La circular de la Fiscal¨ªa para evitar pactos que libren de la c¨¢rcel a los violadores se retrasa
El ministerio p¨²blico asegura que sigue apostando por poner coto a los acuerdos de conformidad, pero alega que las reformas penales de la ley del ¡®solo s¨ª es s¨ª', la sedici¨®n y la malversaci¨®n han ralentizado el plan
El reciente pacto firmado entre la Fiscal¨ªa y los tres acusados de las violaciones continuadas que sufri¨® durante seis a?os una ni?a de Baleira (Lugo) ha vuelto a poner el foco en los acuerdos de conformidad entre acusaciones y defensas en casos de agresiones sexuales. Dos ejemplos conocidos el pasado verano hicieron saltar las alarmas en el propio ministerio p¨²blico y llevaron al fiscal general a ...
El reciente pacto firmado entre la Fiscal¨ªa y los tres acusados de las violaciones continuadas que sufri¨® durante seis a?os una ni?a de Baleira (Lugo) ha vuelto a poner el foco en los acuerdos de conformidad entre acusaciones y defensas en casos de agresiones sexuales. Dos ejemplos conocidos el pasado verano hicieron saltar las alarmas en el propio ministerio p¨²blico y llevaron al fiscal general a plantear la elaboraci¨®n de una circular para impedir que los violadores puedan esquivar la c¨¢rcel con pactos entre el agresor y la v¨ªctima, que en ocasiones se ve arrastrada a estos tratos para evitar tener que revivir durante el juicio los episodios de violencia sufridos en el pasado. M¨¢s de cuatro meses despu¨¦s, sin embargo, ese escrito todav¨ªa no se ha publicado. Fuentes de la Fiscal¨ªa aseguran que el plan sigue adelante, y alegan que se ha visto ralentizado por las reformas penales aprobadas en los ¨²ltimos meses por el Gobierno, como la ley del solo s¨ª es s¨ª o la derogaci¨®n de la sedici¨®n y los cambios en la malversaci¨®n, que han obligado a intervenir al ministerio p¨²blico para fijar posici¨®n, restando atenci¨®n y medios a otros asuntos.
La intenci¨®n es que los fiscales defiendan en estos casos que algunas v¨ªctimas de agresiones sexuales que se consideren especialmente vulnerables puedan quedar eximidas de declarar en el juicio y que al tribunal le sirva como base la declaraci¨®n que presten en la fase de instrucci¨®n, que ser¨ªa grabada para poder ser usada como prueba. La ley ya prev¨¦ esta opci¨®n, a trav¨¦s del Estatuto de la V¨ªctima, para menores y discapacitados, con el objetivo de ¡°evitar o limitar, en la medida de lo posible, que el desarrollo de la investigaci¨®n o la celebraci¨®n del juicio se conviertan en una nueva fuente de perjuicios para la v¨ªctima del delito¡±. La idea es que el ministerio p¨²blico defienda ahora su aplicaci¨®n tambi¨¦n a otras v¨ªctimas mayores de edad, y que eso suponga cerrar la v¨ªa en esos casos a los acuerdos de conformidad que rebajan sustancialmente la pena.
La Fiscal¨ªa pretend¨ªa tener lista la circular en diciembre pasado, pero sus responsables argumentan que en medio se han colado las reformas legales aprobadas en la recta final de a?o. Primero, la ley de libertad sexual, que deriv¨® en un goteo de rebajas de pena a agresores sexuales que oblig¨® al fiscal general, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, a redactar un decreto de unificaci¨®n de criterio para acabar con la disparidad de interpretaciones en las distintas fiscal¨ªas. Y, despu¨¦s, la eliminaci¨®n del delito de sedici¨®n y las modificaciones en el de malversaci¨®n, que ha abierto varios frentes de consecuencias todav¨ªa imprevisibles. El fiscal general prev¨¦ dictar en los pr¨®ximos d¨ªas un decreto de unificaci¨®n de criterio similar al que se hizo con la ley del solo s¨ª es s¨ª, en el que se explique qu¨¦ postura deben defender los fiscales antes las revisiones de sentencias con condenas de malversaci¨®n que se van a abrir en tribunales de toda Espa?a. Pero adem¨¢s, algunos casos especialmente relevantes se est¨¢n consensuando tambi¨¦n entre la Fiscal¨ªa General y los fiscales responsables de ese proceso, como ocurre con los relacionados con el proc¨¦s.
El ministerio p¨²blico, seg¨²n fuentes de este departamento, ha tenido que priorizar el estudio de los cambios legales y sus consecuencias, lo que ha implicado aparcar temporalmente la circular sobre los acusados de agresiones sexuales. Estas fuentes aseguran que los t¨¦cnicos siguen estudi¨¢ndola y la intenci¨®n es que est¨¦ cerrada cuanto antes. El alcance de la iniciativa tiene a¨²n que concretarse, lo que determinar¨¢ si afecta a la mayor¨ªa de los acuerdos de conformidad con agresiones sexuales o solo a algunos supuestos.
En los dos casos conocidos este verano, los agresores evitaron cumplir condena en prisi¨®n, pese a que se enfrentaban a peticiones de hasta 30 a?os de c¨¢rcel. En el primero, firmado en la Audiencia Provincial de Murcia en mayo del a?o pasado, un capataz que hab¨ªa agredido sexualmente a una jornalera tras amenazarla y golpearla acord¨® con la v¨ªctima cinco a?os de libertad vigilada y participar en un curso de educaci¨®n sexual. En el segundo, dos polic¨ªas de Estepona que hab¨ªan violado a una chica de 18 a?os a la que acababan de dar el alto en un control de carretera evitaron sentarse en el banquillo gracias a un acuerdo con la Fiscal¨ªa (que ped¨ªa para ellos 30 a?os de c¨¢rcel) y el abogado de la v¨ªctima (que ped¨ªa 33 a?os). Aceptaron una condena de dos a?os, pero previo acuerdo de que se pedir¨ªa la suspensi¨®n de la pena (una opci¨®n que la ley prev¨¦ en condenas de hasta dos a?os) y ninguna de las partes se opondr¨ªa. La Audiencia Provincial de M¨¢laga lo acept¨® y los agentes no entraron en prisi¨®n.
El caso conocido esta semana no es id¨¦ntico porque los condenados s¨ª que van a ser encarcelados, aunque para cumplir una condena de tres a?os en vez de una de 11, como ped¨ªa inicialmente el fiscal. El ministerio p¨²blico ha optado por aceptar el trato, entre otras razones, porque el proceso, que se abri¨® en 2016, hab¨ªa acumulado muchas demoras, lo que previsiblemente iba a repercutir en una rebaja de pena. Adem¨¢s, los condenados, que han reconocido los hechos ante el tribunal, han abonado ya a la v¨ªctima, que hoy es mayor de edad, 50.000 euros como indemnizaci¨®n. Fuentes fiscales se?alan que la futura circular previsiblemente obligar¨¢ a estudiar caso por caso, para ver si solo se evitan los acuerdos que libren de la prisi¨®n a los agresores condenados o tambi¨¦n se limitan el resto.