Ocho vocales conservadores del Poder Judicial obligan a debatir en el pleno la reforma expr¨¦s de la sedici¨®n
El n¨²cleo duro de los consejeros propuestos por el PP reclama que se debata la falta de petici¨®n de informe al Consejo por parte del Gobierno
Los ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que conforman el n¨²cleo duro del sector conservador han reactivado su choque con el Gobierno. Este grupo ha presentado este viernes un escrito que fuerza al presidente suplente, el progresista Rafael Mozo, a incluir en el orden del d¨ªa del pleno del 24 de noviembre un punto para que el ¨®rgano acuerde reclamar al Ejecutivo que le consulte antes de reformar el delito de sedici¨®n, por el que fueron condenados Oriol Junqueras y otros ocho l¨ªderes independentistas a entre 9 y 13 a?os de c¨¢rcel. La propuesta para cambiar este delito en el C¨®digo Penal ha sido registrada por el PSOE y Unidas Podemos como proposici¨®n de ley, una f¨®rmula expr¨¦s que elude la petici¨®n de informes a ¨®rganos como el CGPJ y el Consejo de Estado, pero los vocales conservadores sostienen que los est¨¢ndares europeos obligan a que todas las propuestas normativas que afecten al Poder Judicial deben someterse a informe de los Consejos de Justicia.
La petici¨®n de los vocales conservadores se debatir¨¢ en el pleno porque el reglamento del Consejo reconoce a los miembros del ¨®rgano su derecho ¡°a formular propuestas escritas y a su inclusi¨®n en el orden del d¨ªa de las reuniones del Consejo¡±. Es decir, si hay una petici¨®n oficial de que se incluya un tema en el orden del d¨ªa de un pleno, el presidente est¨¢ abocado a aceptarlo. No es la primera vez que los consejeros propuestos por el PP se enfrentan al Gobierno por reformas legales tramitadas por la v¨ªa r¨¢pida y fuerzan al pleno a pronunciarse sobre ellas. Por ejemplo: ya ocurri¨® en 2020 con la ley que vet¨® al ¨®rgano de gobierno de los jueces los nombramientos discrecionales cuando, como ahora, est¨¦ en funciones (ten¨ªa que haberse renovado en diciembre de 2018).
En aquella ocasi¨®n, la propuesta fue avalada por 16 votos a cinco, al adherirse a ella varios vocales progresistas. Pero en este caso, el choque surge cuando el CGPJ tiene pendiente desde el 13 de septiembre la elecci¨®n de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar, que no se ha llevado a cabo por las maniobras de estos ocho vocales en contra de esas votaciones, lo que mantiene bloqueada la renovaci¨®n del ¨®rgano de garant¨ªas. La intenci¨®n de los progresistas era realizar los nombramientos en el pleno de la semana que viene, pero los vocales propuestos por el PP lo han rechazado, alegando que el Supremo tiene todav¨ªa que decidir si suspende o mantiene en el cargo de presidente suplente al vocal Mozo, una decisi¨®n que el alto tribunal prev¨¦ tomar el d¨ªa 23.
En el texto presentado este jueves, los ocho vocales piden al presidente que incluya en el orden del d¨ªa del pleno un punto para que el CGPJ se pronuncie sobre la falta de petici¨®n de informe en la reforma del delito de sedici¨®n, y para que se debata si, a pesar de que el Ejecutivo no se lo ha reclamado, no ser¨ªa oportuno que el pleno lo haga. En su escrito, los ocho consejeros (Nuria D¨ªaz, Jos¨¦ Antonio Ballestero, Jos¨¦ Mar¨ªa Mac¨ªas, Juan Mart¨ªnez Moya, Juan Manuel Fern¨¢ndez, Carmen Llombart, ?ngeles Carmona y Gerardo Mart¨ªnez Trist¨¢n) esgrimen un dictamen de 2021 del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, que se?ala que ¡°todo proyecto normativo susceptible de tener incidencia sobre el Poder Judicial y la independencia de los jueces, o sobre las garant¨ªas de acceso de los ciudadanos a la Justicia, deber¨ªa ser sometido obligatoriamente al dictamen del Consejo de Justicia, antes de su deliberaci¨®n por el parlamento¡±. Lo mismo subraya la Red Europea de Consejos de Justicia, en su informe de 2010-2011 sobre los Consejos de Justicia, se?alan los vocales.
El escrito acaba reproch¨¢ndole al Gobierno que no sea la primera vez que tramita reformas legislativas por la v¨ªa de urgencia. ¡°Llama la atenci¨®n que en reiteradas ocasiones nos encontramos con importantes reformas que afectan al Poder Judicial y que, en lugar de tramitarse como proyectos de ley por el Gobierno, son los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno los que presentan en el Congreso de los Diputados como proposiciones de ley, obviando as¨ª el tr¨¢mite de informe preceptivo de este Consejo General del Poder Judicial de haberse tramitado de otra forma¡±, se?alan, y advierten de que existen precedentes en este Consejo de emisi¨®n de informes sobre proposiciones de ley.
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