S¨¢nchez exige a Feij¨®o que acuerde ya el Poder Judicial tras reclamar el PP que no se reforme el delito de sedici¨®n

El acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parec¨ªa ya casi cerrado, pero precisamente ese es el momento m¨¢s delicado, en el que se rompi¨® las dos veces anteriores, especialmente la ¨²ltima, en 2021. La tensi¨®n es importante y este jueves el PP ha exigido en privado al Ejecutivo que no promueva una reforma del delito de sedici¨®n si quiere pactar el Poder Judicial, seg¨²n fuentes conocedoras de las negociaciones. Desde Pretoria, la capital de Sud¨¢frica en la que concluye este jueves un viaje de dos d¨ªas que empez¨® el mi¨¦rcoles en Kenia, el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, ha lanzado un mensaje clar¨ªsimo a Alberto N¨²?ez Feij¨®o, l¨ªder del PP. ¡°Una cosa es la agenda legislativa, que se puede votar que no, como ha hecho el PP muchas veces, eso es la democracia, y otra cosa es el cumplimiento estricto de nuestras obligaciones constitucionales. Estamos ante una crisis constitucional sin precedentes, llevamos cuatro a?os de bloqueo y ha dimitido el presidente del Supremo [Carlos Lesmes]. El acuerdo est¨¢ listo, est¨¢ preparado. Solo falta la voluntad pol¨ªtica, hay que decir s¨ª o no. El Gobierno de Espa?a dice s¨ª de manera rotunda¡±, ha clamado el presidente. Fuentes del PP han desmentido que el acuerdo ya est¨¦ listo mientras Feij¨®o, en Santander, exig¨ªa al Ejecutivo claridad sobre sus planes con la sedici¨®n, aunque sin amenazar con romper la negociaci¨®n.

S¨¢nchez ha dejado claro que no piensa echar marcha atr¨¢s en esa posible reforma y que no acepta que eso se vincule de ninguna manera a la negociaci¨®n del Poder Judicial. ¡°La voluntad del Gobierno de Espa?a es manifestar un s¨ª rotundo al acuerdo para el Poder Judicial¡±, ha manifestado poco despu¨¦s, en otra pregunta. ¡°Ya dije en mi debate de investidura que ten¨ªamos la voluntad de hacer algunas reformas como la del C¨®digo Penal. Es leg¨ªtimo votar en contra o enmendar esa norma, pero otra cosa es cumplir el compromiso con la Constituci¨®n. Espero que podamos renovar por el bien de la democracia y de las instituciones¡±. S¨¢nchez ha insistido en su apuesta por el cambio del C¨®digo Penal siempre que ERC asuma que el delito de sedici¨®n no puede desaparecer, pero s¨ª reducir sus penas a la mitad en l¨ªnea con otras legislaciones europeas, como ha comentado a los periodistas que lo acompa?an en el viaje. ¡°La situaci¨®n en Catalu?a est¨¢ mucho mejor que en 2017. La situaci¨®n se debe resolver por cauces pol¨ªticos. Una de las principales lecciones que debemos extraer es la necesidad de homologar algunos tipos de delito en el contexto europeo¡±, ha insistido.

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Pedro S¨¢nchez habla sobre el CGPJ y llama al cumplimiento de la Constituci¨®n.

A pesar de que el acuerdo estaba muy avanzado y se esperaba la fumata blanca en los pr¨®ximos d¨ªas, todo se ha complicado en las ¨²ltimas horas por los planes del Gobierno de llevar adelante unos cambios en el delito de sedici¨®n que podr¨ªan beneficiar a varios dirigentes independentistas catalanes. El PP exige ahora al Ejecutivo para pactar el CGPJ que no se proceda con esa reforma, seg¨²n fuentes conocedoras de las conversaciones, y as¨ª se lo ha transmitido en privado a La Moncloa.

El PP considera que el Gobierno no puede pactar a la vez con ellos la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional y con ERC el regreso del expresidente catal¨¢n Carles Puigdemont a Espa?a gracias a la reforma del delito de sedici¨®n ¨Daunque Puigdemont tendr¨ªa que responder ante la justicia en todo caso y tambi¨¦n por otros delitos como malversaci¨®n¨D, seg¨²n ha transmitido al Ejecutivo, como indican esas fuentes.

En p¨²blico, el presidente del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, no ha llegado tan lejos, pero s¨ª ha reclamado este jueves claridad a La Moncloa sobre sus planes sobre la sedici¨®n, y se ha manifestado a favor de endurecer las penas por este delito. ¡°Hay una divergencia por lo que vemos en el Gobierno actual. No sabemos exactamente hacia d¨®nde va, hay contradicciones en horas de distintos miembros del Gobierno, y necesitamos saber, como es natural, si el Gobierno est¨¢ dispuesto a proteger la democracia espa?ola, o est¨¢ dispuesto simplemente a sobrevivir¡±, ha pedido Feij¨®o, sin vincular este asunto y la negociaci¨®n del CGPJ. Adem¨¢s, el l¨ªder popular ha anunciado que si llega al poder, va a ¡°agravar las penas de los delitos de sedici¨®n y rebeli¨®n, a tipificar de forma clara esos delitos y a tipificar como delito la convocatoria de refer¨¦ndum ilegal¡±.

