El recurso de los fiscales sobre Puigdemont marca el camino que seguir¨¢ el ministerio p¨²blico para Junqueras y otros acusados de malversaci¨®n

El recurso de la Fiscal¨ªa a la decisi¨®n del magistrado Pablo Llarena de no aplicar a Carles Puigdemont el nuevo delito de des¨®rdenes p¨²blicos agravados supone el primer pronunciamiento relevante del ministerio p¨²blico sobre la reforma penal impulsada por el Gobierno por la que se deroga la sedici¨®n y se rebajan las penas de algunos tipos de malversaci¨®n. La Fiscal¨ªa General del Estado est¨¢ preparando un decreto para unificar el criterio sobre c¨®mo deben interpretarse estos cambios legales, pero el escrito registrado este martes por los fiscales del proc¨¦s, cuyo contenido, seg¨²n fuentes del ministerio p¨²blico, ha sido consensuado con el fiscal general, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, deja varias pistas sobre c¨®mo va a actuar el ministerio p¨²blico ante los tribunales.

A la vista del texto presentado ante el Tribunal Supremo, la Fiscal¨ªa da una de cal y otra de arena a la intenci¨®n admitida por el Gobierno de Pedro S¨¢nchez de que la reforma de los dos delitos que se han atribuido a los l¨ªderes independentistas catalanes implique una rebaja de penas para todos ellos y contribuya a cerrar definitivamente el cap¨ªtulo judicial del proc¨¦s. El ministerio p¨²blico, seg¨²n se deduce del escrito, reprocha al Gobierno que haya eliminado el delito de sedici¨®n porque esa decisi¨®n deja desprotegido al Estado frente a ataques al orden constitucional, seg¨²n los fiscales. Pero el ministerio p¨²blico comparte con el Ejecutivo que los hechos que la sentencia del proc¨¦s calific¨® como sedici¨®n no han quedado despenalizados, en contra de lo que sostiene el magistrado Llarena, sino que encajan en el nuevo delito de des¨®rdenes p¨²blicos, penado con hasta cinco a?os de c¨¢rcel y ocho de inhabilitaci¨®n.

Distinta es la interpretaci¨®n sobre la malversaci¨®n, en la que, seg¨²n se deduce de la primera intervenci¨®n de la Fiscal¨ªa, el ministerio p¨²blico discrepa de la tesis del Gobierno y considera que la reforma de este delito no beneficia a los dirigentes independentistas. El nuevo C¨®digo Penal establece una distinci¨®n entre quienes desv¨ªan dinero p¨²blico para lucrarse personalmente y quienes no obtienen un lucro personal directo. El texto, pactado entre el Gobierno y ERC, se dise?¨® supuestamente para que el desv¨ªo de fondos p¨²blicos para organizar el refer¨¦ndum independentista del 1-O se considerara una malversaci¨®n atenuada, con penas muy inferiores a las previstas para el tipo agravado por el que se conden¨® a Junqueras y otros miembros del Govern. Pero Llarena, y tambi¨¦n la Fiscal¨ªa, rechazan esa interpretaci¨®n y apuestan por atribuir a los l¨ªderes del proc¨¦s la f¨®rmula m¨¢s grave de malversaci¨®n, que prev¨¦ hasta 12 a?os de c¨¢rcel y 30 de inhabilitaci¨®n.

El escrito registrado este martes por los fiscales se limita a no recurrir la tesis de Llarena sobre este delito, lo que implica avalarla. Fuentes del ministerio p¨²blico se?alan que los argumentos concretos aplicados al caso del proc¨¦s se explicar¨¢n en el escrito que presentar¨¢ este departamento en los pr¨®ximos d¨ªas en el Supremo, en respuesta a la petici¨®n de la Sala Penal para que las acusaciones se pronuncien sobre c¨®mo afectan los cambios legales a las condenas por sedici¨®n y malversaci¨®n dictadas contra el exvicepresidente catal¨¢n y otros ocho l¨ªderes independentistas. Adem¨¢s de en ese escrito, cuyas conclusiones se centrar¨¢n en el caso del proc¨¦s, la interpretaci¨®n del ministerio p¨²blico quedar¨¢ apuntalada en el decreto de unificaci¨®n de criterio que prepara la Fiscal¨ªa general, en el que se fijar¨¢ c¨®mo debe interpretarse la reforma de la malversaci¨®n para todos los casos de corrupci¨®n.

Esas claves ser¨¢n en las que se basen los escritos que deben presentar los fiscales de tribunales de todo el pa¨ªs antes las posibles revisiones de condenas o acusaciones que planteen los jueces. Los primeros casos los ha puesto ya sobre la mesa el juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n, instructor en la Audiencia Nacional de algunos de los principales casos de corrupci¨®n, que la semana pasada sugiri¨® la posibilidad de archivar hasta cinco procedimientos penales abiertos por prevaricaci¨®n contra dirigentes del PP. El magistrado ha pedido su opini¨®n a la Fiscal¨ªa, que todav¨ªa no se ha pronunciado. A la espera de esos escritos y del criterio unificado que acuerde el fiscal general, el respaldo del ministerio p¨²blico a la tesis de Llarena ya apunta a que este departamento no comparte que solo haya apropiaci¨®n indebida (el tipo m¨¢s grave de malversaci¨®n) cuando exista un lucro personal, como pretend¨ªa el Gobierno con su reforma.

¡°El ¨¢nimo de lucro resulta igualmente apreciable cuando se despoja a la Administraci¨®n de unos fondos p¨²blicos para atender obligaciones de pago que corresponden al sujeto activo del delito y que est¨¢n plenamente desvinculadas del funcionamiento leg¨ªtimo de la Administraci¨®n, como cuando se atribuye a la Administraci¨®n una obligaci¨®n de naturaleza particular y totalmente ajena a los intereses p¨²blicos que se gestionan. En ambos supuestos se dispone de los bienes p¨²blicos como propios y se apartan de su destino para la obtenci¨®n de un beneficio particular¡±, se?al¨® Llarena en el auto dictado la semana pasada por el que mantiene la acusaci¨®n de malversaci¨®n contra Puigdemont.

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Puigdemont: "Luchar¨¦ por volver libre"

En cualquier caso, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n s¨ª que ha alertado en las ¨²ltimas semanas de que la reforma penal pod¨ªa implicar un goteo de rebajas de penas a corruptos, por lo que es previsible que, entre los criterios que fije el ministerio p¨²blico, se contemple avalar la reducci¨®n del castigo en algunos supuestos en aplicaci¨®n de la nueva ley. El Ejecutivo, sin embargo, asegura que su reforma no va a implicar bajadas de penas a corruptos aunque s¨ª preve¨ªa que se bajaran a los l¨ªderes secesionistas.