Anticorrupci¨®n pide el ingreso en prisi¨®n de Gri?¨¢n y el resto de los condenados a c¨¢rcel por el ¡®caso ERE¡¯

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha pedido el ingreso en prisi¨®n del expresidente de la Junta de Andaluc¨ªa Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y los otros ocho ex altos cargos del Gobierno andaluz condenados a c¨¢rcel por el caso de los ERE fraudulentos. Seg¨²n han confirmado fuentes de Anticorrupci¨®n, el ministerio p¨²blico present¨® este jueves un escrito en la Audiencia de Sevilla para pedir que se desestime el recurso de las defensas que reclamaba suspender la ejecuci¨®n de las penas de prisi¨®n mientras se tramitan los indultos solicitados por todos ellos al Gobierno. Ahora es la Audiencia la que tiene que decidir, para lo cual no hay un plazo fijado. La opini¨®n de la Fiscal¨ªa, avanzada por La SER, no es vinculante, pero suele tener un peso considerable en la decisi¨®n final que tomen los jueces.

Para rechazar la suspensi¨®n de la pena, la Fiscal¨ªa argumenta que el p¨¢rrafo del art¨ªculo 4.4 del C¨®digo Penal que hace referencia a que, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad del indulto ¡°pudiera resultar ilusoria¡± es una norma de ¡°car¨¢cter excepcional¡±. El principio general, subraya el ministerio p¨²blico, es ¡°la no suspensi¨®n¡±, y responde al ¡°inter¨¦s p¨²blico que reclama que las resoluciones judiciales firmes se cumplan¡±. En las condenas del caso de los ERE, afirma Anticorrupci¨®n, las penas impuesta ¡°son lo suficientemente largas (...) para que se pueda estimar que la posible concesi¨®n del indulto no se vea frustrada por el inicio de las ejecuciones¡±. Es decir, que, aunque los condenados entraran en prisi¨®n y despu¨¦s fueran indultados, el tiempo de pena que habr¨ªan cumplido ser¨ªa proporcionalmente bajo.

En su escrito, los dos fiscales delegados de Anticorrupci¨®n en Sevilla mencionan ¡°las numerosas resoluciones¡± de Audiencias provinciales en las que reiteran ¡°el car¨¢cter excepcional¡± que debe tener la suspensi¨®n de la ejecuci¨®n de una sentencia, as¨ª como un pronunciamiento del Tribunal Supremo de 1998 y otro del Constitucional que subrayan: ¡°En un Estado de Derecho las sentencias claman por ser cumplidas como exigencia impl¨ªcita a la eficacia de la tutela judicial¡±.

El ministerio p¨²blico apunta que para decidir sobre la suspensi¨®n de la ejecuci¨®n hay que sopesar el perjuicio que podr¨ªa derivarse de la ejecuci¨®n de la pena si se queda sin efecto. Y a?ade: ¡°El caso m¨¢s claro son las penas privativas de libertad. Si se trata de penas cortas, habr¨¢ que tener un criterio m¨¢s generoso para la suspensi¨®n de la ejecuci¨®n que si se trata de penas de mayor duraci¨®n¡±.

El Tribunal Supremo ratific¨® en julio pasado la condena de seis a?os de c¨¢rcel por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n que le impuso a Gri?¨¢n la Audiencia de Sevilla, junto a las penas de entre seis a?os y siete a?os y once meses impuestas a otros ocho ex altos cargos del Gobierno andaluz en la etapa del PSOE. Estas penas, ya con sentencia firme del alto tribunal, les abocan a entrar en la c¨¢rcel, pero todos han solicitado el indulto y sus defensas han pedido a la Audiencia Provincial que suspenda el ingreso en prisi¨®n mientras el Gobierno decide si concede esas medidas de gracia. La Secci¨®n Primera de la Audiencia, encargada de ejecutar la pena, pregunt¨® hace unas semanas a la Fiscal¨ªa si deb¨ªa atender la petici¨®n de los abogados, y esa es la cuesti¨®n que ha contestado ahora el ministerio p¨²blico, que considera que el expresidente andaluz y los dem¨¢s condenados a prisi¨®n deben ser encarcelados mientras esperan la decisi¨®n del Gobierno.

