La Fiscal¨ªa se opone a la maniobra de Rajoy para paralizar una investigaci¨®n de Andorra por la Operaci¨®n Catalu?a
El expresidente quiere impedir una comisi¨®n rogatoria enviada por un juez del Principado
La Fiscal¨ªa de Madrid se ha opuesto a una petici¨®n de Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, para paralizar cautelarmente una comisi¨®n rogatoria librada por Andorra para recabar datos sobre las supuestas presiones a la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) a fin de obtener informaci¨®n de pol¨ªticos catalanes durante el proc¨¦s, en el marco de la Operaci¨®n Catalu?a y el chantaje de la ¡°polic¨ªa patri¨®tica¡± (el grupo de altos cargos policiales que supuestamente realiz¨® trabajos sucios para el Ministerio del Interior cuando lo gobernaba Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz).
La Fiscal¨ªa se ha pronunciado despu¨¦s de que esta semana el Tribunal Superior de Justicia madrile?o acordara conceder la medida cautelar¨ªsima solicitada por Rajoy y por el exmimistro Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz (ambos del PP), y diera traslado a la Abogac¨ªa del Estado y al Ministerio Fiscal para que informaran antes del jueves.
La representaci¨®n de Rajoy hab¨ªa solicitado la medida cautelar de suspensi¨®n de la comisi¨®n rogatoria expedida por la juez de instrucci¨®n n¨²mero 2 de Andorra, St¨¦phanie Garcia Garcia, que investiga si Rajoy presion¨® a las autoridades andorranas para que facilitaran informaci¨®n sobre supuestos dep¨®sitos en ese pa¨ªs del entonces presidente del Govern, Artur Mas, y del l¨ªder de Esquerra, Oriol Junqueras. A Rajoy se le atribuye un delito de ¡°coacciones de ¨®rganos constitucionales¡±, que castiga a quienes mediante ¡°intimidaci¨®n¡± traten de ¡°influir¡± en el Govern andorrano para que ¡°adopte una decisi¨®n¡± determinada.
La Fiscal¨ªa considera que la maniobra de dilaci¨®n de Rajoy encubre ¡°realmente un juicio sobre la actuaci¨®n del juzgado de Madrid y de la secci¨®n de la Audiencia Provincial¡±, que ya rechazaron suspender cautelarmente la ejecuci¨®n de la comisi¨®n rogatoria por la v¨ªa penal. El escrito fiscal se opone al ¡°cuestionamiento¡± que se realiza a la actuaci¨®n de la Direcci¨®n General de Cooperaci¨®n Internacional, adscrita al Ministerio de Justicia, de dar curso a la comisi¨®n rogatoria de Andorra, que Rajoy califica como tr¨¢mite, ya que ¡°ser¨ªa en su caso un examen de legalidad ordinaria¡± que no vulnera el derecho a la igualdad.
La investigaci¨®n deriva de una querella, admitida a tr¨¢mite en 2020, que presentaron el Institut de Drets Humans d¡¯Andorra, Drets y el expresidente de BPA, Higini Cierco, por la llamada Operaci¨®n Catalu?a e incluye como investigados al exsecretario de Estado de Interior Francisco Mart¨ªnez y al exdirector de la Polic¨ªa Ignacio Cosid¨®.
La querella, que inicialmente se dirig¨ªa contra los miembros de la llamada polic¨ªa patri¨®tica, se ampli¨® posteriormente a ra¨ªz de las incorporaciones de nuevos denunciantes, entre ellos la familia Pujol. Presentada por los delitos de coacciones, amenazas, extorsi¨®n, chantaje y falsedad documental, en ella se acusa a Rajoy y Fern¨¢ndez D¨ªaz de enviar a miembros de la Polic¨ªa a presionar a responsables del BPA para lograr informaci¨®n de cuentas bancarias de pol¨ªticos catalanes en el Principado, entre ellos el expresidente Artur Mas, el l¨ªder de ERC Oriol Junqueras y la familia Pujol.
La denuncia sostiene que el Gobierno espa?ol habr¨ªa extorsionado a los responsables del BPA, amenaz¨¢ndoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial espa?ola Banco Madrid (ambos ya clausurados) si no facilitaban la informaci¨®n exigida. Seg¨²n los querellantes, el Gobierno de Rajoy envi¨® supuestamente informaci¨®n falsa sobre BPA a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos, al tiempo que ¡°intimidaba¡± al Gobierno andorrano y a sus ministros durante una visita oficial al Principado en enero de 2015 para precipitar el cierre de la entidad.
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