El exesp¨ªa Perote pide ser rehabilitado con todos los honores
El agente secreto que provoc¨® en 1995 la mayor crisis del Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez esgrime una sentencia del tribunal de Estrasburgo
Juan Alberto Perote, el exesp¨ªa que con sus revelaciones provoc¨® en 1995 la dimisi¨®n del entonces vicepresidente del Gobierno, Narc¨ªs Serra, del ministro de Defensa, Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas, y del director del servicio secreto, Emilio Alonso Manglano, quiere ser rehabilitado con todos los honores. El ex n¨²mero dos del Centro Superior de Informaci¨®n para la Defensa (Cesid), antecesor del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha presentado un escrito ante el Tribunal Militar Central en el que reclama que se le restituya ¡°en su condici¨®n de militar de carrera [era coronel del Ej¨¦rcito de Tierra] con todos los pronunciamientos administrativos y econ¨®micos a?adidos y reponiendo al mismo en todas las condecoraciones y titulaciones que le hubieran correspondido¡± de no haber sido expulsado de las Fuerzas Armadas.
El excoronel Perote fue condenado en 1997 por el Tribunal Militar Central a una pena de siete a?os de prisi¨®n, con la accesoria de p¨¦rdida de la condici¨®n de militar, por un delito de revelaci¨®n de secretos o informaciones relativas a la seguridad nacional. Quien fuera mano derecha de Emilio Alonso Manglano ¡ªel teniente coronel que asumi¨® la direcci¨®n del Cesid tras la intentona golpista del 23-F y se mantuvo al frente del espionaje espa?ol durante 14 a?os¡ª se hab¨ªa llevado del centro en 1991 (tras ser destituido) documentos clasificados sobre la guerra sucia contra ETA o la existencia de escuchas ilegales, documentos que acabaron publicados en el diario El Mundo en 1995 y provocaron la mayor crisis de los gobiernos socialistas de Felipe Gonz¨¢lez.
Tras agotar sin ¨¦xito todas las instancias para recurrir en Espa?a, Perote recurri¨® al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en julio de 2002, dict¨® una sentencia en la que conclu¨ªa que se hab¨ªan vulnerado los derechos fundamentales del exagente secreto, ya que exist¨ªan ¡°serias dudas¡± sobre la imparcialidad de dos de los jueces militares que le condenaron; pues tanto el presidente de la Sala como el ponente hab¨ªan intervenido en la resoluci¨®n de recursos durante la fase de instrucci¨®n del caso.
En cambio, el tribunal de Estrasburgo rechaz¨® conceder a Perote la indemnizaci¨®n que ped¨ªa (79.843,53 euros por da?os materiales y hasta 714.309,36 por da?os morales), alegando que ¡°el reconocimiento de una infracci¨®n [por parte del tribunal militar que le juzg¨®] constituye en s¨ª mismo una satisfacci¨®n suficiente por los da?os morales sufridos¡±; y solo orden¨® al Estado espa?ol que le abonase 10.500 euros por gastos y costas. Con el aval de Estrasburgo en la mano, Perote pidi¨® que se anulara la sentencia que lo hab¨ªa condenado, pero tanto el Supremo como el Constitucional rechazaron su pretensi¨®n.
El Gobierno aleg¨® entonces que el caso estaba cerrado y no se pod¨ªa reabrir, que el excoronel estaba en libertad condicional desde 1999 y que se hab¨ªan aprobado reformas en la jurisdicci¨®n militar para que los miembros del tribunal no intervinieran en la instrucci¨®n de los casos que luego juzgan. El Comit¨¦ de Ministros del Consejo de Europa se dio por satisfecho con los argumentos del Ejecutivo espa?ol.
Pese a ello, el abogado de Perote, Antonio Su¨¢rez-Vald¨¦s, considera que la sentencia del tribunal de derechos humanos nunca ¡°ha sido plena y debidamente ejecutada¡±, ya que, aunque se adoptaron reformas legales, la ¨²nica medida que afect¨® personalmente a su cliente fue el cobro de los 10.500 euros. Y a?ade que, en contra de lo que asegur¨® el representante espa?ol en Estrasburgo, no era cierto que el antiguo esp¨ªa no hubiera pedido la reapertura de su caso, pues plante¨® un incidente de nulidad que fue desestimado por el Supremo.
Aunque han pasado m¨¢s de 20 a?os desde la sentencia de Estrasburgo, el abogado de Perote subraya que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no establece ning¨²n plazo de caducidad o prescripci¨®n, por lo que reclama que se anule la sentencia que conden¨® al excoronel y se le reintegre a las Fuerzas Armadas. Con 85 a?os, Perote ya est¨¢ retirado y cobra una pensi¨®n que nunca perdi¨® pese a su expulsi¨®n del Ej¨¦rcito.
