El auto de Llarena pone en riesgo el refugio belga de Puigdemont
Fuentes jur¨ªdicas se?alan que la resoluci¨®n facilita la entrega del expresidente catal¨¢n y aleja su retorno voluntario a Espa?a. El pol¨ªtico esperar¨¢ a dos pronunciamientos de tribunales de la UE para decidir su estrategia de defensa

El ¨²ltimo movimiento del juez Pablo Llarena, instructor de la causa del proc¨¦s, ha puesto en riesgo el refugio en B¨¦lgica del expresident Carles Puigdemont y ha alejado, a la vez, la posibilidad de que vuelva de forma voluntaria a Espa?a. La reforma legal del Gobierno ¨Dque ha derogado el delito de sedici¨®n y reformado el de la malversaci¨®n¨D hab¨ªa abierto una ventana de esperanza para el l¨ªder independentista. Su entorno pensaba en 2023 como el a?o de su regreso y hab¨ªa especulado, incluso, con la posibilidad de que la rebaja de penas prevista le permitiera sortear la prisi¨®n provisional. Ahora, ese escenario optimista se ha desvanecido. El auto del juez Llarena, que le retira el delito de sedici¨®n pero le atribuye uno de malversaci¨®n que implica severas penas de c¨¢rcel, incrementa las posibilidades de que Puigdemont sea entregado por las autoridades de cualquier pa¨ªs europeo al poner en riesgo su estatus en Waterloo, donde permanece huido desde 2017.
¡°Puigdemont lo tiene ahora peor que nunca. El delito m¨¢s pol¨ªtico [sedici¨®n], el que provocaba m¨¢s resistencias en la justicia europea, ha ca¨ªdo. Y ha cobrado protagonismo un delito econ¨®mico reconocido por todos los pa¨ªses, que supone una entrega casi inmediata¡±, opina uno de los abogados de los l¨ªderes del proc¨¦s condenados por el 1-O y ahora pendientes de la revisi¨®n de sentencia del Tribunal Supremo. Este jueves, d¨ªa en que entraba en vigor la reforma del C¨®digo Penal, Llarena ha dictado un auto en el que descarta procesar a Puigdemont por sedici¨®n y considera que el texto legal plantea un ¡°contexto cercano a la despenalizaci¨®n¡±. El juez no cree que el nuevo delito de des¨®rdenes p¨²blicos agravados se pueda aplicar a lo sucedido en el oto?o catal¨¢n de 2017: el refer¨¦ndum ilegal y la declaraci¨®n unilateral de independencia.
Llarena mantiene el procesamiento del expresident por dos delitos: desobediencia (que implica penas de inhabilitaci¨®n, pero no de prisi¨®n) y malversaci¨®n. La decisi¨®n facilita, seg¨²n las fuentes jur¨ªdicas consultadas, un cambio en la postura que hasta ahora ha mantenido la justicia belga para no entregar al pol¨ªtico catal¨¢n. En 2018, de hecho, los tribunales de Alemania ¨Ddonde Puigdemont fue detenido¨D ya se mostraron dispuestos a entregarlo por malversaci¨®n, aunque no por rebeli¨®n, lo que hizo que la justicia espa?ola lo rechazase por lo que eso implicaba en aquel momento.
El problema para el exdirigente ¨Dy tambi¨¦n para los otros dos procesados, los exconsejeros huidos a B¨¦lgica Toni Com¨ªn y Llu¨ªs Puig¨D es la malversaci¨®n escogida por el juez. No es uno de los tipos atenuados que recoge la reforma del Gobierno, sino la del art¨ªculo 432.2, que contempla el ¨¢nimo de lucro y prev¨¦ penas severas: de cuatro a ocho a?os de c¨¢rcel y entre 10 y 20 a?os de inhabilitaci¨®n para ejercer cargos p¨²blicos. En caso de volver a Espa?a, Puigdemont y sus compa?eros se arriesgan a que el juez acuerde su ingreso en prisi¨®n provisional, ya que se supera el umbral de los dos a?os que exige la ley para dictar esta medida cautelar.
No hace falta que haya ¡°enriquecimiento¡± personal, sostiene Llarena, para aplicar esta modalidad de la malversaci¨®n; basta con que se disponga de dinero p¨²blico ¡°como si fuera propio¡±. Las actuaciones ¡°no son subsumibles en los tipos penales atenuados que se introducen¡± en la reforma, insiste. Este planteamiento ha irritado a las defensas de los procesados, que consideran que el magistrado ha hecho una interpretaci¨®n ¡°retorcida¡± que va contra el esp¨ªritu y la letra de la reforma del Gobierno. ¡°Hubiera sido m¨¢s razonable encajar los hechos como des¨®rdenes p¨²blicos que no como una malversaci¨®n con ¨¢nimo de lucro que no aplica en este caso¡±, subraya otro de los letrados. La reforma de la malversaci¨®n distingue entre quienes desv¨ªan dinero p¨²blico para lucrarse personalmente y quienes lo hacen por otros motivos, como financiar una causa ideol¨®gica. Este ¨²ltimo caso, seg¨²n el Gobierno, es el que se corresponde con lo ocurrido en el proc¨¦s. Las penas var¨ªan, pero pueden llegar a ser de inhabilitaci¨®n (no c¨¢rcel) y multa.
