Unidas Podemos presiona al PSOE para reformar ya la elecci¨®n del Poder Judicial, como acaba de hacer con el Constitucional

El Gobierno afronta una nueva semana clave, con mucho ruido pol¨ªtico y varios hitos legislativos simb¨®licos, porque tiene distintas urgencias para acabar el a?o. El presidente del Ejecutivo y l¨ªder del PSOE, Pedro S¨¢nchez, reconoci¨® el domingo en Barcelona que algunas de sus apuestas est¨¢n siendo ¡°arriesgadas¡±, pero sus socios de coalici¨®n, Unidas Podemos, a¨²n piensan que puede ser m¨¢s arrojado. Creen que si S¨¢nchez y el PSOE ¡°se han atrevido ahora a reformar el m¨¦todo de elecci¨®n del Tribunal Constitucional a trav¨¦s de una enmienda a la propuesta para cambiar el delito de sedici¨®n en el C¨®digo Penal, tambi¨¦n lo pueden hacer con el Consejo General del Poder Judicial¡±, seg¨²n fuentes de su direcci¨®n. El portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, ha vuelto a poner esa propuesta estos d¨ªas sobre la mesa de las negociaciones, y quiere persistir en ella antes de que acabe el a?o.

PSOE y Unidas Podemos han pactado un total de 11 enmiendas, que se ver¨¢n este lunes en la ponencia respectiva del Congreso y se llevar¨¢n hasta el pleno el jueves, para reformar distintos art¨ªculos del C¨®digo Penal, la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial y la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional. Estas enmiendas tienen dos objetivos. Por un lado, ajustar algunos castigos y delitos, como la sedici¨®n y la malversaci¨®n, a las normativas de pa¨ªses europeos de nuestro entorno, con la finalidad pol¨ªtica de mejorar el clima social, partidista y electoral en Catalu?a y con algunos de sus aliados parlamentarios preferentes como ERC. Por otro, acabar con la situaci¨®n que ambos socios del Gobierno de coalici¨®n califican de ¡°secuestro¡± de la justicia por parte del PP, ante la negativa del partido liderado por Alberto N¨²?ez Feij¨®o a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018, y ahora las vacantes del Constitucional, pendientes desde el 12 de septiembre, como marcan la Constituci¨®n y las leyes en vigor.

El abogado y presidente del grupo parlamentario de UP, Jaume Asens, lo confes¨® as¨ª sin ambages: ¡°El PP est¨¢ en la subversi¨®n del orden constitucional y lo que quiere es llegar a las pr¨®ximas elecciones secuestrando el Consejo del Poder Judicial y el Constitucional para renovar esos ¨®rganos si ganan ellos¡±. El CGPJ lleva cuatro a?os caducado y fuera de mandato y el Tribunal Constitucional est¨¢ con varias vacantes sin rellenar desde el verano.

Una de esas enmiendas ya consensuadas entre PSOE y UP, que tendr¨¢ apoyos suficientes de otros socios parlamentarios para ser aprobada y entrar en funcionamiento posiblemente antes de que acabe 2022, supone una modificaci¨®n sustancial del art¨ªculo 599.1 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. Este art¨ªculo rige el m¨¦todo de elecci¨®n de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que, seg¨²n la Ley Fundamental, le corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial de forma paralela a los dos que le compete designar al Gobierno. La correcci¨®n mantiene la mayor¨ªa de tres quintos de los vocales del Consejo que se exigen ahora para las renovaciones de los dos magistrados del tribunal de garant¨ªas. Pero si transcurridos tres meses desde la fecha l¨ªmite para la renovaci¨®n de estas dos vacantes esta no se ha llevado a cabo, se fija un nuevo sistema, con plazos de d¨ªas muy estrictos, sin necesidad de qu¨®rum, que concede un voto a cada magistrado y permite que salgan elegidos al final los dos m¨¢s votados. La reforma desliga, adem¨¢s, esa renovaci¨®n de la que le compete por su parte al Gobierno y establece incluso sanciones penales si los vocales se niegan a cumplir con sus obligaciones, como est¨¢ sucediendo ahora por parte del sector conservador del CGPJ.