En el caso de que prosperase su demanda, m¨¢s all¨¢ de los efectos econ¨®micos (que el escrito no eval¨²a), lo importante es la rehabilitaci¨®n moral de quien en su momento fue tachado de traidor por muchos de sus compa?eros. En 2005, cuando rechaz¨® su recurso de amparo, el Constitucional adujo que la sentencia del tribunal de Estrasburgo se limitaba a constatar una ¡°falta de imparcialidad objetiva¡± de los jueces que le juzgaron, sin entrar al fondo del asunto: si Perote sustrajo o no los llamados papeles de la guerra sucia con los que el exbanquero Mario Conde intent¨® chantajear al Gobierno socialista.
Esta condena no fue la ¨²nica que recibi¨® Perote. En 2006, el Tribunal Supremo ratific¨® la sentencia de la Audiencia Nacional que le hab¨ªa condenado a cuatro meses de prisi¨®n y seis de inhabilitaci¨®n absoluta por escuchas ilegales. El exjefe de la Agrupaci¨®n Operativa de Misiones Especiales (AOME) del Cesid reconoci¨® que el Gabinete de Escuchas, que depend¨ªa de ¨¦l, interceptaba y grababa sin autorizaci¨®n judicial conversaciones por tel¨¦fono m¨®vil de periodistas, pol¨ªticos, empresarios e incluso del Rey. Aunque el llamado esc¨¢ndalo de las escuchas del Cesid fue utilizado por la oposici¨®n para intentar derribar a Felipe Gonz¨¢lez, al final el propio Perote fue el ¨²nico condenado en un juicio que el Constitucional orden¨® repetir. Seg¨²n Manglano, se trataba de escuchas aleatorias, en el marco de la exploraci¨®n del espacio radioel¨¦ctrico, que el excoronel estaba obligado a destruir y decidi¨® guardar.
La munici¨®n del exbanquero Mario Conde para chantajear al Gobierno
Los documentos secretos que el ex número dos del Cesid Juan Alberto Perote se llevó del servicio español de espionaje cuando fue destituido como jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME), en 1991, sirvieron de munición al exbanquero Mario Conde para chantajear al Estado. Conde utilizó esos papeles -que evidenciaban la existencia de escuchas ilegales y la gestación de los GAL, las siglas que amparaban el terrorismo de Estado contra ETA- para reclamar una indemnización de 84 millones de euros por la intervención de Banesto, el banco del que era presidente y cuya quiebra amenazaba a todo el sistema bancario; y para intentar neutralizar los procesos judiciales que culminarían con su condena a 20 años de cárcel por estafa y apropiación indebida.
Que Perote sustrajo 1.200 microfichas con las notas de sus reuniones con el director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, entre 1982 y 1989, lo admitió él mismo, que dijo que se las había llevado “inadvertidamente” y las devolvió después de que su sucesor se las reclamara durante meses. Que sacó copias de los documentos secretos quedó en evidencia cuando, en febrero de 1996, el juez Baltasar Garzón las incautó en un registro de la celda que el ex número dos del Cesid ocupaba en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid). Entre los documentos que Perote sustrajo del Cesid figuraban la llamada acta fundacional de los GAL, un escrito de septiembre de 1982 que alertaba de la comisión de atentados contra refugiados de ETA en el sur de Francia; y la nota de despacho con la anotación manuscrita “Pte. para el viernes”, que se presentó como prueba de que el jefe del Cesid había informado al presidente Felipe González del inicio de la guerra sucia y, en realidad, solo indicaba que el asunto quedaba pendiente para la siguiente reunión.
Los papeles de Perote fueron esgrimidos por Jesús Santaella -que era a la vez abogado del exespía y del exbanquero, y a quien recibió el propio Felipe González- para intentar arrancar concesiones al Gobierno en beneficio del segundo. Lo publicó EL PAÍS, en septiembre de 1995, y lo ratifican los cuadernos de notas y agendas de Manglano, en las que se basa el libro El jefe de los espías, de los periodistas Juan Fernández-Miranda y Javier Chicote. “Mario Conde, manejando documentación del Cesid suministrada por Perote, ha protagonizado una permanente presión o intento de chantaje, con el fin de resolver o condicionar su situación procesal”, escribió el exdirector del servicio secreto en julio de 1996. Las amenazas de Conde y de Javier de la Rosa, otro empresario con problemas con la justicia, no solo se dirigían contra el Gobierno socialista, sino también contra el rey Juan Carlos I, a propósito de sus negocios privados y amantes.
El chantaje no dio resultado, ya que el exespía y el exbanquero fueron condenados, pero la operación abrió el camino para la victoria de José María Aznar en las elecciones de marzo de 1996. Nunca se aclaró si Conde pagó a Perote por los papeles secretos que se llevó del Cesid.
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