El nombramiento del exministro Campo que el PP denuncia ante Bruselas es com¨²n en Francia, Alemania, Italia y B¨¦lgica

Laurent Fabius fue primer ministro con el primer presidente socialista de la era moderna de Francia, Fran?ois Mitterrand. Casi dos d¨¦cadas m¨¢s tarde, otro jefe de Estado socialista, Fran?ois Hollande, lo nombr¨® en 2016 presidente del Consejo Constitucional, el equivalente galo al Tribunal Constitucional espa?ol. En esos momentos, Fabius era ministro de Asuntos Exteriores de Francia. Nadie se rasg¨® las vestiduras. Tampoco lo hicieron cuando, un a?o m¨¢s tarde, el nuevo inquilino del El¨ªseo, Emmanuel Macron, design¨® a una integrante del tribunal de garant¨ªas, Nicole Belloubet, como la ministra de Justicia de su primer mandato. En la vecina Italia, pa¨ªs de los sobresaltos pol¨ªticos, el dos veces primer ministro Giuliano Amato acaba de concluir sin pol¨¦micas su mandato como presidente del Tribunal Constitucional.

El Partido Popular denuncia ahora ante Bruselas como un ¡°asalto institucional¡± el nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de Laura D¨ªez, hasta hace seis meses directora general de Asuntos Constitucionales en La Moncloa. Pero las idas y venidas entre la pol¨ªtica y la instituci¨®n que vela por las leyes no solo han pasado con anterioridad en Espa?a (y con el PP en el Gobierno): son algo habitual en Europa y hasta en el organismo judicial que supervisa las leyes de los Veintisiete, el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE).

¡°Los tribunales constitucionales son una creaci¨®n del siglo XX, se concibieron principalmente para garantizar el control de la constitucionalidad de las leyes del parlamento¡±, recuerda el abogado y profesor de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid Daniel Sarmiento, con amplia experiencia en derecho en la Uni¨®n Europea. De ah¨ª que, subraya, incluso en algunos pa¨ªses de la UE hasta se ¡°exige¡± que en esos tribunales haya jueces ¡°con experiencia pol¨ªtica¡±. Ah¨ª est¨¢n, se?ala, B¨¦lgica o Alemania, donde es normal que en sus tribunales constitucionales haya antiguos ministros o diputados.

En el caso belga, est¨¢ incluso estipulado por ley. El reglamento del Constitucional belga exige que, de los 12 jueces que conforman su tribunal de garant¨ªas, tres de ellos sean elegidos ¡°con la base de tener al menos cinco a?os de experiencia como miembros del Parlamento¡±.

No es de extra?ar, por tanto, que el comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, se mostrara bastante tranquilo cuando, esta semana, se le consult¨® su opini¨®n sobre el tema: ¡°No es el ¨²nico pa¨ªs en el que se produce esta situaci¨®n¡±, se?al¨® al respecto quien hasta su llegada a la Comisi¨®n Europea ocup¨® altos cargos en el Gobierno belga ¡ªfue hasta viceprimer ministro y ministro de Exteriores¡ª. Por el momento, ni el comisario de Justicia ni la vicepresidenta de la Comisi¨®n y comisaria de Transparencia, V¨§ra Jourov¨¢, se han pronunciado sobre la carta que les han hecho llegar la portavoz del PP en Europa, Dolors Montserrat, y el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el alem¨¢n Manfred Weber. Seg¨²n los populares, los nombramientos del Gobierno espa?ol suponen una ¡°violaci¨®n de los continuados llamamientos de la UE a los Estados miembros para garantizar la independencia judicial¡±.

La firma de Weber en la carta del PP s¨ª que ha causado algo de asombro. Al fin y al cabo, la presencia de pol¨ªticos en el Bundesverfassungsgericht, el Constitucional alem¨¢n, tambi¨¦n est¨¢ normalizada. El tribunal germano lo ¨²nico que estipula es que, quien sea nombrado como juez, abandone de inmediato cualquier esca?o que pueda ocupar a nivel federal o de L?nder. El actual presidente del Constitucional alem¨¢n, Stephan Harbarth, es adem¨¢s compa?ero de partido de Weber: antes de asumir la jefatura del Bundesverfassungsgericht, fue durante a?os diputado por el partido cristianodem¨®crata CDU, en cuya filial b¨¢vara, la CSU, milita el hoy presidente del PPE.

Sarmiento no cree que la ¡°denuncia¡± del PP-PPE vaya a tener gran eco en Bruselas. ¡°La UE vela porque los Estados tengan unos est¨¢ndares m¨ªnimos de garant¨ªa de independencia y no politizaci¨®n de sus tribunales, incluidos los constitucionales, pero son unos est¨¢ndares ¡®de m¨ªnimos¡¯. Como regla general, Bruselas ha sido muy cauta en esos temas, pues, adem¨¢s, la competencia de la Uni¨®n en este terreno es limitada¡±, se?ala.

De ah¨ª que, avanza, lo m¨¢s probable es que la Comisi¨®n Europea no tome medida alguna al respecto. ¡°La jurisprudencia del Tribunal de Justicia est¨¢ dise?ada para casos muy extremos, como el de Polonia. Este no es, ni de lejos, el caso de Espa?a¡±, subraya en referencia al pulso que Varsovia mantiene con Bruselas y Luxemburgo, sede del TJUE. Este tribunal orden¨® hace un a?o a Polonia pagar a la Comisi¨®n Europea una multa de un mill¨®n de euros diarios por no parar la actividad de su pol¨¦mica sala disciplinaria del Tribunal Supremo, una instancia que seg¨²n la Comisi¨®n Europea socava la independencia de los magistrados polacos.

Hasta en el TJUE es habitual la presencia de pol¨ªticos en su bancada. Como la del juez luxemburgu¨¦s Fran?ois Biltgen, que ocup¨® la cartera de Justicia de este peque?o Estado europeo hasta justo antes de ponerse la toga del tribunal que vela por el cumplimiento de las leyes de los Veintisiete.

El primer precedente espa?ol de nombramiento con cargo pol¨ªtico previo data de 1995, cuando Felipe Gonz¨¢lez nombr¨® como magistrado constitucional a Manuel Jim¨¦nez de Parga, que hab¨ªa sido a?os antes diputado constituyente por UCD y ministro de Trabajo con Adolfo Su¨¢rez. El Gobierno de S¨¢nchez no es siquiera pionero en la elecci¨®n de magistrados para el Constitucional con trayectorias pol¨ªticas: en la ¨²ltima renovaci¨®n, la de 2013, los populares eligieron tambi¨¦n dos nombres muy pol¨ªticos: Enrique L¨®pez, actual consejero de Justicia de Madrid y hombre fuerte hist¨®rico del PP en el mundo de la justicia, y Francisco Jos¨¦ Hernando, ya fallecido, entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial y un referente conservador y de oposici¨®n al Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Tambi¨¦n caus¨® pol¨¦mica en su momento ¡ªpero no fue m¨¢s all¨¢ de eso, una pol¨¦mica¡ª la elecci¨®n en 2012 del diputado popular Andr¨¦s Ollero para el tribunal de garant¨ªas.