No hay plazo estipulado para que los tres jueces de la Secci¨®n Primera tomen una decisi¨®n. Anticorrupci¨®n present¨® su escrito este jueves, pero los jueces pueden decidir a lo largo de las pr¨®ximas semanas. Los magistrados que forman el tribunal que debe ejecutar el fallo del Supremo son Pilar Llorente, Patricia Fern¨¢ndez y Enrique Garc¨ªa L¨®pez-Corchado. Solo Llorente form¨® parte del tribunal que en primera instancia conden¨® a los ex altos cargos de la Junta, debido a la prejubilaci¨®n del expresidente de la Sala, Juan Antonio Calle, y el traslado de otra magistrada, Encarnaci¨®n G¨®mez, a la Audiencia de Alicante. ¡°Espero que los jueces tengan en cuenta que est¨¢n en curso incidentes de nulidad¡±, apunta esperanzado el abogado de Gri?¨¢n, Jos¨¦ Mar¨ªa Calero.

En su sentencia, el Supremo consider¨® que la exc¨²pula del Gobierno andaluz cre¨® y mantuvo un sistema de ayudas sociolaborales entre 2000 y 2009 para evitar ¡°todo control administrativo¡± y disponer del dinero p¨²blico ¡°de forma discrecional¡± y ¡°al margen de toda legalidad¡±. De los cinco magistrados del tribunal que revis¨® el caso y ratificaron las condenas, dos emitieron un duro voto particular porque consideran que Gri?¨¢n y otros cuatro ex altos cargos de la Junta no malversaron. Mientras la Audiencia decide, el Ministerio de Justicia sigue tramitando los indultos parciales solicitados por los ex altos cargos condenados. Estos son los exconsejeros andaluces Francisco Vallejo, Carmen Mart¨ªnez Aguayo, Antonio Fern¨¢ndez y Jos¨¦ Antonio Viera, los ex viceconsejeros Agust¨ªn Barber¨¢ y Jes¨²s Mar¨ªa Rodr¨ªguez, as¨ª como el ex director general de Trabajo Juan M¨¢rquez y el ex director general de la agencia Idea Miguel ?ngel Serrano Aguilar.

El PP, que ha guardado silencio hasta ahora, se posicionar¨¢ ma?ana sobre la suspensi¨®n de la entrada en prisi¨®n de Gri?¨¢n. ¡°Vamos a estudiar el escrito de la Fiscal¨ªa¡±, han se?alado fuentes del PP andaluz, personado como acusaci¨®n personal, informa Lourdes Lucio. Los dirigentes populares creen que Gri?¨¢n no debe ser indultado y esgrimen el dato de la ¨²ltima encuesta del Centro de Estudios Andaluces, seg¨²n el cual el 71% de los encuestados se opone a la medida de gracia para el expresidente socialista. El rechazo es a¨²n mayor, del 76,1%, en el caso del resto de los ex altos cargos condenados.

Por su lado, el presidente del Gobierno y l¨ªder del PSOE, Pedro S¨¢nchez, ha eludido pronunciarse sobre el asunto cuando ha sido interrogado por ello esta tarde, durante una rueda de prensa conjunta con su hom¨®logo portugu¨¦s, Ant¨®nio Costa: ¡°El Gobierno lo que hace es respetar los procedimientos judiciales, ya saben mi opini¨®n y la he expresado anteriormente¡±, ha dicho en Viana do Castelo, donde se encuentra con motivo de la 33? cumbre bilateral hispano-lusa, informa Jos¨¦ Marcos.

?Cu¨¢ndo se ejecutar¨¢ la pena y entrar¨¢n en prisi¨®n los condenados por malversaci¨®n? ¡°Cualquier pron¨®stico es aventurado. Hay un vac¨ªo normativo y una disfunci¨®n enorme entre la ley procesal del siglo XIX y la Constituci¨®n de 1978, con un desarrollo jurisprudencial permanente hacia la daci¨®n de tutela judicial efectiva en el marco del respeto pleno al derecho de defensa. Pi¨¦nsese que, salvo concesi¨®n del indulto, en 1882 no hab¨ªa alternativa a la ejecuci¨®n inmediata de una sentencia firme, pero el panorama normativo actual es completamente distinto¡±, opina Alfonso Mart¨ªnez del Hoyo, abogado del exconsejero Antonio Fern¨¢ndez. ¡°En este momento hay a mi juicio dos salidas para el tribunal de Sevilla: la formalista enervante de derechos fundamentales o la garantista plenamente respetuosa de los mismos, en la cual ese tribunal se situar¨ªa accediendo a no ejecutar sin m¨¢s la sentencia, sino limit¨¢ndose a esperar y dando lugar as¨ª a que el Tribunal Supremo y luego el Tribunal Constitucional adopten la decisi¨®n de posible suspensi¨®n que les corresponde. Ning¨²n perjuicio se producir¨¢ a la causa de la justicia si, despu¨¦s de casi 12 a?os de procedimiento, se espera unas semanas m¨¢s¡±, a?ade el letrado.