La infundada comparaci¨®n entre los sistemas de justicia de Polonia y Espa?a

Esteban Gonz¨¢lez Pons advirti¨® este lunes de que Pedro S¨¢nchez se puede encontrar al inicio de la presidencia espa?ola de la UE, que empieza en julio de 2023, con un informe de la Comisi¨®n Europea sobre el Estado de derecho que puede equiparar la situaci¨®n espa?ola a la de Polonia. No es la primera vez que el dirigente del PP, que ha sido el negociador de los populares con el Gobierno para el acuerdo frustrado de renovaci¨®n del Consejo general del Poder Judicial, lanza un aviso similar, bas¨¢ndose en la supuesta advertencia en ese sentido que le transmiti¨® el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, durante la visita a Espa?a que hizo a finales de septiembre. Sin embargo, en esa ocasi¨®n, Reynders subray¨® p¨²blicamente las diferencias entre la ¡°buena situaci¨®n¡± de la justicia espa?ola y otros pa¨ªses con ¡°problemas sist¨¦micos¡±, entre los que s¨ª incluy¨® a Polonia, con quien Bruselas mantiene una larga batalla desde hace a?os por la negativa de este pa¨ªs a aplicar el derecho de la Uni¨®n.

El Informe sobre el Estado de derecho, cuya ¨²ltima versi¨®n se public¨® en julio, cubre cuatro ¨¢reas clave en las que se desenvuelven los valores de la UE: la independencia de los sistemas judiciales, el marco de lucha contra la corrupci¨®n, la libertad de prensa y los controles y equilibrios institucionales. Y Polonia sal¨ªa mal parada en casi todos. Lo primero que le reprochan es que este pa¨ªs d¨¦ primac¨ªa a su derecho nacional sobre el comunitario, lo que contraviene uno de los pilares en los que se apoya la justicia de la UE y del que dependen en gran medida desde el funcionamiento del mercado interior a la cooperaci¨®n judicial entre Estados. Este asunto ha elevado al m¨¢ximo el conflicto entre la UE y Polonia, cuyo tribunal constitucional lleg¨® a dictaminar en 2021 que varios art¨ªculos de los tratados de la Uni¨®n Europea son inconstitucionales en su pa¨ªs.

La negativa de Varsovia a dar marcha atr¨¢s en varias reformas del sistema de Justicia que, seg¨²n la UE, socavan la independencia de los jueces, ha llevado a Bruselas incluso a actuar contra este pa¨ªs, por lo que considera ¡°amenazas graves¡± contra el Estado de derecho. Todas ellas estaban tambi¨¦n subrayadas en el ¨²ltimo informe de la Comisi¨®n, en el que se ped¨ªa a ese Estado que garantice las ¡°investigaciones y enjuiciamientos independientes y efectivos, abordar el amplio alcance de las inmunidades de los altos ejecutivos y abstenerse de introducir cl¨¢usulas de impunidad en la legislaci¨®n¡±, otro de los motivos constantes de tensi¨®n con este pa¨ªs. Tambi¨¦n le recomend¨® ¡°separar la funci¨®n del Ministro de Justicia de la del Fiscal General y garantizar la independencia funcional de la fiscal¨ªa¡± y reclam¨® mayor transparencia y procedimientos ¡°no discriminatorios¡± en la concesi¨®n de licencias a medios.

En el caso de Espa?a, el informe reprochaba duramente que la renovaci¨®n del CGPJ se mantuviera bloqueada cuatro a?os despu¨¦s, y advert¨ªa de que esta situaci¨®n pod¨ªa transmitir la percepci¨®n de que el Poder Judicial es ¡°vulnerable a la politizaci¨®n¡±. Sobre el sistema de elecci¨®n de los vocales jueces del Consejo, el texto se?alaba: ¡°Algunas asociaciones de jueces pidieron que los 12 miembros del Consejo sean elegidos directamente por sus colegas de acuerdo con los est¨¢ndares del Consejo de Europa, y el Consejo de Europa record¨® que los est¨¢ndares europeos establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus iguales de todos los niveles del poder judicial¡±. ¡°Es importante que se tengan en cuenta estas normas europeas y que se consulte a todas las partes interesadas pertinentes¡±, a?ad¨ªa.

Durante su visita a Espa?a, Reynders s¨ª insisti¨® en la necesidad de que el pa¨ªs adquiriera dos compromisos: primero, renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); e, inmediatamente despu¨¦s, modificar el actual sistema de elecci¨®n de los vocales jueces del Consejo para que sean elegidos directamente por los miembros de la carrera sin intervenci¨®n del Parlamento.