En un mensaje en v¨ªdeo difundido la noche del jueves, Puigdemont arremeti¨® contra la decisi¨®n de Llarena y dio a entender que la v¨ªa para el regreso voluntario queda cerrada. ¡°No volver¨¦ ni esposado ni rendido ante un juez espa?ol para que sea indulgente. Luchar¨¦ para volver libre¡±, dijo Puigdemont, que subray¨® que dar¨¢ ¡°la batalla judicial europea hasta el final¡±. El expresidente catal¨¢n lament¨® el auto del juez Pablo Llarena, que aunque excluye la sedici¨®n, le mantiene procesado por un tipo de delito de malversaci¨®n que implica penas de hasta ocho a?os de c¨¢rcel. ¡°El Supremo ha dejado claro c¨®mo nos aplicar¨¢n la poco afortunada reforma de la malversaci¨®n. Y no es una interpretaci¨®n nada positiva¡±, dijo Puigdemont, que denunci¨® que ¡°en Espa?a se hace pol¨ªtica desde los tribunales¡±. El expresident aprovech¨® para arremeter contra la reforma legal del Gobierno que derog¨® la sedici¨®n, ya que no ha servido para ¡°revertir la tendencia¡± de un sistema judicial que, en su opini¨®n, no ofrece ¡°garant¨ªa de respeto a derechos fundamentales¡±.
Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, tambi¨¦n ha criticado la decisi¨®n de Llarena de no aplicar los cambios en el delito de malversaci¨®n que han entrado en vigor este jueves. En Bruselas, Boye ha calificado el auto de ¡°preocupante porque es una cr¨ªtica al poder legislativo, incluso con descalificaciones. Y la conclusi¨®n a la que llegamos es que hoy [por ayer] el juez Llarena, el Tribunal Supremo, ha derogado la reforma de malversaci¨®n por la forma en que han decidido aplicarla¡±, ha a?adido, informa Manuel V. G¨®mez. El abogado ha asegurado, no obstante, que la estrategia del expresident no cambiar¨¢ por ahora: ¡°Pasa por acreditar que estos hechos no solo no son delictivos, sino que se corresponden con una persecuci¨®n pol¨ªtica¡±.
¡°V¨ªa europea¡±
Boye tambi¨¦n apunta que la l¨ªnea de defensa seguir¨¢ centrada en lo que ha denominado ¡°la v¨ªa europea¡± al considerar que ¡°es ah¨ª donde se resolver¨¢ el tema de fondo¡±. Se refiere, en concreto, a sendos pronunciamientos que dos ¨®rganos judiciales europeos, el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europa (TJUE) y el Tribunal General de la Uni¨®n Europea (TGUE), har¨¢n en los pr¨®ximos meses. El primero ya tiene fecha: el pr¨®ximo 31 de julio. Ese d¨ªa, el TJUE debe pronunciarse sobre el largo pulso que la justicia espa?ola mantiene con B¨¦lgica por las ¨®rdenes europeas de detenci¨®n (ODE) dictadas contra Puigdemont y el resto de los exconsejeros independentistas catalanes huidos que Bruselas se neg¨® a cumplimentar.
Llarena plante¨® entonces una cuesti¨®n prejudicial al considerar que la interpretaci¨®n del derecho europeo que estaba aplicando la justicia belga discrepaba de la que recoge la decisi¨®n marco de la UE que regula las euro¨®rdenes de detenci¨®n y entrega. El pasado julio, el Abogado General de la UE dio la raz¨®n a Espa?a al concluir que Bruselas no puede cuestionar la competencia del Supremo espa?ol para emitir una euroorden ni puede denegar la entrega de los fugados del proc¨¦s. La opini¨®n del Abogado General no es vinculante, pero suele coincidir con las resoluciones que emite despu¨¦s el tribunal de la UE. Mientras se conoce el pronunciamiento, Llarena dej¨® sin efecto las euro¨®rdenes, aunque mantuvo vigentes las ¨®rdenes de b¨²squeda y captura nacionales.
El segundo pronunciamiento, el que debe hacer el TGUE, se espera para marzo, seg¨²n fuentes de la defensa de Puigdemont. En este caso, el tribunal europeo debe pronunciarse sobre la inmunidad del expresidente y otro de los huidos, Toni Com¨ªn, en su calidad de eurodiputados. En este caso, la defensa de los pol¨ªticos catalanes reclama que se anule la aprobaci¨®n del Parlamento Europeo de levantarles la inmunidad para atender al suplicatorio del juez Llarena para entregarlos al Estado espa?ol y juzgarlos por el proc¨¦s.
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