El PSOE se apoya en los informes policiales para intentar reabrir la causa sobre el cohecho en los gobiernos de Aznar

El PSOE mueve ficha para intentar reabrir la causa sobre las donaciones realizadas por empresarios a la caja b del PP, supuestamente a cambio de adjudicaciones p¨²blicas, la ¨²ltima derivada del caso G¨¹rtel que permanece en instrucci¨®n. La representaci¨®n de Carmen Ninet y Cristina Moreno, dos exdiputadas socialistas, han presentado un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para qu...

El PSOE mueve ficha para intentar reabrir la causa sobre las donaciones realizadas por empresarios a la caja b del PP, supuestamente a cambio de adjudicaciones p¨²blicas, la ¨²ltima derivada del caso G¨¹rtel que permanece en instrucci¨®n. La representaci¨®n de Carmen Ninet y Cristina Moreno, dos exdiputadas socialistas, han presentado un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que revoque la decisi¨®n del juez instructor Santiago Pedraz, que dio carpetazo a la investigaci¨®n el pasado diciembre. La acusaci¨®n popular se apoya principalmente en los informes de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa Nacional, que certific¨® sobrecostes millonarios y ¡°vulneraciones¡± de los ¡°principios generales de la contrataci¨®n¡± en obras bajo sospecha concedidas durante los gobiernos de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.

Con el respaldo de la Fiscal¨ªa, el juez Pedraz concluy¨® que no existe ¡°dato incriminatorio alguno¡± que permita seguir adelante con estas pesquisas, al no poder establecer una ¡°relaci¨®n¡± directa entre cada una de las adjudicaciones concedidas y las donaciones de los empresarios reflejadas en la contabilidad paralela que llev¨® el extesorero popular Luis B¨¢rcenas durante casi 20 a?os ¡ªlos bautizados como papeles de B¨¢rcenas¡ª. El magistrado y el ministerio p¨²blico inciden en que no se puede atribuir un delito de cohecho sin probar ese nexo, adem¨¢s de destacar que el informe final del pasado noviembre de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, descart¨® irregularidades en las obras analizadas.

Sin embargo, la representaci¨®n de las exdiputadas socialistas reprocha al instructor que no ha valorado ¡°debidamente¡± los indicios que se le han puesto sobre la mesa, especialmente los informes de la UDEF ¡ªy otros de la IGAE, anteriores al ¨²ltimo¡ª, donde se ¡°aprecian¡± indicios de ¡°claras arbitrariedades¡± y de ¡°singulares y graves irregularidades¡± en los tr¨¢mites de los expedientes de contrataci¨®n. En un documento firmado en julio de 2021 por el principal investigador del caso G¨¹rtel, el inspector Manuel Morocho, la unidad policial subray¨® que hab¨ªa hallado sobreprecios por encima del 20% en 14 obras, dispar¨¢ndose en alg¨²n caso hasta el 64%, el 74% e incluso el 94%.

Uno de los empresarios investigados, Alfonso Garc¨ªa Pozuelo-Asins, que encabez¨® Constructora Hisp¨¢nica, admiti¨® en otro juicio de G¨¹rtel el pago de mordidas al PP a cambio de obras. ¡°Le entregu¨¦ cosas para Castilla y Le¨®n [a Francisco Correa, l¨ªder de la trama]¡±, dijo en la vista oral de ?poca I, que acab¨® con la primera condena al partido conservador por beneficiarse de la red corrupta. En su recurso, las exparlamentarias del PSOE tambi¨¦n ponen su confesi¨®n sobre la mesa.

¡°Aun cuando no haya irregularidad formal en las adjudicaciones, estas actuaciones consist¨ªan, en ocasiones, en manejar los m¨¢rgenes de discrecionalidad existente en las adjudicaciones de obra p¨²blica para decantar finalmente la balanza en la concesi¨®n de determinados contratos a favor de la empresa en que los responsables del PP se hab¨ªan interesado en cada caso¡±, apunta el escrito de Ninet y Moreno, que a?ade: ¡°No necesariamente debe establecerse un v¨ªnculo sim¨¦trico entre donaci¨®n y adjudicaci¨®n, pues algunas donaciones tienen como pretensi¨®n crear un estado favorable entre el partido y el donante sobre futuras acciones favorecedoras de adjudicaciones¡±.

Por ello, la acusaci¨®n popular pide reabrir la causa y procesar a los investigados por delitos de tr¨¢fico de influencias y fraude a las Administraciones P¨²blicas.