Esa reforma expr¨¦s es dura y pol¨¦mica, porque supone una modificaci¨®n legal relevante en tiempo r¨¦cord en el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, y porque ha reavivado el clima de confrontaci¨®n radical entre el Gobierno y la oposici¨®n de derechas en el Parlamento y en la judicatura. PSOE y Unidas Podemos, sin embargo, consideran que es la ¨²nica manera de desbloquear una situaci¨®n ¡°intolerable¡± de atasco e incluso ¡°secuestro¡± de la justicia, especialmente por parte del PP.

Una de las consecuencias derivadas de este bloqueo es la falta de casi 20 de los 80 magistrados que ten¨ªa el Tribunal Supremo antes de que una reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial prohibiera hace dos a?os al CGPJ hacer nombramientos discrecionales de magistrados de altos tribunales con el mandato caducado. Las salas de lo Civil y de lo Contencioso del Supremo son las que m¨¢s problemas de funcionamiento tienen ya. En la contenciosa se est¨¢n dictando un 25% menos de sentencias, con lo que crecer¨¢ la pendencia en esta sala y los ciudadanos tardar¨¢n mucho m¨¢s tiempo en recibir una respuesta a sus demandas. Es en esa sala en la que se ven todos los recursos contra decisiones del Gobierno, por ejemplo los indultos a los dirigentes independentistas catalanes. Hay decenas de nombramientos pendientes en Tribunales Superiores de Justicia de distintas autonom¨ªas.

El viernes, el portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, afirm¨® que estos cambios ¡°llegan tarde¡±, habl¨® de la ¡°insoportable¡± situaci¨®n del Constitucional y mencion¨® que tras ¡°ese primer paso¡± quedaba ahora ¡°una tarea pendiente: [la renovaci¨®n del] Consejo del Poder Judicial¡±. Echenique afirm¨® que ¡°en cada interlocuci¨®n¡± con el PSOE han tratado de convencerles de aplicar en el ¨®rgano de gobierno de los jueces criterios similares a los aplicados al Constitucional para avanzar en la renovaci¨®n, pero confes¨® que a¨²n no lo hab¨ªan conseguido. La direcci¨®n de UP no ceja en ese empe?o y volver¨¢ sobre esa idea en los pr¨®ximos d¨ªas y si es posible antes de que acabe el a?o. Y rematan: ¡°Si el PSOE se ha atrevido finalmente a modificar el m¨¦todo en el Constitucional, no tiene explicaci¨®n que no lo puedan hacer para el Consejo¡±.

UP y PSOE ya registraron en el oto?o de 2020 una modificaci¨®n en esa l¨ªnea de la ley org¨¢nica que regula el Poder Judicial para que la renovaci¨®n de 12 de los 20 vocales del CGPJ que pertenecen a la carrera judicial pudieran ser elegidos por las Cortes por mayor¨ªa absoluta, y no por tres quintos, como exige la norma, lo que requiere pactos, cada vez m¨¢s imposibles, entre los dos partidos mayoritarios. Para los otros ocho vocales del Consejo ¡ªdesignados entre juristas de reconocida competencia¡ª la Constituci¨®n es taxativa en su art¨ªculo 122 y exige una mayor¨ªa de tres quintos en ambas C¨¢maras. El presidente S¨¢nchez forz¨® m¨¢s tarde la retirada de aquella propuesta ante los recelos que levant¨® en la Uni¨®n Europea y porque se abri¨® la en¨¦sima posibilidad de acuerdo luego frustrado con el PP, entonces de Pablo Casado.

Seg¨²n el criterio de UP, las votaciones sobre las leyes org¨¢nicas ya necesitan ahora una mayor¨ªa absoluta, o sea que la renovaci¨®n del CGPJ se har¨ªa seg¨²n esa iniciativa por id¨¦ntica mayor¨ªa. UP recuerda incluso que para la investidura de un presidente del Gobierno en Espa?a solo se demanda una mayor¨ªa simple, como la que concit¨® S¨¢nchez hace tres a?os (167 frente a 165), y plantea que para reforzar la importancia de la votaci¨®n del Consejo del Poder Judicial se podr¨ªa exigir, como sucede ya en el Consejo de RTVE, una mayor¨ªa absoluta y la mitad de los grupos parlamentarios representados en el Congreso. Ahora son en total 10 grupos.