El nudo judicial que impide acabar con el ¡®proc¨¦s¡¯

Esta frase del nuevo auto del juez instructor Pablo Llarena puede tener unas severas consecuencias penales y pol¨ªticas que podr¨ªan alterar la estrategia del Gobierno en relaci¨®n con el conflicto pol¨ªtico catal¨¢n: ¡°Acordar por esta resoluci¨®n la busca y captura e ingreso en prisi¨®n, como presuntos autores de sendos delitos de desobediencia y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos del art¨ªculo 432 del C¨®digo Penal¡±. Al expresident Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Com¨ªn y Llu¨ªs Puig no se les acusar¨ªa por el tipo de des¨®rdenes p¨²blicos agravados, como era esperable tras la derogaci¨®n de la sedici¨®n, sino que podr¨ªan ser encarcelados por malversaci¨®n. La reacci¨®n del eurodiputado Puigdemont, voluntarista y noqueado, fue grabar un v¨ªdeo donde denunciaba tanto la justicia espa?ola como la estrategia pol¨ªtica de desjudicializaci¨®n impulsada por el Gobierno y Esquerra Republicana. El disgusto era evidente y es l¨®gico. Si su apuesta por politizar el conflicto en las instancias europeas fracasa, la nueva acusaci¨®n por malversaci¨®n, tal y como ha sido redactado ahora el delito, podr¨ªa acercar su extradici¨®n.

El giro que introduce el auto de Llarena puede interpretarse como la defensa numantina de la respuesta al proc¨¦s que construy¨® la c¨²pula del poder judicial. Porque fue esa c¨²pula, tras quedar desarbolado el poder ejecutivo, la que lider¨® esa respuesta e impl¨ªcitamente actu¨® como abanderada de la defensa de la naci¨®n amenazada.

La trama de relaciones que manten¨ªan los arquitectos de la respuesta penal al proc¨¦s nadie la ha contado mejor que la periodista Lola Garc¨ªa en el cap¨ªtulo de El muro protagonizado por Manuel Marchena. All¨ª se desvela, por ejemplo, que la influencia del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo fue determinante para que el Ministro de Justicia Rafael Catal¨¢ designase a su amigo Jos¨¦ Manuel Maza como Fiscal General del Estado. Y Maza, pocos d¨ªas antes de morir, fue quien present¨® la querella por rebeli¨®n, sedici¨®n y malversaci¨®n contra el Govern de la Generalitat y la Mesa del Parlament. No estar¨¢ de m¨¢s recordar c¨®mo se titul¨® el archivo donde se escribi¨® la nota de prensa para informar de la querella: M¨¢s dura ser¨¢ la ca¨ªda. Ni estar¨¢ de m¨¢s recordar tampoco que el descarte del delito de rebeli¨®n fue el argumento jur¨ªdico usado por la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein para negar la extradici¨®n de Puigdemont por ese delito cuando fue detenido en Alemania y que hab¨ªa solicitado Llarena. Un Llarena, por cierto, que recibi¨® una denuncia por haber dado un presunto trato de favor a la hija de Marchena para que accediera a una plaza de juez.

El cap¨ªtulo central de las trayectorias como juristas de Maza, Marchena y Llarena ha sido y seguramente ser¨¢ la construcci¨®n de la respuesta penal al proc¨¦s, jaleada desde las instancias medi¨¢ticas que exig¨ªan la respuesta m¨¢s severa contra los pol¨ªticos catalanes. Era el tiempo de los elogios al ¡°Llarena solitario¡±. Entre 2017 y 2019 esa ¨¦lite judicial jug¨® un papel esencial en la crisis catalana: uno redact¨® la querella, el otro fue el juez instructor y el otro el sentenciador. Para ellos, su implicaci¨®n en el caso ha tenido tanto consecuencias personales como profesionales.

No es extra?o, por tanto, que pretendan blindar la respuesta que construyeron y que se materializ¨® en la sentencia de octubre de 2019. Ya durante el juicio, explica Garc¨ªa en El muro, la posici¨®n de Marchena empez¨® a virar cuando empez¨® a plantearse la posibilidad de acometer un cambio en el C¨®digo Penal que modificase el delito de sedici¨®n. ¡°Despu¨¦s de la sentencia y de las reacciones que esta suscita, sus posiciones se van endureciendo¡±. Fue evidente ya en el informe del Tribunal Supremo sobre los indultos. Ante las medidas que el poder ejecutivo adoptaba para normalizar la situaci¨®n pol¨ªtica en Catalu?a, Marchena hac¨ªa una interpretaci¨®n a partir de la coyuntura pol¨ªtica: el Gobierno se autoindultaba porque Esquerra lo sosten¨ªa en el Congreso.

Ahora, tras la entrada en vigor del nuevo C¨®digo Penal, el Gobierno a¨²n ha arriesgado m¨¢s en su apuesta desjudicializadora: la derogaci¨®n de la sedici¨®n y el nuevo redactado del delito de malversaci¨®n act¨²an, de facto, como un desmontaje de la sentencia del proc¨¦s, ahora desde el poder legislativo. Para impedir que eso ocurra, para impedir que se deshaga el nudo judicial y con ello la culminaci¨®n de su carrera, Llarena ha partido de los puntos ciegos de la sentencia y se ha aprovechado del redactado de la nueva ley sobre la malversaci¨®n para redactar su auto. Podr¨ªa invalidar as¨ª la estrategia del Gobierno y desmontar la v¨ªa de Esquerra al condicionar la situaci¨®n procesal no solo de Puigdemont, sino tambi¨¦n de decenas de cargos que esperan ser juzgados por su participaci¨®n en el refer¨¦ndum del 1 de octubre. Porque, en ¨²ltimo t¨¦rmino, esa sigue siendo la pregunta pendiente: ?qu¨¦ demonios fue el 1 de octubre? Nadie sabe responder con precisi¨®n. Por ahora, Llarena ha pasado de considerarlo rebeli¨®n a tener que conformarse solo con desobediencia.