El PP tambi¨¦n ha negado que el pacto del Poder Judicial est¨¦ ya listo, como ha manifestado el jefe del Ejecutivo desde Sud¨¢frica. ¡°Las afirmaciones del presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, efectuadas esta ma?ana no se ajustan a la realidad. Si bien es cierto que hay avances en las conversaciones, todav¨ªa NO [sic.] se ha llegado a un acuerdo. No es cierto que la soluci¨®n est¨¦ cerrada ni en el ¨¢mbito del Consejo General del Poder Judicial ni en el del Tribunal Constitucional¡±, ha asegurado el partido en un breve comunicado.

Cuando socialistas y populares estaban perfilando los ¨²ltimos detalles, la negociaci¨®n se ha encontrado con un impedimento de ¨²ltima hora a la espera de aclarar qu¨¦ sucede con esa modificaci¨®n legal, y al anunciar la ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, en el Congreso, durante el debate de Presupuestos para 2023, la intenci¨®n del Ejecutivo de llevar esa propuesta a la C¨¢mara. Montero, ante la crisis desatada, ha salido a los pasillos a matizar que ella no estaba en las negociaciones y que, en su opini¨®n, a¨²n no hay mayor¨ªa para impulsar esa reforma, esto es la posici¨®n oficial. Las conversaciones sobre el pacto judicial entre el PSOE y el PP, en todo caso, no se han interrumpido.

La ministra Montero estaba dando la r¨¦plica al portavoz de ERC, Joan Margall, cuando para responder a algunas de sus exigencias de desjudicializaci¨®n del conflicto catal¨¢n apunt¨® que exist¨ªa un compromiso del presidente S¨¢nchez para abordar la homologaci¨®n del delito de sedici¨®n en el C¨®digo Penal a las penas de otros pa¨ªses europeos del entorno espa?ol, que por tanto, traer¨ªan ¡°a esta C¨¢mara, que soberanamente tendr¨¢ que decidir sobre esta cuesti¨®n¡±. Montero no ha mencionado expresamente el delito de sedici¨®n, pero s¨ª ha reafirmado que esa promesa del jefe del Ejecutivo ¡°no es objeto de este debate¡±. Y, finalmente, ha matizado que ese asunto tan sensible se abordar¨ªa en ¡°otro entorno¡± ajeno a la discusi¨®n y negociaci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Las expresiones de la ministra Montero, y las de portavoces de otros grupos socios y aliados del Gobierno a favor de armar esa mayor¨ªa parlamentaria para rebajar las penas de ese delito, adelantadas por EL PA?S, han llevado al PP a reaccionar con virulencia ante el temor de que esa reforma sea inmediata, justo cuando est¨¢n perfilando el pacto judicial. Montero, alertada desde La Moncloa de lo que hab¨ªa provocado, ha salido con urgencia a los pasillos de la C¨¢mara baja para precisar que ella no llevaba la negociaci¨®n, que el presidente y otros interlocutores son los que han fijado criterio sobre el tema y ha aprovechado para afirmar adem¨¢s, que ahora no hay mayor¨ªa suficiente en el Parlamento para superar con ¨¦xito esa votaci¨®n. Avisada de que esa mayor¨ªa s¨ª existe, como han confirmado portavoces de todos los partidos socios y aliados habituales, Montero coment¨® que ella no hab¨ªa hecho los n¨²meros. Desde La Moncloa, adem¨¢s, ante lo delicado del momento, se envi¨® a todos los ministerios un mensaje para que se extremara la prudencia en todas las intervenciones para no torpedear m¨¢s la posibilidad del acuerdo.

Todo este farragoso panorama ha provocado un vuelco en la negociaci¨®n sobre el Consejo, que llega cuando el pacto estaba a punto de cerrarse. El mi¨¦rcoles por la noche trascendi¨® que socialistas y populares hab¨ªan consensuado que los magistrados que ocupen cargos pol¨ªticos no puedan regresar de forma autom¨¢tica a la carrera judicial, como ocurre en la actualidad, lo que afectar¨ªa a varios jueces vinculados a ambos partidos. El Gobierno de Pedro S¨¢nchez cuenta con tres ministros que son jueces en excedencia ¨DPilar Llop, de Justicia; Margarita Robles, de Defensa; y Fernando Grande-Marlaska, de Interior¨D, y el PP tiene en el Gobierno de la Comunidad de Madrid a Enrique L¨®pez. Los populares tambi¨¦n han contado con jueces en otros de sus gobiernos, como el caso del hasta hace unos d¨ªas presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, que fue alto cargo del Ejecutivo de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. Ocup¨® el puesto de director general de Relaciones con la Administraci¨®n de Justicia y director general de Objeci¨®n de Conciencia.

Sin embargo, a pesar de que todo estaba pr¨¢cticamente acordado, el contexto pol¨ªtico puede hacer saltar por los aires el pacto del Poder Judicial, como ha sucedido otras veces en los casi cuatro a?os que el Gobierno y el PP llevan tratando de cerrar un acuerdo. En todo caso, la situaci¨®n, aunque grave, todav¨ªa no ha estallado, porque el di¨¢logo sigue abierto, seg¨²n fuentes conocedoras del mismo.