema espa?ol. A estos ¡°est¨¢ndares¡± se refiere tambi¨¦n el Grupo de Estados contra la Corrupci¨®n (Greco), dependiente del Consejo de Europa, en los informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones que ha ido haciendo en los ¨²ltimos a?os para la prevenci¨®n de la corrupci¨®n en el ¨¢mbito parlamentario, la judicatura y la Fiscal¨ªa. En esos documentos, el Greco ha instado reiteradamente a Espa?a a modificar el sistema de elecci¨®n de los 12 vocales jueces para que sean ¡°elegidos por sus pares¡± y que el poder pol¨ªtico no participe ¡°en ninguna etapa¡± del proceso.