La Audiencia de M¨¢laga anula las escuchas que dieron origen hace 15 a?os al caso Astapa

La sombra del comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo sigue rondando el juicio del llamado caso Astapa, que se centra en la supuesta financiaci¨®n irregular que rode¨® al Ayuntamiento de Estepona (M¨¢laga, 74.493 habitantes) entre los a?os 2003 y 2008. La Audiencia Provincial de M¨¢laga ha anulado las escuchas que dieron origen a la investigaci¨®n policial porque cree que no deb¨ªan haber sido autorizadas por la jueza. instructora. La magistrada cree que la orden no estaba suficientemente justificada y tampoco era ¡°necesaria¡± ni ¡°id¨®nea¡±, seg¨²n el auto al que ha tenido acceso este peri¨®dico. La decisi¨®n va en la l¨ªnea de lo que las defensas de los 51 acusados hab¨ªan solicitado durante las largas jornadas de cuestiones previas, donde siempre han defendido que dichas escuchas fueron impulsadas por Villarejo para su propio beneficio. El tribunal, adem¨¢s, ha rechazado la apertura de un nuevo bloque centrado en las pruebas, propuesta realizada por el fiscal que abr¨ªa la puerta a citar e investigar a Villarejo.

El juicio arranc¨® el pasado 9 de enero en la Ciudad de la Justicia de M¨¢laga y es la ¨²ltima gran causa centrada en la corrupci¨®n urban¨ªstica en la Costa del Sol. El objetivo del tribunal es aclarar la responsabilidad de una supuesta trama que buscaba infravalorar convenios urban¨ªsticos en Estepona para financiar tanto al municipio como a diferentes partidos pol¨ªticos, adem¨¢s del enriquecimiento de los miembros de la organizaci¨®n. Antonio Barrientos (PSOE), alcalde en aquellos a?os, es el principal acusado: la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide para ¨¦l una pena de diez a?os y nueve meses de prisi¨®n.

El auto dictado por la Audiencia Provincial este jueves 23 de febrero da un duro golpe a la investigaci¨®n, aunque el juicio se retomar¨¢ el pr¨®ximo 7 de marzo y celebrar¨¢ sesiones cada lunes, martes y mi¨¦rcoles durante varios meses. La resoluci¨®n ha declarado nulas las escuchas autorizadas en virtud de un auto del 29 de marzo de 2007 y tambi¨¦n todos las pr¨®rrogas posteriores. En el documento, de 206 p¨¢ginas, los magistrados subrayan que la denuncia que puso en marcha la maquinaria de investigaci¨®n ¡ªrealizada por David Valadez, entonces concejal y m¨¢s tarde alcalde de Estepona, ante la UDEF en Madrid¡ª no ten¨ªa los indicios suficientes para poner en marcha la medida y, por tanto, es una medida injustificada.

¡°La interceptaci¨®n de conversaciones telef¨®nicas nos parece, efectivamente, proporcionada a la gravedad de los hechos denunciados¡±, indica el auto, que a?ade: ¡°Lo que no podemos compartir es que se tratara de una medida suficientemente justificada¡±. El documento contin¨²a explicando que no hab¨ªa datos suficientes como para que fuese ¡°necesaria¡± ni ¡°id¨®nea¡±.

Los magistrados tambi¨¦n dan respuesta a la petici¨®n que el fiscal Valent¨ªn Bueno realiz¨® durante el primer d¨ªa de planteamiento de cuestiones previas. Si el volumen del caso ¡ª128 tomos principales con 351.114 folios y 646 piezas documentales¡ª hab¨ªa obligado a dividir el juicio en diez bloques tem¨¢ticos, el representante del Ministerio Fiscal solicit¨® entonces la apertura de uno m¨¢s, el und¨¦cimo, centrado en el origen de la investigaci¨®n. La petici¨®n ha sido rechazada, aunque el tribunal deja abierta la posibilidad a las partes ¡°de hacer las alegaciones oportunas sobre la valoraci¨®n de las pruebas en el tr¨¢mite del informe final¡±.

Este bloque serv¨ªa de puerta de acceso para analizar el papel de Villarejo en la trama, como han reivindicado en multitud de ocasiones las defensas de los acusados. Mar¨ªa Guti¨¦rrez, abogada del principal acusado, el exalcalde Antonio Barrientos, acus¨® al comisario jubilado de estar detr¨¢s del inicio del caso y que con ello ¡°consigui¨® aquello que pretend¨ªa: tener una clara influencia sobre el urbanismo de Estepona y llevar a cabo una manipulaci¨®n de la instrucci¨®n¡±.

El tribunal tambi¨¦n ha declarado nulas las detenciones de tres acusados ¡ªentre ellos el jefe del gabinete de Alcald¨ªa durante los a?os investigados¡ª y las resoluciones por las que se alarg¨® ese arresto y el del entonces alcalde, Antonio Barrientos, que lleg¨® a pasar seis meses en prisi¨®n. El juicio se retomar¨¢ el pr¨®ximo 7 de marzo y contar¨¢ con cerca de 300 testigos y medio centenar de peritos cuyos testimonios servir¨¢n al tribunal para dictar sentencia de un caso que estuvo durante a?os en punto muerto debido a la cr¨®nica escasez de recursos.