El Poder Judicial repudia los ¡°intolerables ataques¡± de la ministra Irene Montero a los jueces

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reaccionado este mi¨¦rcoles con indignaci¨®n a las dudas sobre la aplicaci¨®n que est¨¢n haciendo los jueces de la ley del solo s¨ª es s¨ª que han sembrado diversos dirigentes de Unidas Podemos, empezando por la ministra de Igualdad, Irene Montero. En un comunicado emitido por la comisi¨®n permanente ¨Del m¨¢ximo ¨®rgano de decisi¨®n tras el pleno¨D, el Consejo muestra su ¡°m¨¢s firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las ¨²ltimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables pol¨ªticos, que se contraponen con el acreditado compromiso de la carrera judicial con la protecci¨®n de las v¨ªctimas de los delitos contra la libertad sexual¡±. ¡°Este tipo de actuaciones minan la confianza de las v¨ªctimas en las administraciones y, singularmente, en la de justicia, aumentando su desprotecci¨®n¡±, se?ala en un comunicado el CGPJ, aludiendo a las palabras de Montero o de la delegada del Gobierno contra la Violencia de G¨¦nero, Victoria Rosell, a quienes no cita. Ambas han afirmado que la reducci¨®n de penas en algunos casos de condenados por agresi¨®n sexual se debe no a un problema de la ley sino a que hay jueces que ¡°est¨¢n incumpliendo la ley¡± por ¡°machismo¡±. Las cuatro asociaciones de jueces, tanto las de tendencia conservadora como la progresista, han mostrado igualmente su profundo malestar por la reacci¨®n ¡°infantil y absurda¡± de la ministra de Igualdad.

En el mismo texto, el CGPJ recuerda que el derecho del reo a que se le aplique la ley m¨¢s favorable cuando la legislaci¨®n cambia ¡°constituye un principio b¨¢sico del Derecho Penal¡±, derivado del art¨ªculo 9.3 de la Constituci¨®n y del 2.2 del C¨®digo Penal, que establece que ¡®tendr¨¢n efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera reca¨ªdo sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena¡±.

¡°Las resoluciones judiciales conocidas en los ¨²ltimos d¨ªas y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Org¨¢nica 10/2022, de 6 de septiembre, de garant¨ªa integral de la libertad sexual resultan, por tanto, de la aplicaci¨®n estricta de estos preceptos por parte de los miembros del Poder Judicial¡±, se?ala el ¨®rgano, que recuerda que en el informe emitido durante la tramitaci¨®n de la nueva norma ya advirti¨® sobre el efecto que la rebaja de las penas m¨¢ximas para algunos supuestos tendr¨ªa sobre las condenas ya dictadas.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Dom¨¦stica y de G¨¦nero, ?ngeles Carmona, se ha adherido al comunicado del CGPJ y ha remarcado que los jueces espa?oles ¡°tienen una s¨®lida formaci¨®n en materia de violencia de g¨¦nero¡±. Desde 2019, a?o en el que se estableci¨® por ley la obligatoriedad de realizar el curso sobre perspectiva de g¨¦nero para acceder a la especialidad, han recibido esta formaci¨®n 1.467 jueces y juezas. En cuanto a los cursos de violencia de g¨¦nero, los han realizado 307 jueces y juezas, seg¨²n la nota difundida por el Observatorio, un ¨®rgano integrado por el CGPJ (que lo preside), varios ministerios, la Fiscal¨ªa General del Estado, las comunidades aut¨®nomas y los Consejos de la Abogac¨ªa y de los Procuradores.

La opini¨®n del Consejo General del Poder Judicial es compartida tambi¨¦n por las asociaciones de jueces de manera un¨¢nime. ¡°Cuando se legisla sin prestar atenci¨®n a lo que se informa por los ¨®rganos que tienen obligaci¨®n de advertir, se corre el riesgo de que pasen este tipo de cosas. Ahora no vale llamar machistas a los jueces. Es infantil y absurdo¡±, ha protestado Juan Jos¨¦ Carbonero, miembro ejecutivo de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM, la asociaci¨®n mayoritaria y de tendencia conservadora). Lo que ha ocurrido, ha subrayado, no es una ¡°aplicaci¨®n indebida de la ley por un juez¡± de forma aislada. ¡°Los magistrados aplican la ley como tienen que hacerlo, en la medida en que no se puede dejar de aplicar la retroactividad. El Consejo General del Poder Judicial les advirti¨® y nadie les hizo caso¡±. En su opini¨®n, todo se reduce a una ¡°cuesti¨®n de buena t¨¦cnica legislativa¡±, por lo que ha puesto en duda lo que considera una estrategia err¨¢tica del Ministerio de Igualdad. ¡°Es humo cuando se habla de jueces machistas y se desconoce la realidad. No tiene sentido tildar a los que vamos a aplicar la ley, cuando el resultado no es el querido, de machistas. Es peligroso entrar en una espiral de esta naturaleza¡±, ha zanjado, en declaraciones a Europa Press.

En una l¨ªnea similar se ha expresado el portavoz de la Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fern¨¢ndez Vaquero, que ha explicado que ¡°el hecho de que se aplique¡± la ley ¡°no tiene que alarmar a nadie¡±. ¡°Distinto es¡±, ha apuntado, ¡°que [la reducci¨®n de penas] no fuera una consecuencia prevista o querida¡±. ¡°Entonces tenemos un problema de falta de previsi¨®n del legislador. Entiendo que pueda llamar la atenci¨®n, pero realmente sucede cuando se cambia el C¨®digo Penal y se despenalizan determinadas conductas o se rebaja la pena en alg¨²n delito¡±, ha a?adido Vaquero. ¡°Aunque cambiaran la ley [a partir de ahora], todos se beneficiar¨ªan. Solo se aplicar¨ªa un cambio para el que cometa delitos a partir de la entrada en vigor del cambio. A todos los que fueron condenados se les aplica retroactivamente, aunque est¨¦ en vigor un solo d¨ªa¡±.

La magistrada Concha Roig, miembro del secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD, de tendencia progresista), ha reconocido que no entiende la ¡°sorpresa¡± de algunos pol¨ªticos por la rebaja de las penas de prisi¨®n a algunos condenados por abusos sexuales a menores. ¡°[La aplicaci¨®n retroactiva de la ley m¨¢s favorable] Es una aplicaci¨®n habitual desde la aprobaci¨®n del C¨®digo Penal de 1995. No cabe el arbitrio judicial, no se trata de volver a determinar la pena e interpretar los hechos: es una interpretaci¨®n taxativa¡±, ha se?alado a Europa Press.

El presidente de Foro Judicial Independiente (FJI) ha mostrado en declaraciones a la misma agencia su indignaci¨®n por una ¡°reacci¨®n exagerada, desproporcionada y demagoga por parte de los responsables pol¨ªticos, que ponen en el tejado del edificio judicial la pelota¡± que, a su juicio, ¡°han montado ellos solos¡±. ¡°No es un problema interpretativo, sino que en la norma donde dec¨ªa 8 ahora dice 6 [a?os]. Que ahora digan que incumplimos la ley cuando estamos cumpli¨¦ndola, la verdad es que suena a lo que es. La descalificaci¨®n y el insulto es el argumento de los que no tienen argumentos. Una reacci¨®n tan visceral y una huida hacia adelante que pone de manifiesto que se quiere matar al mensajero¡±, ha lamentado.